No es una batalla de magistrados puros contra políticos y empresarios deshonestos. A pesar de que la corrupción ya es pornográfica, la novedad más impactante es la impunidad. Es decir, la evidencia de que fechorías que se conocen desde hace años permanecen sin sanción. Esa perversión suele ser diagnosticada por un viejo magistrado en estos términos: "El problema actual de la Argentina es que su sistema judicial fue diseñado para que los culpables zafen, no para que sean condenados".

A esta perplejidad se agrega otra: tampoco se trata de la tradicional persecución de un oficialismo cesarista contra una oposición debilitada. No sólo porque el kirchnerismo conserva palancas institucionales para evitar una condena. También porque el Gobierno carece de autoridad para, si quisiera, acosar a su adversario.

Los jueces y fiscales acostumbrados a tomar la temperatura del que manda antes de ejecutar una decisión están desconcertados. Por eso la declaración de anteayer del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, es paradójica. Llamó a los magistrados a no amoldarse al contexto político. Fue un consejo innecesario. O tardío. Hoy es difícil incurrir en ese pecado porque el contexto político no envía señales claras. La hegemonía abrió paso a un desconocido pluralismo.

Por eso en muchos tribunales hay desasosiego. Las miserias de la justicia federal y la dispersión del poder son más visibles contra el telón de fondo de la indignación social. La manifestación más elocuente de ese malestar fue la elección de la provincia de Buenos Aires: millones de personas realizaron un complicado corte de boleta para votar contra Aníbal Fernández, el candidato que simbolizó la contaminación entre política y delito. Ese movimiento determinó el triunfo de María Eugenia Vidal, que, a su vez, condujo al de Mauricio Macri. De modo que en la victoria de Cambiemos hay un mandato de regeneración moral al que el oficialismo debería dar satisfacción.

La presentación de Lázaro Báez frente a Sebastián Casanello y Guillermo Marijuan condensó algunos rasgos de este paisaje general. Báez es enjuiciado por un juez y un fiscal que en los últimos años parecen haberse dedicado a protegerlo. Las retroexcavadoras de Marijuan llegaron a la Patagonia con tres años de demora. Y ni siquiera revisaron todo lo que había: ¿será verdad que el dinero de Báez, o de los Kirchner, está escondido en la estancia Alquinta, cercana a Río Gallegos?

Báez podría declararse arrepentido. Presentarse como un engranaje de la maquinaria de enriquecimiento montada por Cristina y Néstor Kirchner. Pero no encuentra ante quién hacerlo. Es decir, no encuentra con quién acordar lo que le sucedería si cruzara el Rubicón. Y no porque Macri quiera proteger a su antecesora. Funcionarios suyos, como el presidente de Vialidad, Javier Iguacel, o el de la AFIP, Alberto Abad, están llevando a la Justicia las irregularidades ordenadas por los Kirchner para beneficiar a Báez y a otros socios del poder. Báez no da con el garante porque nadie tiene la influencia suficiente para asegurar su situación. Por otra parte, Báez sospecha que Casanello -¿también Marijuan?- puede convertirlo en el chivo expiatorio de la ex presidenta. Como supuesto testaferro de los Kirchner, conoce al detalle los vínculos del juez con el gobierno anterior.

Báez quedó, por lo tanto, a mitad de camino. Declaró que estuvo asociado a Iecsa, de Ángelo Calcaterra, el primo de Macri. Y denunció las irregularidades de la licitación de las represas Kirchner y Cepernic en beneficio de Gerardo Luis Ferreyra, socio de Electroingeniería y esposo de la dueña de Simonetta Orsini, la joyería preferida de varios jueces federales. Báez nunca superó la frustración de esa derrota. Siempre presintió que las denuncias en su contra se originaron en el kirchnerismo, cerca de Carlos Zannini, para beneficiar a Ferreyra. Por eso quiso demostrar que si era un privilegiado, era uno entre varios. Y que lo de las centrales patagónicas fue escandaloso. No expuso novedades. Por eso su denuncia ayuda más a entender el funcionamiento de la justicia federal que el de los negociados de infraestructura.

En 2013, LA NACION describió el proceso con detalles, desatando una balbuceante desmentida de Julio De Vido. A raíz de esas publicaciones, se inició una causa penal en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral. El caso se cerró a pedido del fiscal Miguel Ángel Osorio, militante de Justicia Legítima. Sin embargo, desde 2010 hay otro expediente en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi sobre esa licitación. Sigue abierto.

La eternidad de los procesos y la desarticulación de una investigación en varias causas son dispositivos cruciales en la producción de impunidad. Hace diez días, la Sala I de la Cámara Federal ordenó que la pesquisa sobre Hotesur, la compañía de la familia Kirchner, se unifique con la de sobreprecios de obra pública. Julián Ercolini recibió los legajos acumulados por Daniel Rafecas. Como publicó ayer LA NACION, una infinidad de documentos que Rafecas no tocó durante un año.

