La ley actualiza el valor de las jubilaciones en un monto de 75.000 millones de pesos por año; a la vez permite la exteriorización de activos no declarados ante la AFIP en un país que, según las aproximaciones de los expertos, tiene en la informalidad una suma equivalente a su PBI.

Más allá de su significado general, ambas novedades esconden ventajas para Macri. El pago de la deuda con los jubilados cobija un cambio relevante: el Gobierno dispondrá del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Son $ 750.000 millones. Quienes imaginaron la jugada, con el vicejefe de Gabinete Mario Quintana a la cabeza, miran el FGS como la única caja que dejó el kirchnerismo. Para ellos es un resabio del régimen de capitalización carente de sentido en el sistema de reparto. Los primeros en aprobar esta doctrina fueron los gobernadores peronistas. En su última negociación con Rogelio Frigerio , acordaron financiarse con respaldo del FGS. Por eso uno de estos jefes provinciales llama a Quintana, con humor, "el pequeño Boudou de Macri". Y aclara: "Sin ofender". Se refiere a que Boudou, en la crisis de 2009, descubrió para los Kirchner el tesoro previsional. Lo de "sin ofender" no requiere explicación.

El blanqueo tiene una dimensión fiscal más ostensible. No sólo el Tesoro cobrará distintas tasas a quienes se sinceren. Para los que quieran evitar esa sanción ofrece un bono en dólares a tres años, intransferible, que no paga interés, y otro a siete años, que paga 1%. Así se asegura acceder a un crédito más barato que el disponible en el mercado. En síntesis, para Macri y Alfonso Prat-Gay el blanqueo facilita el gradualismo fiscal, eje central de su programa.

El Presidente asigna a la jugada un significado político mucho más específico, sobre todo si se la combina con la baja de la inflación. Él cree que la desaceleración de los precios, con la consecuente recuperación relativa del poder adquisitivo, será una señal tangible de que su plan es exitoso. Por eso repite "de la inflación me encargo yo". Del mismo modo, apuesta a que el caudal que se blanquee será un indicio de la confianza que inspira. Sobre todo entre los peronistas, que suelen identificar plata con poder. No hace falta dar ejemplos.

Quiere decir que el repliegue de la inflación y un sinceramiento fiscal voluminoso son para Macri factores para la consolidación de su liderazgo personal. Un objetivo importante para quien no quiere quedar atrapado en un pacto bipartidista, como el que le ofrecen desde la UCR y el PJ.

El oficialismo va a presentar la suma que se exteriorice como una señal de credibilidad. Tiene algo de razón. Es muy difícil que quienes atesoran dinero negro se desnuden ante un gobierno propenso a las expropiaciones de emergencia. Ya lo demostró Cristina Kirchner. Sin embargo, Macri sacará ventaja de un clima de época. Desde el atentado a las Torres Gemelas, en 2001, el ocultamiento de fondos es visto como una vía de financiamiento del terrorismo. Por lo tanto, como una amenaza a la seguridad global. Un síntoma: en febrero, Barack Obama designó a David Cohen, el titular del equivalente a la Unidad de Información Financiera (UIF) argentina, subdirector de la CIA.

Los circuitos de lavado de dinero conectan la violencia fundamentalista a crímenes complejos, como el tráfico de drogas. Por eso, a partir del 1° de enero, 48 países de la OCDE se comprometieron al intercambio automático de información sobre activos escamoteados a las autoridades impositivas. El blanqueo fue pensado para aprovechar esa decisión: los bancos tienden a expulsar a los clientes con cuentas no declaradas. Lo explica uno de los funcionarios que diseñaron la nueva ley: "Sincerar el patrimonio es una decisión de vida: el que no lo haga en poco tiempo no podrá disfrutar de sus ahorros".

Estas nuevas circunstancias tienen para Macri un impacto paradójico. La dinámica internacional que lo favorece en lo fiscal ya le provocó un rasguño en lo político. La divulgación de los Panamá Papers, que obliga al Presidente, a cada rato, a dar explicaciones, no se entiende sin este contexto. Sebastián Casanello ayer pidió sus declaraciones juradas desde 2013 para compararlas. Más herido está el ex ministro de Hacienda porteño, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, a quien la oposición peronista se propone estigmatizar durante la próxima campaña. Importa más lo general: la transparencia ya no se limita a ser una virtud ético-política. Es un determinante de la seguridad en una escala que excede al Estado nacional.

