Y, por momentos, hasta es utilizada por los propios protagonistas de los escándalos para sembrar más confusión, esgrimiendo insólitas defensas sobre aspectos por cierto controvertidos, pero esquivando responder sobre el fondo de la cuestión.

Pero a veces los propios imputados son esclavos de sus palabras. Gracias a la furibunda contestación de Cristina Kirchner a la diputada Margarita Stolbizer por su denuncia sobre dinero no declarado en supuestas cajas de seguridad, ahora sabemos que la ex mandataria dolarizó al menos parte de sus ahorros a poco de iniciada la gestión de Macri y de levantado el cepo cambiario que ella impuso cuatro años atrás. Sugirió la propia ex presidenta que tomó tal actitud dolarizadora en defensa propia, porque no sabía qué iba a hacer su sucesor con la economía.

En otras palabras, Cristina Kirchner hizo con sus ahorros lo que ella misma les prohibió a miles de argentinos que, como ella en este momento, sólo buscaban protegerse de la calamitosa inflación, de la pérdida de poder adquisitivo del peso y de la inseguridad jurídica que su propio gobierno provocó. En el relato kirchnerista que imperó mientras ella estuvo en el gobierno, los argentinos que compraban dólares -desde los empresarios que buscaban preservar su capital hasta el abuelito que pretendió obsequiarle diez dólares a su nieto- eran verdaderos "vendepatrias", cuyas cabezas estaban "colonizadas" por la cultura cipaya. De pronto, para Cristina Kirchner, la compra de dólares ha pasado a ser un mecanismo para proteger los ahorros.

Durante sus recientes declaraciones telefónicas a Roberto Navarro en C5N, la ex presidenta también incurrió en explicaciones tan sorprendentes como inconsistentes. Negó que sus relaciones contractuales con Lázaro Báez o con Cristóbal López guardaran relación con el pago de coimas por la adjudicación de obras públicas con sobreprecios. Pero, por lo visto, no le importó que tales vinculaciones comerciales representen como mínimo un caso de negocios incompatibles con el ejercicio de la función pública y un claro conflicto de intereses. ¿Es posible que la ex presidenta nunca haya leído la ley de ética en la función pública? ¿Sabrá que su artículo 13 señala como incompatible con el ejercicio de su cargo público prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado o realice actividades reguladas por éste?

El artículo 266 del Código Penal fija prisión de uno a cuatro años al funcionario que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva. ¿Cómo podría calificarse el pago por el alquiler de habitaciones de hoteles de la familia presidencial que nunca se ocupaban por parte de un concesionario del Estado como Lázaro Báez?

Durante años, la impunidad de algunos tendió a ser infinita. Y la sensación de que nada podría pasarles los condujo a incurrir en escandalosas chapucerías. Es triste que sólo cuando tales torpezas quedaron registradas en las imágenes de La Rosadita o en los bolsos de José López con millones de dólares los jueces se hayan decidido a actuar. Pero por lo visto ni la propia ex presidenta está exenta de chapucerías.