Todo parece indicar que la llamada ley de defensa de la competencia va tomando fueza y se convertirá en ley. Uno de sus objetivos es la promoción y el fomento de la competencia, lo cual realmente resulta bastante insólito porque es justamente el estado el que hoy en día limita, frena, reduce y desalienta la competencia.
Por empezar, cuando se habla de competencia la lógica más elemental indica que el estado no debe establecer barreras a la entrada de nuevos competidores ni obstaculizar con su política económica la posibilidad de competir con productos importados a los productores locales. Los políticos creen que la competencia es cuestión de la burocracia y para eso prevén crear una serie de organismos burocráticos que lo único que conseguirán es incrementar el gasto público, por lógica consecuencia la carga tributaria y como corolario de la mayor carga tributaria reducirá la capacidad de competir de las empresas. Todo al revés de lo buscado.
Realmente no hay nada más absurdo que escuchar a la corporación política hablar de defensa de la competencia cuando ellos impulsan y votan restringir la competencia en el mercado electoral estableciendo restricciones cada vez mayores para que nuevos competidores puedan ingresar a la competencia electoral. La corporación política viene levantando cada vez más restricciones al ingreso de nuevos candidatos. Es más, en este mismo momento la corporación política está impulsando una ley de igualdad de género por el cual no por capacidad e idoneidad sino porque la ley así lo manda, el 50% de los puestos en las listas de candidatos tienen que ser ocupados por mujeres. Habrá que ver si es una ley de igualdad de género o ley del puesto para mi amante.
Pero volviendo al tema de la competencia de las empresas, aquí los pasos serían los siguientes. En primer lugar Argentina debería incorporarse el mundo estableciendo un arancel único para todos los productos. Es decir, la tasa del impuesto de importación sería la misma se importe una nave espacial o una camisa. Arancel único. Podría empezarse con un arancel del 12% e ir reduciendo ese arancel 1 punto porcentual todos los años hasta llegar a un arancel uniforme del 3 o 4 por ciento solo con fines de ingresos fiscal para el tesoro.
En el período de baja de arancel el estado debería reducir la carga impositiva para las empresas de manera que puedan ser competitivas. Con esta carga impositiva ninguna empresa puede competir. Ahora, claro que junto con la baja de la carga tributaria hay que bajar el gasto público. No es cuestión de transferirle al grueso de la población la mochila el estado bobo e ineficiente que tenemos con el impuesto inflacionario.
Otro punto que debería impulsarse para estimular la competencia, como pretende la ley, consiste en una profunda reforma laboral para que las empresas tomen más personal. La actual legislación laboral solo busca proteger a los que tienen trabajo y deja fuera del mercado laboral a quienes están desocupados.
Por supuesto que hay que tener disciplina fiscal para que haya moneda y pueda recrearse un mercado de capitales que permita financiar las inversiones y el capital de trabajo a tasas de interés compatibles con la actividad productiva. Eso requiere de un BCRA que se retire del mercado de LEBACs y, además, deje flotar libremente el tipo de cambio para que no se distorsione su cotización estimulando artificialmente las importaciones o las exportaciones.
¿Por qué es importante que la economía argentina se incorpore al mundo? Porque si en vez de producir para 40 millones de consumidores se produce para el mundo, las unidades producidas son mucho mayores y disminuyen los costos fijos por unidad producida. El sueldo de mi secretaria baja en relación a la cantidad de unidades producidas.
Al tener que producir más unidades se requieren más inversiones y aumenta la demanda de trabajo mejorando los salarios reales.
Por otro lado, cuando se busca estimular la competencia, lo que en última instancia se quiere lograr es beneficiar al consumidor. Por eso, la mejor manera de beneficiarlo es que con el fruto de su trabajo compre el producto qué él quiera, sea ese producto fabricado en Argentina o en el exterior. Es el derecho de los consumidores a usar el fruto de su trabajo como mejor le parezca.
En definitiva, más que hacer una ley de defensa de la competencia, hace falta implementar las reformas estructurales necesarias para que las empresas puedan competir entre ellas (eliminar barreras de entrada en el mercado interno) y competir con los productos que llegan del exterior e incluso salir a competir para poder exportar más. La idea es ser competitivos, no regular la competencia como pretende esa mal llamada ley de defensa de la competencia. Su nombre correcto, tal cual está, debería ser: ley para regular la actual y escasa competencia.
Fuente: Economía para Todos
