El Ministerio de Agroindustria buscará renovar con la cadena de comercialización de granos el acuerdo que permitió cerrar la disputa con Monsanto, por los controles que la multinacional hacía en los puertos para cobrar por su tecnología Intacta, aplicada en semillas de soja.

En junio pasado, luego de meses de cruces con la multinacional estadounidense por los análisis que hacía en los puertos, el Gobierno logró un entendimiento tras negociar con exportadores, acopiadores y empresas semilleras, incluida la firma estadounidense. Por ese acuerdo, el Instituto Nacional de Semillas (Inase), organismo a cargo de la fiscalización del sector, pasó a tener el control en los análisis sobre la soja que antes hacía Monsanto. Para eso hizo un convenio con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para sostener un sistema que permite gestionar esa información y si la soja comercializada por el productor tiene o no la tecnología de la empresa. Además, el mismo Inase empezó a ir detrás del productor que eventualmente hubiera utilizado semilla sin un origen legal. A cambio, Monsanto bajó una cláusula que los exportadores ponían en los contratos de compraventa de granos y que obligaba a los productores a someterse al test de la firma.

Ese convenio, que permitió cerrar por este año la pelea con la compañía, vence el 28 de febrero próximo. Sin embargo, Agroindustria ya está pensando en prorrogar el acuerdo. Sucede que la resolución 207 del Inase, que dio luz verde al control de este organismo, sólo hablaba en su aplicación para la campaña 2015/2016, que ya finalizó.

La nueva campaña, 2016/2017, ya está lanzada y, según fuentes del sector comercial, los exportadores están incorporando la cláusula Monsanto en contratos de la nueva campaña.

El Gobierno viene de presentar un proyecto de ley de semillas en el Congreso, cuyo objetivo es, entre otros, que el productor que se guarde parte de su cosecha para volver a sembrar pague un canon (salvo los exceptuados). Pero como prevé que la norma, de ser aprobada, lleve un tiempo de implementación va a tratar de prorrogar el entendimiento con la cadena comercial.

"Vamos a tener que seguir teniéndolo, pero con un horizonte más claro", señaló Guillermo Bernaudo, jefe de Gabinete de Agroindustria, respecto del acuerdo que cerró la pelea con la empresa, al menos en esta parte del año.

En la industria semillera, una fuente de esta actividad consideró "lógico" que se busque renovar el acuerdo mientras se espera la aprobación de la nueva ley de semillas. Otra fuente del sector señaló que ya hubo contactos con el Gobierno para explorar esa posibilidad. "La idea es tener esto al menos una campaña más", señaló la fuente consultada.

En la industria semillera creen que los controles que viene haciendo el Gobierno llevarán a los productores a utilizar más semilla fiscalizada. La campaña pasada, el 15% del total sembrado (más de 3 millones de hectáreas) fue con semilla fiscalizada, comprada a las empresas. El resto se repartió entre el uso propio, permitido en la ley actual, y la semilla ilegal, conocida como "bolsa blanca" por no tener ningún rótulo.

Para este año, en más de un millón de hectáreas productores que no justificaron el origen legal de su semilla deberán comprarla, con lo cual en la industria semillera prevén que al menos el mercado fiscalizado trepe hasta un 25%. El mismo jefe de Gabinete de Agroindustria dijo que la iniciativa oficial quiere dotar de mayor formalidad al mercado. "Esto es para solucionar algo que era vergonzoso", indicó.