Luego del traspié legislativo que le significó la aprobación de la llamada ley antidespidos, que finalmente vetó, Mauricio Macri encontró una fórmula para recuperar la iniciativa política y enfrentar a la oposición con una ley ómnibus que le costaría mucho rechazar. Entre otras cosas, porque implica saldar una histórica deuda con la mayoría de los jubilados, porque instituye una pensión a la vejez para aquellos adultos mayores que carezcan de un haber jubilatorio y porque incluye un blanqueo como los que el justicialismo ha avalado en dos oportunidades en los últimos diez años, cuando era oficialismo.

La decisión de Macri fue un golpe a dos bandas. Es claro que si sólo hubiera presentado al Congreso un proyecto de ley para impulsar el blanqueo de capitales, lo más probable habría sido que recibiera más críticas que apoyos y que lo esperara una larguísima negociación con sus opositores. Al añadir los beneficios para la clase pasiva en el mismo paquete legislativo, la controversia en torno de todo perdón fiscal queda relegada a un segundo plano, al tiempo que el blanqueo aparece como una herramienta necesaria -aunque difícilmente la única- para obtener los recursos necesarios a fin de saldar la deuda con los jubilados.

Así las cosas, todo hace prever que la ley ómnibus avanzará en el Congreso. Especialmente, después de que el Gobierno, mediante las gestiones de su ministro del Interior, Rogelio Frigerio, acordó con los gobernadores provinciales una más rápida devolución del 15% de fondos coparticipables que se les retenía a las provincias para financiar a la Anses. Este acuerdo fue incluido en una de las normas del paquete legal que el Congreso comenzó a evaluar ayer y fue decisivo para que al menos 14 gobernadores ya expresaran su apoyo al proyecto. El entendimiento alcanzado posteriormente entre Frigerio y los mandatarios provinciales para morigerar algo el posible impacto de las subas de tarifas también aportó a la llegada de los consensos.

No obstante, si bien se descuenta que la mayoría de la oposición peronista avalará el megaproyecto oficial, tanto en el kirchnerismo como en el bloque que lidera Diego Bossio, ex titular de la Anses, hallaron un pretexto para objetar la iniciativa macrista. Concretamente, anunciaron su oposición a la venta de acciones de empresas privadas que se hallan en poder de la Anses y que, según el proyecto oficial, podría ayudar a financiar los recursos que demandará el pago a los jubilados.

En el kirchnerismo y en otros sectores de izquierda, se ve la cuestión acerca de si la Anses debe conservar o no su participación en unas 17 empresas en las que posee alrededor del 20% de su capital como un tema ideológico. A tal punto que Axel Kicillof denunció una "privatización encubierta". Para el gobierno de Macri, más allá de las necesidades de financiamiento que pueden explicar la decisión de vender tarde o temprano esas acciones, la cuestión también guarda relación con el papel que debe cumplir el Estado. En el macrismo, prevalece la posición de que el Estado no tiene por qué integrar directorios de empresas.

El otro aspecto controvertido del proyecto oficial pasa para la oposición peronista por las penalidades para exteriorizar dinero u otros bienes no declarados oportunamente por quienes adhieran al blanqueo. El jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, ha presentado una iniciativa bastante más flexible que la del oficialismo, que podría contar con más apoyos y forzar a una negociación. No parece ser algo que asuste a las primeras espadas de Macri en el Congreso, sobre todo después de que el oficialismo accedió a modificar un gran número de artículos del proyecto de ley que permitió el pago a los holdouts un par de meses atrás.

Lo cierto es que Macri deberá acostumbrarse, ante legisladores, gobernadores y otros factores de poder como los gremios, a tener que revalidar su poder cada semana. Al menos hasta que, tras las elecciones legislativas del año próximo, pueda revertir su franca minoría en el Congreso.