El Gobierno tiene previsto anunciar en los próximos días el envío al Congreso de un proyecto de ley para hacer efectiva su promesa de saldar la deuda con los jubilados que están en juicio contra el Estado. Se trata de un plan para actualizar los haberes previsionales que son inferiores a lo que correspondería si se respetaran los criterios dispuestos por fallos de la Corte Suprema de Justicia. Además de la puesta al día del ingreso mensual, se pagarían los retroactivos, es decir, los montos acumulados en favor de cada jubilado por lo que se le pagó de menos en los últimos años.

Según confió a LA NACION una fuente oficial, el objetivo es concretar el anuncio antes de que termine esta semana. Sin embargo, otro informante señaló que podría demorarse unos días más. El plan de pagos, de todas formas, se pondría en marcha según el plazo en que se apruebe la ley.

Se busca así cancelar una deuda con cientos de miles de jubilados y se pretende evitar que siga creciendo el número de casos que van a la Justicia. La judicialidad se incrementó durante la década pasada hasta superar las 100.000 demandas por año. Principalmente, fue a causa del congelamiento que sufrieron los ingresos de muchas personas durante los primeros años con inflación tras la crisis de 2001, y de la falta de actualización (o actualización deficiente) del valor histórico de los salarios que integran la fórmula de cálculo del haber inicial.

Según dijeron fuentes del Gobierno y tal como ya había anticipado LA NACION, el proyecto contempla no sólo el pago de las sentencias firmes (que, en rigor, todos los meses se van abonando aunque muchas veces con demoras), sino que también se buscará pagarles a quienes tienen juicios todavía en trámite. E incluso, podría incluirse en el plan a quienes no recurrieron a los tribunales pero que, por cómo fueron calculados sus ingresos jubilatorios o por haber sufrido la falta de movilidad, no cobran según lo establecido por la Justicia.

Por eso, podrían beneficiarse más personas que las alrededor de 400.000 que son las que tienen causas abiertas en la Justicia o sentencias firmes y a la espera del pago.

En el caso de quienes estén con juicios en trámite, el borrador de la iniciativa propone que esos jubilados renuncien a su demanda contra el Estado que, eventualmente, puede incluir reclamos por otras causas no contempladas en el plan de cancelación de deudas previsto por el Gobierno. Tampoco está claro si en la oferta que se haría se contemplaría una quita del monto retroactivo que correspondería a cada jubilado. Ese retroactivo, según la propuesta, se abonaría en cuotas trimestrales y en un plazo que rondaría los dos años.

Los recursos

Fuentes oficiales sí señalaron que el objetivo es no utilizar bonos, sino pagar en efectivo. Los recursos saldrían del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que tiene el sistema previsional, y que está integrado, en su mayor parte, por los activos que se habían acumulado en las cuentas individuales de quienes estuvieron afiliados al sistema de capitalización, eliminado a fines de 2008.

El análisis que hacen en la Anses es que, al menos en una primera etapa podrían utilizar las utilidades líquidas que genera ese fondo, aunque no habría quedado del todo descartado la posibilidad de vender activos, como el caso de acciones.

La normativa es bastante restrictiva en cuanto a la posibilidad de gastar esos recursos (sí se dispone que deben ser invertidos). La razón por la cual sí podría usarse para pagar los haberes de los jubilados actuales, según argumentan en el Gobierno, es que una de las funciones asignadas por el decreto 897 (que creó el fondo en cuestión en 2007) es la de "atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público a efectos de preservar la cuantía de las prestaciones previsionales". Hoy el fondo acumula aproximadamente $ 770.000 millones.

Fueron la inflación y las decisiones políticas tomadas en los primeros años del kirchnerismo, las razones del alto nivel de judicialidad previsional. Uno de los fallos a los que ahora se pretende dar cumplimiento es el de la causa Badaro, en la cual la Corte determinó que entre 2002 y 2006 ninguna jubilación debió haber subido menos que la evolución de un índice salarial que, en el período, había crecido un 88,6%. Otra sentencia ahora contemplada es la del caso Elliff, referida a cómo se calculó el primer haber recibido por un jubilado. En la fórmula de cálculo se incluye el promedio del ingreso de los últimos 120 meses con aportes y por eso, es determinante la manera en que se actualizan esos valores nominales. En este punto, el proyecto de ley del Gobierno prevé utilizar el Ripte, un índice de salarios que elabora el Ministerio de Trabajo.