Aunque valoraba que el tribunal no le hubiera arruinado aún más el déficit fiscal, leyó con resquemor los considerandos que aludían a cómo debían aumentarse las tarifas y hasta dónde deberían incluirse las audiencias públicas.
Cumplió, sin embargo, con el ritual republicano y prohibió a sus funcionarios (y se prohibió él mismo) expresar una sola crítica a la decisión y a las ideas de los jueces supremos del país. Ordenó que no se discutiera sobre el contenido de la sentencia y que, en cambio, se comenzara en el acto el proceso de cumplimiento del fallo.
Así estaban las cosas hasta que ayer la Corte le devolvió la gentileza. Varios jueces del tribunal reconocieron que el gesto presidencial de no referirse públicamente a la sentencia sobre el gas y el inmediato inicio del acatamiento de la decisión judicial habían influido en la elaboración del fallo de ayer sobre los aumentos en las tarifas de la electricidad. La Corte revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata (que suspendió el pago de la luz en la provincia de Buenos Aires) no por cuestiones de fondo, sino de forma. Pero hizo algo más: rechazó en duros términos un expediente sobre el mismo tema enviado por la jueza federal de San Martín, Martina Forns, a la que virtualmente mandó a estudiar Derecho.
La cuestión de forma por la que anuló la sentencia de la Cámara de La Plata refiere a un aspecto clave para la Corte. La cámara platense había hecho lugar a la presentación de dos legisladores kirchneristas, la del apoderado del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y la de un club de barrio contra la decisión del gobierno de Macri de aumentar las tarifas de la electricidad. La auténtica representación colectiva es crucial para el máximo tribunal. Estableció en varias sentencias anteriores quiénes pueden arrogarse esa representación colectiva. Desde hace mucho tiempo, la Corte no les reconoce a los legisladores la condiciones necesarias para la representación colectiva. Menos se las reconocerá al apoderado de un partido opositor. Le ordenó, por último, al juez de primera instancia que investigue si el club está en condiciones de arrogarse esa representación.
El tribunal es tan preciso en el reconocimiento de esa representación que en el caso de las tarifas de gas suspendió los aumentos sólo al consumo residencial porque no encontró una representación colectiva genuina en los casos del comercio, de la industria o de las usinas. Fue también una diagonal política (como los propios jueces la llaman) para no crearle una situación fiscal inmanejable al Presidente. Cuando no existen las condiciones estipuladas por la Corte para esa representación, sólo queda la posibilidad de que cada presunto afectado recurra a la Justicia.
El hecho de haber anulado la decisión de la cámara platense por cuestiones de forma quiere decir otra cosa: la Corte está de acuerdo con el planteo de fondo; es decir, que los aumentos de la electricidad deben pasar también por las audiencias públicas, tal como lo ordena una ley del gobierno de Menem que no se derogó nunca. La noticia consiste en que prefirió no decirlo, ni siquiera insinuarlo. Nada. El silencio es, a veces, también una manera de ayudar. Sólo desestimó el planteo porque no les reconoció a los querellantes la representación colectiva. La decisión del tribunal le abre al Gobierno un margen de tiempo para que, sin dejar de cobrar las nuevas tarifas de luz, convoque a las audiencias públicas por los aumentos en la electricidad. Debe hacerlo. La jurisprudencia de la Corte sobre las audiencias también existe.
Vale la pena hacer un paréntesis con una cuestión absolutamente política. Algunos dirigentes cercanos al Gobierno creyeron advertir en la decisión de la Corte sobre las tarifas del gas la coloratura peronista que le habría dado el pasado de algunos miembros del tribunal, como Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Efectivamente, Maqueda y Rosatti militaron en el peronismo, pero los dos (sobre todo Maqueda, porque lleva más años en la Corte) decidieron dejar a un lado sus compromisos políticos cuando resuelven como jueces. Ayer dieron una prueba más: desconocieron la representación política que se atribuyó el propio apoderado del Partido Justicialista, Jorge Landau. Más allá de las ideas, que son respetables en cualquier caso, es más que evidente que no existe un compromiso político de esos jueces con el peronismo.
El caso de la jueza Forns es directamente desopilante. De hecho, nunca la Corte actual había sido tan dura en la reprimenda intelectual a un juez de primera instancia. Forns dictó una precautelar suspendiendo el pago de las nuevas tarifas de luz en todo el país, sin tener en cuenta que no es el mismo caso del gas. La electricidad es un servicio público que está en manos de cada provincia, que tienen sus propios proveedores, sus propias tarifas y sus propios sistemas de actualización. La jueza levantó luego la cautelar creyendo que la Corte ya había decidido cuando resolvió las tarifas del gas y, encima, le envió el expediente al máximo tribunal sin pasar por una Cámara Federal. Hizo un per saltum al revés, porque es la Corte la que debe decidir si salta por encima de una de las instancias. Esa facultad no está en poder de los jueces de primera instancia.
La reacción de la Corte fue tan dura que la jueza Elena Highton de Nolasco prefirió no firmarla. A ella no le gusta que la Corte sea tan dura en el reproche a los jueces de instancias inferiores. Highton de Nolasco hizo toda su carrera en los tribunales y es jueza de distintas instancias desde hace muchos años. No disintió de las ideas de sus colegas ni se abroqueló en cuestiones de genero; su decisión fue, más bien, corporativa.
La primera orden que la Corte le dio a la jueza Forns es que verifique la autenticidad del proceso colectivo; esto es, si es que realmente existió una representación colectiva en la demanda que recibió. Otra vez la obsesión del tribunal para que la representación colectiva cumpla con la jurisprudencia de la Corte. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Maqueda, Rosatti y Carlos Rosenkrantz deslizaron que la jueza Forns se movió "a extramuros de las normas constitucionales y legales" y la acusaron de un "desarrollo contradictorio de las actuaciones". La notificaron también de que estaba "comprometiendo el prestigio de todo el Poder Judicial".
La jueza Forns es militante de la agrupación Justicia Legítima. Su esposo fue un funcionario importante de la poderosa Inspección General de Justicia (IGJ) en tiempos del cristinismo. Ese organismo era el encargado de aplicar la venganza o las represalias en su rol de fiscalizador de empresas y comercios. El esposo de Forns fue cesanteado de ese organismo, que depende del Ministerio de Justicia, no bien asumió el gobierno de Macri. La propia jueza llamó luego al jefe de gabinete del ministro de Justicia, Germán Garavano, para reclamar por la reincorporación de su esposo. El pedido le fue denegado en el acto.
Poco después, la jueza comenzó con el proceso de dictar y levantar cautelares sobre el pago de las tarifas de luz. Forns se colocó sola a las puertas de un juicio político, que podría iniciarse sólo con el respaldo de la acordada dictada por la Corte. No es el único caso. Los jueces kirchneristas son un incordio tanto para la Corte como para Macri. El Presidente y los jueces supremos podrían aprovechar la oportunidad para avanzar sobre esos casos después de la distensión que se abrió en la tarde de ayer.
