La Iglesia Católica, a través del arzobispo Mario Poli, dio el puntapié inicial para una movida que, en las próximas semanas, derivará en reclamos de distintos sectores al Gobierno para que se instrumente una mesa de diálogo, cuyo eje pase por la cuestión social. Es ésta una demanda compartida por la mayor parte de los dirigentes sindicales y por no pocos representantes del empresariado, especialmente en la Unión Industrial Argentina (UIA). Pero, a pesar de que Mauricio Macri insinuó hasta antes de llegar al poder su intención de convocar a un amplio diálogo político y social, la idea nunca se cristalizó de manera formal.

¿Cuáles son las razones de la resistencia del Presidente a convocar a una concertación social? La explicación que más se escucha en la Casa Rosada es que no están dadas las condiciones para un diálogo de ese tipo ante la fuerte fragmentación que caracteriza al sindicalismo y al empresariado. Sin embargo, se sospecha que Macri, en el fondo, desconfía de ambos sectores, al tiempo que algunos funcionarios ven semejante iniciativa como una potencial señal de debilidad desde el Gobierno. En especial, desde que Sergio Massa, comenzó a auspiciarla.

Tras el mensaje de Poli, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, buscó aclarar que el Gobierno dialoga permanentemente con todos los sectores de la vida política. Si bien esto configura un gran avance respecto de la última administración kirchnerista, dista de poder ser considerado como una convocatoria amplia.

A fines de 2001, en medio de la grave crisis política y socioeconómica que acababa de terminar con el gobierno de Fernando de la Rúa, a instancias de la Iglesia Católica y del representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el entonces presidente Eduardo Duhalde apoyó la conformación de la Mesa del Diálogo, vital para ayudar a calmar la situación social. El gobierno de Macri no estaría dispuesto a lanzar una convocatoria semejante a aquélla por entender que el escenario actual es muy diferente del de 2001. Su error tal vez sea creer que el diálogo social sólo sirve para momentos de crisis y para amortiguar los conflictos.

Dirigentes empresariales como Daniel Funes de Rioja opinan que el necesario sinceramiento de la economía que está en marcha requeriría de un gran acuerdo social. Considera que cuestiones tales como la competitividad, los caminos para la formalización del empleo, la incidencia de los cambios tecnológicos en el mundo laboral, la brecha social y la pobreza e inclusión deberían ser objeto de un diálogo formal entre el Gobierno y los actores económicos y sociales. Pese a que se trata de un camino nada sencillo, los resultados alcanzados en la reciente reunión del Consejo del Salario, en la cual se ajustó el haber mínimo y se aumentó el seguro por desempleo, dan cuenta de que se puede avanzar por esa vía.

En la Casa Rosada, el panorama es algo distinto. Hasta ahora, se ha apostado a fortalecer al Presidente primero, para poder negociar después con cada sector, siempre por separado. El tiempo dirá si esta estrategia puede continuar, sin provocar zozobra a la hora de medir la gobernabilidad.