Ya nada será lo mismo para el ex candidato a presidente y ex gobernador Daniel Scioli. Ahora, más allá de sus esfuerzos por minimizar la investigación del fiscal Alvaro Garganta, quien intenta determinar si lavó dinero, incumplió con los deberes de funcionario, administró su poder de manera fraudulenta o es la cabeza de una asociación ilícita para apropiarse los bienes del Estado, todo el mundo sabe que no importa tanto si ya fue imputado o si mañana se lo llamará a prestar declaración indagatoria. Porque el Código procesal de la provincia no maneja conceptos como el de la imputación o la indagación. El fiscal, sencillamente, lo empieza a investigar y luego determina su culpa y elije una fecha para su descargo. De hecho, Scioli; el ex jefe de gabinete Alberto Pérez; el ex titular de Aguas de Buenos Aires (ABSA), Guillermo Scarcella, ya presentaron abogados defensores para averiguar de qué se trata el expediente y hacer los descargos correspondientes. Todo comenzó en junio de este año cuando la diputada Elisa Carrió lo denunció por múltiples posibles delitos. Habló, por ejemplo, de corrupción en Lotería Nacional, IOMA, el Puerto de la Plata y ABSA. Algunos de esos casos son tan evidentes que ni siquiera necesitan evidencias secretas. Desde diciembre del año pasado, cuando asumió el nuevo titular de Lotería, Eugenio Melitón López, la recaudación creció por los menos un 30%. "Eso quiere decir que se empezaron a controlar las maquinitas tragamonedas, que se dejó de pagar coimas o las dos cosas a la vez", interpretaron muy cerca del fiscal. Carrió también pidió que se le prestaran una especial atención a las cuentas "extrapresupuestarias" de la jefatura de gabinete. Garganta le hizo caso y casi de inmediato descubrió que Alberto Pérez había pagado $ 7 millones durante 2014 y $ 10 millones durante 2015 a través de extracciones que se hacían en efectivo y que no tenían, como contrapartida, una documentación respaldatoria y legal que lo pudiera justificar. El fiscal de la Unidad de Investigación (UFI) número 11 solicitó entonces a las actuales autoridades del Banco Provincia un registro completo de extracciones en efectivo. Los funcionarios del BAPRO se la enviaron de manera muy veloz. Garganta encargó a sus peritos que discriminaran las extracciones de empresas privadas y la de entidades públicas. Entonces se encontró con cifras alucinantes. Según Garganta, entre 2014 y 2015, en plena campaña política, se extrajeron del BAPRO $ 14.600 millones y de cuentas como Provincia Leasing, Provincia Seguros y otras $ 5805 millones. Esto suma $ 20.405 millones. O el equivalente a u$s 2000 millones a diciembre de 2015. Algo así como el 10% del presupuesto anual de la provincia de Buenos Aires que en 2015 ascendió a $ 230 mil millones. Detallaron fuentes de la investigación: "En esos registros aparecen retiros millonarios; cifras redondas sacadas en varios días sucesivas y en efectivo. Esto no sólo es irregular, sino que implica el traslado en camiones enteros en efectivo (...) una maniobra típica para evitar controles e impedir el seguimiento de la ruta del dinero".

Garganta espera probar el destino de cada extracción.
Los investigadores de La Cornisa le preguntamos una y mil veces si estaba seguro de que se trataban de extracciones de dinero en efectivo, de transferencias bancarias o de cheques.

Y Garganta volvió a responder que según el registro, eran salidas de dinero en efectivo.
Gustavo Marangoni, ex presidente del Banco Provincia, está convencido de que hay algo en los datos oficiales que no se condice con el sentido común ni la realidad. Supone que pueden ser operaciones electrónicas o transferencias, pero nunca plata contante y sonante. Marangoni no habla porque dice que no tiene nada para aclarar sobre las cuentas extrapresupuestarias que manejó Alberto Pérez. Y el ex jefe de gabinete asegura que todos los gastos y los pagos que hizo tuvieron un triple control previo y una posterior auditoría, y todas con resultados satisfactorios. Como Garganta desconfía de todo, también mandó a investigar al Tribunal de Cuentas de la provincia, porque no entiende el grado de desprolijidad e inconsistencias que tienen la mayoría de las facturas que le fueron presentadas. Ayer, en La Cornisa, presentamos solo cinco. Pero Garganta dice contar con decenas que no pasarían el más mínimo control de una PYME de barrio. Carrió, en su denuncia, pidió que se termine con la impunidad de la que gozó Scioli durante sus años de gobierno en la provincia. Acusó a un fiscal de apellido Paladini y a la Procuradora María del Carmen Falbo de protegerlo cuando lo estaban investigando por enriquecimiento ilícito. También exigió que se lo vigile a Scarcella, a quien lo sindica como testaferro del exgobernador y hombre de buenos contactos en Comodoro Py, por su cercanía con el juez Rodolfo Canicoba Corral, entre otros.

El presidente Mauricio Macri no va a mover un dedo para defender a quien en su momento presentó como un amigo. Pero tampoco va a hacer nada para asegurarse de que lo condenen. En la intimidad, le parece muy lógico que parte de los fondos que fueron retirados en efectivo hayan sido usados para la campaña presidencial de Scioli. El supone que el nivel de protección del "círculo rojo" en general y de algunos medios y periodistas en particular pudo haber estado ligado a la enorme cantidad de dinero que distribuyó para asegurarse de que no sería dañado. La propia ex presidenta Cristina Fernández planteó más de una vez la misma idea, en público y en privado. Quizá la derrota electoral, la carencia de chequera y la pelea política dentro del peronismo hayan determinado el fin de la protección y el principio de la investigación correspondiente.