En los últimos meses muchas familias que querían vender un campo estaban esperando un cambio de escenario que impulsara un repunte de valores. ¿Está ocurriendo ese fenómeno tras las medidas anunciadas por la nueva administración? "El mercado de campos está tranquilo y los potenciales compradores esperan que el Gobierno termine de ordenar las cuestiones macroeconómicas y sociales. Hay movimiento, pero sólo se concretan las operaciones que se pactan a precios justos", afirma Alejandro de Elizalde, de Elizalde Garrahan y Cía.
Cambios en la Ley de tierras
Por otro lado, Elizalde ve con buenos ojos las recientes modificaciones efectuadas por el Gobierno a la ley de tierras, que acercan la posibilidad del ingreso de nuevos inversores. "En Brasil había una legislación similar que está siendo derogada porque, precisamente, no atraía capitales", explica. El empresario recuerda que la inversión extranjera en tierras argentinas no llega al cinco por ciento del total y resalta que quien adquiere un campo no se lo puede llevar a otro país y que, además, hace inversiones en mejoras y da trabajo en la región.
Correcciones necesarias
Mariano Maurette, de Álzaga Unzué y Cía., también admite que el reciente decreto corrige ambigüedades que tenía la ley original. "Si se considera la letra de la ley, que decía que ningún extranjero podía comprar un campo con acuíferos, quedaban afuera prácticamente todos, porque la mayor parte de los campos están sobre grandes acuíferos subterráneos", dice el operador. "A partir de ahora, los extranjeros no podrán comprar campos con acuíferos confinados -como una laguna o un glaciar-, pero sí podrán adquirir predios con arroyos o con acuíferos subterráneos."
Evitar excesos
Maurette dice que la ley de tierras nació mal y que debería derogarse y redactarse una nueva que limite excesos -por ejemplo, que empresas chilenas puedan comprar una franja de las provincias limítrofes argentinas-, pero que permita que un fondo de inversión extranjera produzca en la Argentina pagando sus impuestos y respetando la ley, sobre todo en zonas que requieren desarrollo como la Patagonia o la Cordillera. Mientras tanto, el decreto resuelve algunos problemas de manera inmediata, algo que no sucedería si se pretendiera consensuar una nueva ley en el Congreso de la Nación.