Integradas las dos causas, sería más fácil determinar si la cotización de los trabajos incluía los sobornos que se pagaban disfrazados de contratos de alquiler. Algunos abogados cercanos a la ex presidenta creen que esa unificación puede ser afortunada: si se le agregara la causa por lavado de dinero que sigue Casanello, toda la investigación podría depender de la Sala I de la Cámara Federal. Allí, la señora de Kirchner tiene un amigo: Eduardo Freiler, uno de los fundadores de Justicia Legítima y padrino judicial de Casanello.

Freiler ofrece una condición inapreciable para quien necesita una indulgencia: la vulnerabilidad. El abogado Ricardo Monner Sans lo denunció el año pasado por haber adquirido, desde 2012, una mansión en Olivos, veinte caballos de carrera, varios autos de colección, un yate y un departamento en Pinamar. El fiscal Ramiro González pidió su sobreseimiento. Y el juez Martínez de Giorgi se lo concedió. Sin embargo, Monner Sans acaba de reclamar que esa absolución sea considerada fraudulenta. Las razones: el fiscal, que es profesor invitado en la cátedra del imputado, no hizo siquiera un peritaje, y Martínez De Giorgi debería haberse excusado porque su esposa, Ana María Juan, es secretaria en la cámara donde se desempeña Freiler. Aun cuando allí aclaran que no trabaja a las órdenes del magistrado sospechoso. Monner Sans incluyó dos citas interesantes en su presentación. Una remite al libro de Federico Morgenstern sobre la cosa juzgada fraudulenta. La otra es una recomendación de procedimientos para desenmascarar el enriquecimiento ilícito: la escribió el propio Freiler cuando procesó al juez Carlos Liporaci.

Freiler es investigado también por su asociación en la financiera Minning Pride con María Carla Lago, la esposa de Alfredo Lijo. Se trata del célebre "Freddy", hermano del juez Ariel Lijo y conocido en los tribunales de Comodoro Py como gestor judicial, sobre todo de De Vido. El fiscal Juan Pedro Zoni, correligionario del imputado en Justicia Legítima, pidió a Canicoba Corral que sobresea a Freiler, porque Minning Pride sería una sociedad inactiva. La relación entre la familia Lijo y Freiler quedaría reducida, entonces, a la afición común por los caballos de carrera. La familia Lijo controla el haras La Generación, de Dolores. Allí reina el padrillo Emmanuel, codiciado entre las yeguas Overright, Ludky e Iciday. También Good Heaven, nieto de Juez de Pan. Un predestinado.

En un mercado pequeño, la afición por los negocios se vuelve circular. En el sector del seguro relacionan a los Lijo con la empresa Boston, adquirida por Gustavo Roldán y los hermanos Mauro. Y también vinculan a Roldán y Boston con Ángelo Calcaterra, el compañero de Báez. Calcaterra niega esa conexión.

La especialidad de Boston, cuyos clientes son las principales empresas del país, son los seguros ambientales. En torno a esa actividad se formó una cámara, en cuya web se promueve el mensaje climático del papa Francisco. Un detalle llamativo: Mauricio Macri, en la primera reunión con Sergio Bergman y el gabinete de Medio Ambiente, instruyó: "Tienen que eliminar la obligatoriedad de los seguros. Son un curro".

La demanda de depuración institucional inspira un interrogante: ¿podrá el país curarse de la corrupción del mismo modo que se curó de otros males? Por ejemplo, del golpismo. La respuesta es compleja. No se requiere sólo combatir el delito. Hace falta derrotar la impunidad, que se alimenta de la baja calidad de un sector de la Justicia. Esta doble deficiencia explica por qué la batalla por la regeneración política carece de paladines judiciales. No emerge un juez Moro, como en Brasil, ni un fiscal Di Pietro, como en Italia.

Tal vez sea una ventaja. La ausencia de un ángel exterminador hace más evidente la urgencia de una solución institucional. Existe algún indicio. El Colegio de Abogados, que preside Guillermo Lipera, consiguió que el Consejo de la Magistratura inicie una auditoría sobre la justicia federal penal de la ciudad. Se podrían advertir, por ejemplo, las razones del retraso de una infinidad de causas. Y por qué sólo un porcentaje muy pequeño es elevado a juicio. ¿Se trata de un negocio gigantesco de jueces, fiscales y abogados?

La agitación social frente la corrupción contrasta con la pasividad de los partidos. La estrategia de destacar "operadores" para disciplinar a los jueces está agotada. Pero la organización política no ofrece una respuesta programática. Es raro, porque tal vez esté en las condiciones ideales para hacerlo. Contra lo que indica la intuición, la historia enseñó, en la España de Adolfo Suárez o en el Brasil de Itamar Franco, que las grandes reformas son más fáciles cuando el poder está disperso. Es decir, cuando nadie ejerce una hegemonía.