¿Por qué dentro y fuera del Gobierno y en lo que el presidente Macri denomina el círculo rojo todavía se sigue repitiendo que "no sería bueno" que eso sucediera? Si se piensa desde la pura lógica jurídica, y de acuerdo con la dinámica procesal que están tomando las causas en que la ex presidenta aparece involucrada, no sería descabellado suponer que, tarde o temprano, podría llegar a perder su libertad.

Hace apenas 15 días, el fiscal Guillermo Marijuan pidió que se le tome declaración indagatoria en el caso de lo que el programa Periodismo para todos presentó como los CristiLeaks. En lo que constituye uno de los dictámenes más duros de los últimos tiempos, Marijuan dio por descontado que Cristina Fernández fue debidamente informada sobre la transferencia ilegal de fondos de empresarios protegidos de su gobierno, incluido Lázaro Báez, su socio comercial en varios emprendimientos. El fiscal quiere que el juez Sebastián Casanello la indague porque la considera el eslabón más importante de la cadena de responsabilidades que se completaría, de acuerdo con el organigrama oficial, con el ex secretario legal de la Presidencia, Carlos Zannini; la ex procuradora del Tesoro Angelina Avonna; el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, y su secretario Legal y Técnico.

Marijuan no sólo pidió al magistrado que se le tome declaración a Cristina. También le solicitó que le impida la salida del país. Y lo hizo porque interpretó que si la ex mandataria no tuvo prurito en ordenar a sus funcionarios que no revelen información sobre presuntos delitos, también sería capaz de entorpecer la investigación con otras acciones. Casanello no hizo lugar, todavía, al enérgico pedido de Marijuan. Pero tampoco lo desestimó y ahora recolecta pruebas para asegurarse de que las sospechas del fiscal tienen fundamentos válidos.

Un poco antes que Marijuan, otro fiscal, Gerardo Pollicita, le pidió al juez Julián Ercolini que llamara a la ex presidenta a declaración indagatoria en el juicio en el que se investiga la discrecional distribución de la obra pública. Pollicita considera que entre Cristina y Lázaro hubo un toma y daca irregular: ella, desde el cargo máximo del poder político, le otorgaba a Lázaro los mejores y más caros proyectos, convalidaba los sobreprecios y el incumplimiento de los contratos, y, a cambio, el empresario de la obra pública le pagaba por la concesión de sus hoteles precios por encima del mercado. Para investigar a la ex presidenta, Pollicita está aplicando la lógica que ordenaron los integrantes de la Sala II de la Cámara Federal, Martín Irurzun, Horacio Catani y Eduardo Farah. Esto es: vincular a los hechos de lavado de dinero con los presuntos delitos precedentes para terminar de configurar la denominada Ruta del dinero K.

Pollicita es uno de los fiscales con mayor experiencia en casos de corrupción perpetrados durante el kirchnerismo. Viene investigando, desde 2008, la megacausa que se inició con la denuncia de Elisa Carrió por asociación ilícita. Y al mismo tiempo le está dando un ritmo muy veloz al expediente Hotesur, siempre bajo la mirada atenta del magistrado Ercolini. La estrategia del fiscal, de acuerdo con sus últimos escritos, configuraría el peor escenario para Cristina Fernández de Kirchner. Porque contemplaría, de acá a un tiempo no muy corto, el futuro pedido de indagatoria por su responsabilidad en el expediente que investiga los contratos de Alto Calafate con Aerolíneas Argentinas. Y un poco más tarde, quizá cerca de fin de año, un nuevo pedido de indagatoria. Pero esta vez, por la imputación de un delito, en principio, no excarcelable: el de jefa de una asociación ilícita para defraudar al Estado, obtener dinero de ello y participar o ser cómplice de operaciones para lavar esa plata. Si todo esto termina aconteciendo y Ercolini decide hacer lugar al pedido de Pollicita, las dos bibliotecas en las que se dividen los argumentos para justificar la prisión o la permanencia en libertad de Cristina Fernández aparecerán de manera muy clara. Unos citarán jurisprudencia que sostiene que cualquier ciudadano argentino tiene derecho a esperar en libertad el fallo definitivo que lo absuelva o lo condene, a menos que el juez tenga por demostrado que el procesado haya intentado fugarse o haya impulsado acciones para dificultar la investigación.

Otros explicarán que la imputación por el delito de jefa de una asociación ilícita más la pena que se podría sumar por otros en los que está siendo investigada en otros juicios justificarían su detención, tal como sucedió, por ejemplo, con el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. De una forma u otra, Cristina, igual que Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, están corriendo contra el tiempo. Una, porque su eventual candidatura en las elecciones del año que viene le permitiría obtener los fueros que harían más dificultosa todavía su presunta detención. Y el otro, porque teme correr el mismo riesgo que la ex presidenta.

El análisis político, en cambio, corre por otros andariveles. Hay quienes suponen que el presidente Mauricio Macri maneja la botonera del cronograma procesal de Comodoro Py. Entonces, según ese razonamiento, el actual jefe del Estado estaría postergando la detención de su antecesora porque le conviene tal y como se la está percibiendo ahora: aislada, radicalizada, con el peronismo "racional" queriendo sacársela de encima, pero nunca presa. Porque, entre rejas, Cristina dejaría de ser funcional, se terminaría la "gran novela de la corrupción" y el Gobierno debería empezar a explicar cada una de las malas decisiones que toma y sus consecuencias más ostensibles. Otros, un grupo minoritario, dentro y fuera del Gobierno, consideran que la eventual detención de Cristina le haría muy bien a "todo el sistema". Es decir: un antes y un después para que a nadie se le ocurra utilizar de nuevo el Estado como un instrumento para hacer negocios personales.

Otros analistas más atentos a la coyuntura parecen darle la razón al cantito de cancha de los kirchneristas más radicalizados, cuando entonan: "Si la tocan a Cristina/ Qué quilombo se va a armar". Piensan que este país no podría resistir que a la mujer que obtuvo en 2011 el 54% de los votos se la lleve un grupo de policías, así como así. Pero si éste fuera un país normal, Cristina Fernández no debería ser tratada como si estuviera por encima de la ley. Esto significa: no debería ser encarcelada sin pruebas o, al revés, debería ser privada de su libertad si los delitos de los que se la acusa lo ameritan.