No sólo Hillary Clinton y Donald Trump competirán por la presidencia de los Estados Unidos en noviembre próximo. Entre otros candidatos desconocidos llama la atención el economista Laurence Kotlikoff, un write-in candidate, como se llama a los que su nombre debe ser añadido en la boleta por el elector. Él se tiene gran confianza, pero sus chances son mínimas por la sencilla razón de que se concentra en defender los intereses de no votantes: los chicos y los no nacidos (http://kotlikoff2016.com/). Su argumento es que los Estados Unidos -agrego, y la mayoría de los países- tienen una deuda muy superior a la declarada, al no incluir las obligaciones futuras de jubilaciones, seguros de salud y otras. Sólo agregando los compromisos e ingresos futuros por jubilaciones la deuda pública actual de los Estados Unidos llega a 39 billones de dólares, tres veces la "oficial" y más del doble del PBI norteamericano. Una bicoca. ¿Quién la pagará? Casi seguramente la pagarán las generaciones futuras con un menor nivel de vida y por eso es que, dice Kotlikoff, se está mandando a la quiebra a nuestros chicos.

Despreocuparse por el futuro de la seguridad social es sólo uno de los tres modos de hacer populismo económico, es decir, de maximizar el bienestar presente cargando sus costos al futuro, muy a tono, cabe decir, con la posmodernidad en boga. Los otros dos son el daño no reparado al medio ambiente y las políticas económicas insostenibles de cuya siempre costosa corrección deberán hacerse cargo a corto plazo la sociedad y, probablemente, otro gobierno.

El egoísmo hacia las próximas generaciones es muy frecuente, pero no inexorable. La excepción más notoria es la de Noruega. A poco de iniciar la explotación de su petróleo en el Mar del Norte se crearon dos fondos de ahorro público que suman hoy 900.000 millones de dólares y, para una población de 5.200.000 personas, 173.000 dólares per cápita. Es notable que los países nórdicos, antiguos practicantes de la socialdemocracia y con Estados de gran tamaño, sean también quienes más cuidan a las generaciones futuras. Noruega, Finlandia y Suecia tienen deuda pública negativa (sic) y la de Dinamarca es irrelevante, lo que pone en evidencia que la sensibilidad social no está reñida con la solvencia macroeconómica ni con velar por las próximas generaciones.

Noruega está lejos y difiere mucho de América latina, pero su evocación vale porque muestra cómo reaccionan distintos países ante una misma bonanza de recursos naturales, que pueden ser una maldición o una bendición según cómo se actúe. Para Noruega fueron una bendición porque pensaron en las próximas generaciones. Para Venezuela, pese a tener las mayores reservas de petróleo del mundo, fueron una maldición porque su gobierno, con apoyo popular mayoritario en su momento, decidió maximizar el bienestar presente e hipotecar el futuro, y trágicamente como se ve hoy. Chile fue el único país latinoamericano que ahorró en la bonanza, aunque a años luz de Noruega.

Sin embargo, el desdén hacia el futuro que ha hecho mayores estragos en nuestra región ha sido y es el que Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards llamaron hace un cuarto de siglo "macroeconomía del populismo latinoamericano". Ignorando la escasez de recursos este enfoque inspira políticas expansivas para crecer y distribuir a cualquier precio, incluyendo más inflación, atraso cambiario, tarifas públicas insostenibles, agotamiento de las reservas del Banco Central, insolvencia fiscal y endeudamiento. Tarde o temprano, sin excepciones, llega su naturaleza autodestructiva con inevitables correcciones de política económica que implican caídas del empleo, los salarios y la actividad económica. Con frecuencia, estas correcciones quedan a cargo de otro gobierno, al que se atribuyen los males que viene a corregir, como se ve hoy en la Argentina. Con esta confusión de responsabilidades, el populismo económico daña también el buen funcionamiento de la democracia.

Hay que celebrar que varios países de nuestra región hayan dejado atrás la macroeconomía populista. En América del Sur hizo punta Chile y en el siglo XXI se agregaron Bolivia, Colombia, Perú y Uruguay, los cinco países de la región que más crecieron en este siglo y también los que más sosteniblemente redujeron la pobreza y mejoraron la distribución del ingreso. Perú, la estrella latinoamericana del siglo XXI, acaba de elegir por cuarta vez un presidente de otro partido político, pero ninguno de ellos populista. Una macroeconomía cuidadosa del futuro no basta, pero sin ella no hay progreso social posible. ¿Cómo puede ser que a nosotros nos cueste tanto aprender una lección tan sencilla, aun después de haber desaprovechado la mejor oportunidad en cien años para reducir sosteniblemente la pobreza y la desigualdad?

Hoy se escuchan voces que, después de haber alabado el populismo económico o silenciado sus falencias, lo cuestionan a regañadientes y dicen que el actual gobierno se estaría guiando por la "teoría del derrame". Este enfoque, en desuso en casi todo el mundo, cree que el crecimiento económico de mercado derrama automáticamente sus beneficios en los que menos tienen. Su primer crítico registrado fue el candidato presidencial demócrata de los Estados Unidos, W. J Bryan (1896), quien dijo que había que dar prosperidad a las masas para lograr así el bienestar de todos, en oposición a los republicanos. A lo largo del siglo XX, sobre todo desde la crisis de 1929 y de la Segunda Guerra, creció el escepticismo sobre el derrame y el rol del Estado aumentó, a veces hipotecando el futuro, otras no. Sus retrocesos parciales en los años 90 en muchos países no anularon la tendencia.

Hay que reconocer al gobierno anterior el haber moderado parte del peso de su pesada hipoteca al legar un bajo endeudamiento público con el sector privado. El resto de sus políticas fueron populismo económico del mejor. Su herencia, muy pesada, incluyó un gasto público cercano al 44% del PIB -muy similar al de hoy- sólo superado por 16 países entre 115. El gobierno de Cambiemos ha optado por reducir muy gradualmente el déficit fiscal y el gasto público. Sí cortó los subsidios a los pudientes otorgados el año pasado en cerca de 150.000 millones de pesos, tres cuartas partes del total. Añadió beneficios para sectores de menores recursos como las tarifas sociales para un 30% de la población, la ampliación de la AUH, el descuento del IVA, la universalización del ingreso para los adultos mayores o la ley de promoción de las pymes. Por todo esto, la "ortodoxia" económica acusa al gobierno de... populista (sic). El programa oficial hasta hoy no está emparentado con la teoría del "derrame". Esto no significa que no pueda y deba mejorarse en diversos aspectos, incluidos nuevos caminos para combatir la pobreza. No es tarea fácil y las propuestas no abundan. Por ello, la pasión y la acción de quienes de veras quieren promover a los que más lo necesitan deberían abandonar los eslóganes y concentrarse en proponer.

El autor es economista y sociólogo