Cada vez que uno propone una reforma estructural como cambiar el sistema impositivo, bajar el gasto público o establecer límites a los llamados planes sociales, siempre salta alguno diciendo que está de acuerdo, pero que es imposible porque la situación social no lo permite. Que habría una crisis social o algún tipo de estallido que haría imposible la gobernabilidad. En otras palabras, no se puede aplicar un shock de baja de impuestos o de gasto público porque la gente no podría soportarlo.

Sin embargo, para aplicar los aumentos de las tarifas de los servicios públicos no hubo mucho gradualismo que digamos. En mi caso particular AYSA me mandó una factura que se multiplicó por 11 respecto al período en que no había subsidios. El m3 cúbico de gas me lo incrementaron 16 veces respecto al mismo bimestre de 2015. Algo parecido ocurrió con la luz y los ejemplos pueden seguir.

Del párrafo anterior no debe concluirse que estoy en contra de los ajustes de las tarifas de los servicios públicos. Hace rato que vengo diciendo que deben corregirse y no voy a cambiar de idea ahora que el PRO está en el gobierno. Es más, en la era k perdí un cliente por decir en una conferencia que esto terminaba en un rodrigazo. ¡Y vaya si tenemos un rodrigazo! Mi ex cliente consideró que lo mío era políticamente incorrecto y me canceló el contrato.

Pero dejando de lado mis historias personales, lo cierto es que resulta realmente inconsistente decir que no se puede bajar el gasto público por razones de crisis social o política y mandarse un tarifazo del 1.000% como si eso también no fuese a producir un impacto social. Mi propuesta al respecto es la misma de siempre. Que la gente pague la tarifa plena que tiene que pagar, que se eliminen los impuestos de las facturas de energía, gas, etc. que llegan a representar el 60% del importe que se paga por el consumo de energía y el cargo fijo. Esta reducción de impuestos y tasas municipales tiene que tener como contrapartida una reducción del gasto público para no desbalancear aún más las cuentas del sector público. En este punto saltan de nuevo los gradualistas en lo que hace a la baja del gasto público pero defensores del shock en materia de ajustar las tarifas de los servicios públicos y dicen que es inviable políticamente bajar el gasto estatal.

Desde el punto de vista del análisis económico están diciendo que el ajuste tiene que recaer sobre el sector privado y que el sector público es intocable por razones políticas. Dicho de otra manera, que si se ajusta al sector privado no hay crisis social o política y si se ajusta al sector público sí se producen esas crisis.

Si bien hoy el gobierno sigue teniendo un alto apoyo y buena imagen a diferencia de los que ocurría en 1975 con Isabelita, la forma en que se aplica el ajuste de las tarifas es similar. En 1975 las tarifas de los servicios públicos habían quedado deliberadamente atrasadas por Ber Gerlbard para mostrar una inflación artificialmente más baja. Celestino Rodrigo heredó ese lío económico de Gelbard y corrigió las tarifas en forma aislada. Sin incluir la corrección dentro de un plan económico global. Actualmente pasa lo mismo. El gobierno del PRO ajusta las tarifas de los servicios públicos, algo que inevitablemente tiene que hacer, pero sin un plan económico global.

Lo que hay que tener en cuenta es que las políticas populistas recurren al mecanismo de beneficiar arbitrariamente a unos en detrimento de otros. En general, para conseguir votos, los populistas benefician artificialmente a muchos y perjudican a unos pocos. Claro que esos pocos tienen que bancar la fiesta que el gobierno les brinda a los muchos.

Cuando llega un nuevo gobierno y quiere poner orden, de entrada se sabe que para arreglar el problema hay que hacerle entender a los muchos que fueron engañados con una fiesta de consumo artificial que esa fiesta se acabó. Cambiar los precios relativos distorsionados es eso. Mostrar la realidad.

Mi punto es que en este caso, buena parte del costo que tiene que asumir la gente por la recomposición de los precios relativos es mediante una profunda reforma del sector público. Dicho de otra manera, a todos los que siguen viviendo del fruto del trabajo ajeno decirles que tienen que hacer lo que hace el común de los mortales: buscar trabajo.

Las fórmulas para bajar el gasto público son diferentes y nadie dice que de un día para otro se despida a 3 millones de empleados públicos, pero sí debe anunciarse una reestructuración del estado que lleve, a lo largo del tiempo, a una reducción de la burocracia estatal. Desde los retiros anticipados, al cierre de reparticiones hay un largo trecho para trabajar. Lo mismo con los planes sociales que no pueden ser para siempre.

El problema no es solo subir las tarifas de los servicios públicos que la demagogia k dejó inalteradas durante 12 años. El problema está en querer hacer solo eso sin una reforma del estado, del sistema tributario, de una mayor flexibilización laboral y un escenario de previsibilidad en las reglas de juego. Hoy sabemos que Macri no va a cometer locuras, pero no son previsibles las reglas de juego porque no se las conoce.

En síntesis, de lo que se trata es de hacer un plan económico global de aplicación simultánea para que la gente sufra menos las correcciones que hay que hacer para dominar la terrorífica herencia que dejó Cristina Fernández.

Fuente: Economía para Todos