Diversos sectores políticos y sociales -unos más dialoguistas, otros más combativos- convergerán hoy frente al Congreso , unidos contra las políticas socioeconómicas del gobierno de Mauricio Macri, aunque sin poder disimular sus contradicciones internas.
La bandera que une a estos grupos opositores es el proyecto de ley de
emergencia social. Pero mientras los líderes de la CGT abogan por una fuerte
baja del impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de
dependencia, ellos mismos y el resto de quienes se movilizarán demandan una
millonaria inyección de recursos del Estado para ampliar los planes sociales. El
proyecto apunta a instruir al Ministerio de Desarrollo Social para crear un
millón de "puestos de trabajo" dentro del Programa Solidario de Ingreso Social
con Trabajo. En otras palabras, se le pide al Estado que gaste mucho más y que,
al mismo tiempo, recaude menos.
Podrá suponerse que en el futuro una menor presión impositiva sobre los sueldos
de los trabajadores provocaría más consumo y, consecuentemente, más ingresos por
una mayor recaudación del IVA. Más discutible es la propuesta que lanzó el
kirchnerista Juan Manuel Abal Medina de gravar las salas de juego y la renta
financiera. Más allá de la duda acerca de por qué no lo propuso durante la era
cristinista, parece difícil que gravar el juego alcance para fondear la
expansión de los planes sociales, al tiempo que cabe preguntarse si un impuesto
sobre los depósitos bancarios no terminará desalentando más la inversión,
aumentando la inseguridad jurídica y encareciendo el crédito. Lo que resulta
indudable es que un programa semejante difícilmente pueda ser encarado sin un
análisis exhaustivo y bajo presiones callejeras.
La opinión de Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) es útil al respecto. Dijo a LA NACION que el proyecto de emergencia social aprobado por el Senado refleja la tónica de las políticas de la década pasada y disfraza el asistencialismo con la palabra trabajo.
"Generar más gasto público asistencialista es perjudicial. Hay que reformar el sistema impositivo para que invertir y crear empleos productivos vuelva a ser posible, y que la gente pueda progresar sobre la base de su esfuerzo individual y no de la dádiva asistencial", señaló.
