No es escandaloso que la ex presidenta Cristina Kirchner, quien se la pasó hablando durante ocho años hasta por los codos, no haya dicho ni una sola palabra en público sobre la ruta del dinero K, la detención de su socio comercial e inquilino Lázaro Báez, el apresamiento de su ex secretario de Transporte Ricardo Jaime o la andanada de acusaciones contra su ex superministro Julio De Vido? ¿No es vergonzoso que su única estrategia defensiva sean las chicanas jurídicas de sus abogados para apartar de la causa de Los Sauces SA al juez Claudio Bonadio?

El presidente Mauricio Macri, sin ir más lejos, tuvo que explicar su participación en los polémicos Panamá Papers. Al principio lo hizo mal y a medias. Después debió aclarar un poco más. Y en las próximas semanas deberá dar mayores precisiones. Es que tanto el fiscal Federico Delgado como el juez Sebastián Casanello hicieron lugar a la ampliación de denuncia del diputado del Frente para la Victoria Norman Darío Martínez, quien pidió extender la investigación para que se determine si Macri formó parte de otras empresas offshore, con qué nivel de responsabilidad y con qué porcentaje de acciones. El jefe del Estado se podrá enojar más o menos. E incluso podrá pedir al fiscal Delgado que se maneje con un lenguaje un poco más elegante y que no insista en la hipótesis de que a Macri "se le escapó la tortuga". Lo que no podrá hacer, porque sus votantes no se lo perdonarían, es jugar al distraído. O suponer que, si no lo menciona, el controvertido asunto de los Panamá Papers dejará de existir. Porque la investigación del Consorcio de Periodistas tiene la entidad suficiente como para no ser escondida ni silenciada. Y porque el Presidente tiene la obligación de aclarar hasta el último dato que genere una duda.

Pero así como los argentinos le reclaman a Macri, con razón, que responda si cometió algún ilícito, ¿no deberían los seguidores honestos de Cristina Fernández pedirle que rinda cuentas públicamente sobre las múltiples denuncias en su contra? ¿Creen que alcanza con un acto político frente a Comodoro Py? ¿O con el último comunicado de la familia Kirchner? Estoy hablando de los militantes y adherentes anónimos. Pero también estoy hablando de la larga lista de intelectuales, artistas, economistas, periodistas, músicos, legisladores, funcionarios, ex funcionarios y otras figuras públicas que siguen apoyando al kirchnerismo. Elijamos unos cuantos nombres representativos. Demos por sentado que no figuran, entre sus prioridades de vida, alentar negociados o convalidar hechos de corrupción. Podríamos nombrar, de manera aleatoria, a José Pablo Feinmann, a Luis DElía, a Pablo Echarri, a Juan Manuel Abal Medina, al ex ministro Axel Kicillof, a Horacio González, a Fernando Navarro, a Ricardo Forster, a Martín Sabbatella, a Horacio Verbitsky, a Daniel Filmus o a Eduardo Aliverti. ¿En serio no tienen nada que reclamarle a su líder? ¿No los aliviaría un mínimo descargo sobre su participación en los expedientes Hotesur, Los Sauces o el de lavado que tramita el juez Sebastián Casanello?

En su momento, el ex director de la Biblioteca Nacional encuadró algunos libros de investigación periodística en una tendencia que denominó "denuncismo". Y algunos de los periodistas mencionados anteriormente se encargaron de poner en duda la integridad moral de Jorge Lanata o la salud mental de Elisa Carrió. Pero ahora que aparecen todos los días descripciones minuciosas de ilícitos verificables o que la diputada Margarita Stolbizer presenta denuncias cada vez más serias, documentadas y comprensibles, ¿no tienen nada para interpretar? ¿De verdad consideran que basta con denunciar la existencia de una gran conspiración para hacer olvidar todo lo bueno que hizo el gobierno anterior y de paso desviar la atención de la inflación, los aumentos de tarifas, los despidos y el ajuste? ¿Les alcanza con la sobreactuada respuesta de Víctor Hugo Morales, quien aseguró que pondría las manos en el fuego por la ex presidenta sin dudarlo ni siquiera un segundo?

En las últimas horas parecería haberse desinflado una operación en la que se intentó presentar, con poco éxito, a Mauricio Macri como socio indirecto de Lázaro Báez a través de su primo Ángelo Calcaterra. Los mismos militantes del kirchnerismo que se vuelven ciegos y sordos frente a las denuncias y los hechos comprobados que involucran, por ejemplo, al coimero Ricardo Jaime trataron de instalar la idea de que Calcaterra es tanto o más corrupto que el presunto testaferro de Néstor y Cristina. Supongamos, por un momento, que se confirme la sospecha. Que aparezcan las evidencias que prueben que Calcaterra está a punto de vender su constructora como una acción preventiva para evitar problemas con la Justicia. Demos por cierto que Casanello hace lugar al pedido del detenido Báez, investiga su sociedad con Calcaterra y descubre que el primo de Macri es tan corrupto como el rey de la obra pública. Que ganó licitaciones a dedo, con sobreprecios y sin el debido control. Que lavó dinero y que repartió coimas entre los funcionarios del gobierno anterior. ¿Cuál sería el problema? Sería muy saludable para el país que sufriera la condena correspondiente, por más daño político que le generara al jefe del Estado. Y siempre habrá periodistas y medios críticos dispuestos a publicar los hechos tal como sucedieron.

Sin embargo, la mera agitación de los Panamá Papers, los despidos, las decisiones de política económica que afectan a los que menos tienen nunca será suficiente para que los ex funcionarios implicados en causas de corrupción sean relevados de responder ante la Justicia. Y menos cuando se trata de alguien tan relevante como una ex presidenta de la Nación. Por eso urge que Cristina rompa el silencio y comience a responder preguntas sencillas. Por ejemplo: ¿de dónde sacaron dinero para comprar tantos hoteles, terrenos e inmuebles? ¿Por qué siempre les entregaron la explotación de sus hoteles a empresarios vinculados a los contratos de obra pública a los que ellos mismos beneficiaron con sobreprecios, la vista gorda en materia de control, privilegios en el pago de impuestos y otras irregularidades? ¿Por qué sólo alquilaron sus propiedades a empresarios con los que el Estado hacía negocios, como Lázaro Báez y Cristóbal López?