Este signo de los tiempos produce un nuevo balance de poder. Oficinas como la UIF se vuelven decisivas. Una novedad de magnitud que pasó casi inadvertida: al poco tiempo de llegar Macri al poder, y destacar allí al experto Mariano Federici, los Estados Unidos reactivaron el intercambio de información, que había sido suspendido. No fue el único país. Se entiende mejor, entonces, la denuncia que Federici realizó contra los hijos de Lázaro Báez por beneficiarse con una cuenta multimillonaria en el exterior.

Esta actuación sobresale por contraste. Al rechazar el pedido de excarcelación de Jorge Chueco, el abogado de Báez que adquirió "La Rosadita", los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah denunciaron que la Procuraduría para la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac) había demorado dos años en incorporar a la causa los informes de la UIF sobre operaciones sospechosas reportadas por los bancos. Y el Banco Nación no emitió aviso alguno. Por eso los camaristas ordenaron una investigación sobre ese banco, la UIF y la Procelac. La hipótesis, obvia: el sistema que debe combatir la circulación de dinero negro protegía a Báez y sus compinches. Otro detalle que se les escapó a Casanello y al fiscal Guillermo Marijuan.

Contra la procuradora

La denuncia contra la Procelac agregará una página al principal expediente que se forma hoy en el oficialismo: las acusaciones contra la procuradora Alejandra Gils Carbó, ícono de la justicia facciosa que el kirchnerismo organizó bajo el nombre de "justicia legítima". Anoche, el Senado tenía en su agenda la integración de la comisión bicameral de control de la Procuración. Se encargará, entre otras cosas, de reunir los pedidos de juicio político contra Gils Carbó. No estará a cargo de un legislador de Cambiemos, sino de la temible Graciela Camaño, mano derecha de Sergio Massa.

Mientras esta comisión alimenta el jury contra Gils Carbó, el oficialismo intentará en agosto modificar por ley el régimen de la Procuración. La clave de la reforma: fijará un plazo de cinco años para el mandato, con opción a otros cinco. Ambas operaciones parlamentarias tienden al mismo objetivo: que Gils Carbó abandone pronto el cargo. Incógnitas: el PJ, sobre todo el que conduce Miguel Pichetto, ¿pretende desplazarla?; en tal caso, ¿intentará imponer al reemplazante?

Varios candidatos corren para sustituir a Gils Carbó. El que más adhesiones reúne es Alberto García Lema, apadrinado por Pichetto. Aunque el senador Rodolfo Urtubey tiene una opción distinta: el fiscal general de Salta, Pablo López Viñals. Algunos dirigentes de Pro, como Juan José Gómez Centurión, auspician al camarista de Casación Gustavo Hornos, a quien Macri recibió en Olivos la semana pasada. También Marijuan tiene aspiraciones. En el oficialismo lo suponen, con independencia de sus andanzas neoyorquinas con ambos DAlessandro, bendecido por Massa, a quien trató de cerca cuando ejercía la fiscalía en la Anses. Pero Marijuan llega al Presidente por un amigo común: el empresario Gabriel Hochbaum. Es un vínculo curioso: Hochbaum colabora con las relaciones públicas de José Luis Manzano, a quien Marijuan debe investigar por su presunta participación en las negociaciones para la concesión del yacimiento Cerro Dragón a Panamerican Energy. Una causa de alta tensión, que lleva Rodolfo Canicoba Corral.

Para el Gobierno, el reemplazo de Gils Carbó es un paso decisivo en el desmantelamiento de la red que tendió Cristina Kirchner en los tribunales. El saneamiento de Comodoro Py no parece para Macri tan urgente. Hoy, sin embargo, se producirá una novedad que inquieta a los jueces federales. El Consejo de la Magistratura aprobará la auditoría sobre los casos referidos a corrupción, que se investigan en esos juzgados. Esa medida fue reclamada por el Colegio de Abogados de la Ciudad y otras organizaciones civiles.

Mientras se libran estas batallas, los jueces nacionales porteños resisten su transferencia a la justicia de la ciudad. El principal interés del Gobierno es económico: acelerar el pasaje de los tribunales laborales, colonizados por Héctor Recalde y el sindicalismo. Macri se focaliza, en realidad, en otro caso: Omar Suárez, "el Caballo". Daniel Angelici le prometió que el lunes el controvertido líder de los marítimos, a quien indagará Canicoba, estará preso. El Presidente espera que Angelici, empantanado en la conquista de la AFA, cumpla alguna vez una promesa. Para él, la prisión de Suárez es, como la caída inflacionaria y el blanqueo, una señal de poder personal. La dirige al gremialismo. Y a la AFA, la trinchera de Moyano.