El retraso en su presentación se deben a que desde Casa Rosada esperaban avanzar en las negociaciones para que el texto no tuviera mayores obstáculos. Se trata de una iniciativa que renueva una ley clave para el sector y que cosecha reclamos de todo el espectro agroindustrial.
El marco normativo vigente de las creaciones fitogenéticas tiene más de 40 años (es de 1973) y data de una época en la que los granos modificados genéticamente no cambiaban la dinámica interna del campo. Ahora, el panorama es otro. Y por ello todos los actores confluyen en la necesidad de reescribir, aunque los intereses llevan a distintas redacciones.
La renovación de la ley es el punto de partida para amoldar la exportación estrella argentina a la coyuntura actual. Con un escenario sin regulación formal, los obtentores, productores, el Estado y los agricultores familiares, entre otros, están expuestos a la relación de fuerzas que prima en el mercado.
El punto fuerte del articulado versa respecto a la propiedad de la semilla. En caso de prosperar la idea original, el expediente establece que el titular del derecho de una variedad protegida podrá requerir al agricultor (hasta la tercera multiplicación) el pago correspondiente.
Al conocerse el eventual ingreso, el Congreso movió sus fichas para agilizar su tratamiento y hacerle lugar, sin embargo la demora fue acotando el margen de maniobra. El expediente debe ser abordado por las comisiones de Agricultura, Legislación General y Presupuesto. Salvo Agricultura, los otros cuerpos no le asignan una prioridad especial.
Las comisiones tienen tiempo para firmar el dictamen de mayoría hasta el 23 de noviembre, es decir menos de 6 semanas, si quieren discutirlo en el recinto en 2016. La discusión por colocar este tema obedecerá al poder de negociación que tengan los distintos bloques del Congreso, se prevé que inicien el estudio en las próximas reuniones pero que el abordaje a toda marcha empiece después de marzo.
Fuente: Fundación Directorio Legislativo.
