Parece insólito que deba ser el máximo tribunal el encargado de fallar sobre un tema en el que el Gobierno se metió al no haber delineado con precisión el alcance de un cuadro tarifario que, desde el inicio, apareció en forma borrosa y poco precisa.

Llegaron los amparos presentados por usuarios y consumidores. Y el tema comenzó a escalar en los despachos judiciales al calor de la falta de audiencias públicas que validen un cuadro tarifario que estaba en vigencia y para el bimestre abril–mayo ya estaba facturado y pagado por el 80% de los usuarios.

La falta de audiencias públicas para las tarifas de gas requieren una aclaración: resultaban obligatorias para definir la retribución a las nueve distribuidoras y dos transportistas que hay en el país pero no para los precios del gas.

En síntesis: el Gobierno tiene la potestad de fijar el precio del gas sin convocar a audiencias públicas, pero ahora todo está trabado y, para salir del encierro, la Corte podría demandar que se realicen audiencias.

En ese escenario, estiman en la Casa Rosada, el tema de los aumentos no se resolvería antes de octubre.

El punto cobra relevancia ya que representaría un agujero financiero importante y, por eso, se entiende el malhumor que deja trascender el ministro Alfonso Prat Gay, que tendría que salir a buscar más fondos para llenar el déficit que dejaría la falta del cobro de la suba del gas.

Cómo todo tiene un costo, en la Casa Rosada estiman que la falta de cobro de las tarifas de gas y luz (en este caso en Capital y el conurbano) podría llegar a representar entre abril y octubre $ 80.000 millones, una montaña de plata, equivalente a lo que el Gobierno tiene dispuesto destinar a las obras públicas en la segunda parte del año.

En el ideario oficial siguen sin comprender cómo llegaron a este punto en el que deba ser la Corte la que defina la vía para cobrar aumentos en las tarifas de gas que venían congeladas desde hacía años.

Aseguran que la facturación del bimestre abril–mayo ya había sido cobrada en un 80% y que para el 87% de esos usuarios los montos habrían resultado inferiores a $ 500 por mes.

Insisten en que sólo 4% de la facturación era por montos superiores y que correspondían a zonas de alto poder adquisitivo en las que las boletas habrían llegado a $ 5.300.

También se defienden remarcando que el 31% de los usuarios, que son los de menores recursos, están cubiertos por la tarifa social o bien tienen garrafa social, con lo que habrían quedado al margen del golpe al bolsillo más fuerte del cuadro tarifario.

Desde el punto de vista de los empresarios, el embrollo tarifario está siendo seguido con una atención especial.

Creen que el Gobierno corre el riesgo de no poder garantizar una política de precios adecuados para fomentar las inversiones, un objetivo que hoy aparece jaqueado en la estratégica área energética.

Pero la realidad económica también muestra otra cara, y simultánea: los bonos argentinos dan signos claros de estar viviendo una fiesta.

Bonos públicos a tres años de plazo en dólares que hace dos meses ofrecían una renta de 5,5% anual, ahora prometen 3,5% como consecuencia de la mayor demanda que hay en el mercado por esos papeles.

Sobre ese puntos puso su mirada el ministro de Hacienda.

Prat Gay resaltó esa baja de la tasa de interés que paga la Argentina como consecuencia de que esos títulos son considerados menos riesgosos.

Tal vez, también lo hizo para no hablar de las tasas que maneja el presidente del Banco Central, sobre las que el ministro tendría la opinión de bajarlas en forma más acelerada para tratar de impulsar el consumo que, por su parte, sigue deprimido.

Federico Sturzenegger dispuso el martes bajar a 29,75% anual (estaba en 30%) la tasa de las letras que ofrece el Central a 35 días de plazo.

La baja, por cierto tenue frente al mensaje oficial de que en julio la inflación descendió en forma sensible (el índice del INDEC habría aumentado 2,2%), quiebra el 30% y resulta la más baja de la gestión de Mauricio Macri.

En el Central dijeron que quieren ser prudentes y afuera le reprochan a Sturzenegger que podría ser más agresivo a partir de la fuerte oferta de divisas que hoy registra la Argentina.

Como ejemplo resaltan el hecho de que ayer Chaco salió al mercado a buscar US$ 250 millones y le ofrecieron US$ 400 millones.

Tuvo que pagar 9,37% anual pero lo destacado es que consiguió los dólares una provincia a la que hace algunos meses atrás le hubiese sido imposible hacerlo.

Desde ese punto, pareciera que a Sturzenegger “le sobra tasa” y que podría ser más agresivo para bajarla, opinan los privados.

Se verá la semana próxima, pero en el mercado financiero cada vez se hace más fuerte la idea de que el dólar de alrededor de $ 15 llegó para quedarse un tiempo, por lo menos mientras el Gobierno siga apostando a la idea de que es indispensable primero bajar la inflación para después pensar en reactivar.

Respecto de la actividad económica, hay economistas cómo Miguel Bein que ya empiezan a hablar de que en julio “tocó piso” y que de ahora en más podrán aparecer algunos brotes verdes.

Los datos de junio fueron lapidarios –prácticamente no hubo sectores con mejoras– y la apuesta es que con alguna baja de la inflación y la suba de jubilaciones y salarios (son varios los gremios que dividieron la paritaria en dos) alguna mejora podrá verse hacia fin de año.

Tanto la baja de la inflación como la suba de la actividad vienen a un ritmo más lento de lo que pensó y dijo el Gobierno. Y las previsiones muy optimistas empezaron a esmerilarse.