Las organizaciones sociales reunidas en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), las dos centrales de trabajadores argentinos (CTA) y la CGT marcharán mañana hacia el Congreso para exigir a los diputados la sanción de una ley de emergencia social que anoche tuvo media sanción en el Senado. La movilización es otro indicio de una paradoja llamativa: hubo que esperar a que el kirchnerismo saliera del poder para que se abra un debate sobre los inquietantes niveles de pobreza que existen en el país. Un progreso saludable. Un año atrás el ministro de Economía de Cristina Kirchner, Axel Kicillof, se negaba a consignar el número de pobres porque sería estigmatizante.

La bandera de la manifestación es un proyecto de Juan Manuel Abal Medina, senador del Frente para la Victoria integrado al Movimiento Evita, y de su colega Jaime Linares, representante del GEN, de Margarita Stolbizer. En su artículo 2°, la iniciativa instruye al Ministerio de Desarrollo Social "crear un millón de puestos de trabajo" (sic) en el marco del programa Ingreso Social con Trabajo. Ese programa incluye los planes Argentina Trabaja y Ellas Hacen, por los cuales se asignan tareas, en general vinculadas a la obra pública, a cooperativas de desocupados o subocupados.

Ese programa cubre hoy a más de 200.000 personas. Cada prestación equivale a la mitad de un salario mínimo, es decir, $ 3900, por cinco jornadas semanales de 4 horas, si se toman los valores de enero próximo. Los que promueven el nuevo régimen piensan equiparar el monto con el del salario mínimo. Quiere decir que la propuesta de Abal y Linares quintuplicaría el número de beneficiarios y duplicaría su costo. Puesto en números: los $ 12.000 millones asignados en el presupuesto 2017 para esa asistencia pasarían a ser 133.000 millones. Por lo tanto, la marcha de pasado mañana estaría reclamando a los diputados del oficialismo, es decir, a Macri, que agregue más de un punto del PBI al déficit fiscal. Bastante más de lo que ya agregó con la reparación jubilatoria.

No está claro cómo se crearían las cooperativas para emplear al millón de nuevos trabajadores. La financiación también queda en una nebulosa. Los senadores sugieren, en voz baja, la creación de nuevos impuestos. Uno a las salas de juego, del 20% de su rentabilidad bruta. Otro a los depósitos bancarios, del 1%. Y también contempla gravar con ganancias los dividendos. Nadie se anima todavía a mencionar la minería: con los gobernadores peronistas no se juega. Es difícil imaginar que con estos tributos se pueda cubrir un gasto que superaría en mucho los $ 100.000 millones. Sobre todo si se tiene en cuenta que la medida incrementaría por un año en 15% la Asignación Universal por Hijo y la asignación por embarazo, y en 50% la asignación alimentaria. El equivalente a más de $ 6600 millones.

Aquí aparece la primera curiosidad de este proyecto: es rarísimo que el FPV no lo haya impulsado mientras estaba en el poder. "¿Cómo no se nos ocurrió?", debe estar diciendo Aníbal Fernández. Es verdad que habrían tenido una inhibición: ¿quién se hubiera atrevido a hablar de impuestos con el evasor Cristóbal López? Ahora que el cetro oficial pasó a Daniel Angelici, sobran los valientes. Aun así, si este salariazo se hubiera aplicado el año pasado, ¿Daniel Scioli no sería presidente? ¿Habrá que pensar, entonces, en un caso inesperado de altruismo? Porque si Macri estuviera en condiciones de distribuir ese dinero, tendría un éxito político envidiable. Los autores tienen otro objetivo: que Macri se desgaste impidiendo la sanción de la ley. Y si no lo consigue, vetándola.

El programa oficial es diferente. Como mañana vence el plazo para aprobar dictámenes en comisión, la oposición debería lograr dos tercios para tratar el proyecto sobre tablas. Muy difícil, a pesar de que tiene un amplísimo consenso. Lo más probable es que pase al año próximo. Salvo que quienes defienden la iniciativa amenacen al Gobierno con no aprobar ninguna ley en extraordinarias si la emergencia social no forma parte de la agenda.

La ley cobija otros propósitos. Crea un consejo de la economía popular, integrado por funcionarios de Acción Social, Trabajo y dirigentes sociales, que convierte toda la política asistencial en objeto de una paritaria. En consecuencia, las prestaciones ya no tendrían una actualización automática. En otras palabras: la ley de Abal Medina y Linares transforma a los dirigentes de los movimientos sociales en sindicalistas. Este sueño de ser "Gordo", que anida desde hace años en la fantasía de Pérsico o de Navarro, incluye la administración de una nueva obra social de subocupados. Navarro ya hizo los palotes: su esposa, la doctora Nancy Gaute, dirige el hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, desde la gestión de Daniel Scioli, y su hijo, Juan Francisco, es secretario de Salud del municipio.

Conclusión: la ley crea nuevos gastos y determina qué líderes del sector privado los coadministrarán. Con la peculiaridad de que esos dirigentes militan en partidos de oposición. Esta pretensión abre un debate interesante. ¿A cuántas personas representan los líderes de movimientos sociales? Imposible saberlo. Sólo existe un registro de organizaciones creado por el Ministerio de Trabajo. Fue durante la gestión de Jorge Triaca, porque Cristina Kirchner lo prohibía. Esa incógnita lleva a otra: ¿cuántas prestaciones sociales se entregan a través de esas entidades? Sólo hay aproximaciones: ¿40.000 planes? Sería el 20% de lo que se distribuye. El resto pasa por las municipalidades, que no están representadas en el nuevo "consejo". Otra duda: ¿cómo se auditan esas prestaciones? ¿Hay registros de asistencia de los empleados por las cooperativas? ¿Es cierto que algunos punteros cobran para no consignar el ausentismo? ¿Con qué criterio se compran los materiales para los trabajos? Las respuestas deberían ser obligatorias con un tercio de los argentinos sumergido en la pobreza.

En la marcha de mañana coincidirán los movimientos sociales con la dirigencia tradicional del sindicalismo. Entre esos sectores existen contradicciones evidentes. Los empleados públicos compiten con los movimientos sociales por la caja del Estado. Una de las razones por las cuales es difícil mejorar el asistencialismo es que el gasto de la Nación, las provincias y los municipios ya alcanzó el 47% del PBI. Pero los trabajadores privados piden pagar menos impuestos, lo que resta fondos para solventar a los demás. En una interesantísima entrevista con la revista Crisis, realizada por Mario Santucho y Paula Abal Medina, la hermana del senador, Pérsico se hace cargo de la contradicción. Sostiene que el drama del oficialismo es que debe convivir con salarios formales muy elevados, "y nosotros no le permitimos bajar el gasto". Navarro se sincera un poco más: "Quiero que a la Argentina le vaya bien, lo que implica que al Gobierno le vaya mal".

Para disimular esta disparidad, los distintos sectores buscan un refugio inobjetable: la inmaculada sotana de Francisco. Juan Grabois, de la CTEP, y el padre Carlos Accaputo, de la Pastoral Social porteña, recorrieron sindicatos y organizaciones de subocupados invocando el auspicio de Jorge Bergoglio. Es otra de las innovaciones que aparecieron con la salida del kirchnerismo: el mensaje igualitario de la Iglesia encarna ahora en una propuesta económico-social específica, ligada a banderas partidarias. Es un descenso audaz. No sólo porque las ideas económicas del Papa son las menos infalibles. Nada que asombre: la Cultura del Encuentro ignora la restricción presupuestaria.