Podrían alegar que no los mueve el interés político, sino la obligación institucional. No sólo la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, pidió unificar la investigaciones de los sobreprecios de obra pública con la de los presuntos sobornos que la familia Kirchner recibiría bajo la forma de alquileres pagados a Hotesur. El titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, amplió ayer su denuncia sobre las irregularidades en la asignación de contratos a las empresas de Lázaro Báez. La presentación entorpece el plan defensivo de la ex presidenta y los funcionarios involucrados en esta trama escandalosa: encapsular la situación de Báez en un caso de lavado de activos, que termine navegando sin luces por el fuero penal-económico. La denuncia de Iguacel corroe ese propósito porque vincula el fenomenal progreso económico de Báez con el origen de sus fondos: el fraude cometido contra el Estado en licitaciones amañadas.

Los jueces se resistieron durante mucho tiempo a vincular ambos delitos. Es una reticencia inexplicable. Báez no desarrollaba una actividad ilegal, como podrían ser el narcotráfico o el contrabando. ¿Para qué, entonces, generar dinero negro a través de facturas apócrifas o compras simuladas? ¿Y para qué, después, volver a blanquearlo por la vía de alquileres? Simple: sólo así podía sobornar a quienes le adjudicaron las obras. ¿Declarará Báez hoy en esta dirección? Penalistas que analizan su situación conjeturan que podría aliviar su trance acogiéndose a la figura del imputado colaborador. Alguien que, sin auto-incriminarse como un arrepentido, aporta pruebas a la pesquisa. Por ejemplo, la participación de los funcionarios en la gestación del negocio. El kirchnerismo tiene suspendida la respiración frente a esta hipótesis. Lo único seguro, hasta anoche: Báez va a presentar un escrito en el que salpicará a Julio De Vido y al empresario kirchnerista Gerardo Luis Ferreyra, de Electroingeniería.

Recién el jueves pasado los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler ordenaron a Daniel Rafecas abandonar la causa Hotesur para remitirla a Julián Ercolini. Este parsimonioso magistrado también está a cargo de la denuncia de Iguacel. El director de Vialidad aportó infinidad de detalles que corroboran el negociado a través de las empresas del presunto testaferro Báez. La denuncia surgió porque Austral Construcciones intentó cobrar certificados de obra que ya había cobrado. La deuda de Vialidad con los contratistas era, al retirarse el kirchnerismo, de $14.000 millones. Pero sólo con Báez el organismo estaba al día. El responsable directo de estos privilegios era Nelson Periotti, un pingüino que ocupó esa dirección durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Su segundo, Carlos Alonso, había sido empleado de Báez.

Iguacel explicó que Santa Cruz recibía el 11% de la obra pública nacional, de la cual el 80% era asignado a Báez. Las otras privilegiadas eran Esuco, de Carlos Wagner, el primer empleador de Julio De Vido, y el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, señalada también como testaferro de la familia Kirchner en YPF. Los sobreprecios siempre bordeaban el 20%. Ejemplo: hoy Vialidad tasa la ruta Caleta Olivia Comodoro Rivadavia en $2000 millones; a Báez le habían prometido $3000 millones. Estuvo 8 años intentando completarla, pero sólo logró construir el 35%.

El nuevo director de Vialidad complicó a De Vido, a José López, el eterno secretario de Obras Públicas del matrimonio Kirchner, y al gestor Sandro Férgola. Es inminente la presentación de un testigo protegido que ilustrará cómo lo obligaban a aprobar certificados de obra que nunca se habían realizado.

Este aluvión informativo podría desbaratar una de las estrategias del kirchnerismo para aislar a su jefa de la tormenta judicial: cerrar la investigación del juez Casanello en un caso de lavado de dinero. El movimiento se vería muy facilitado por las últimas decisiones de Alejandra Gils Carbó. La procuradora reemplazó en la fiscalía especializada en lavado, la Procelac, a Carlos Gonella. Este fiscal fue procesado por, al parecer, instruir a los colaboradores de Marijuan para que excluyeran a Báez y a De Vido de la investigación. Gonella lo niega. Recuerda que quien sacó a De Vido del expediente fue Marijuán. Y lamenta que quienes lo juzgaron no consideraran varios testimonios que probarían su inocencia.

Gonella fue sustituido por María Laura Roteta y Gabriel Pérez Barbera. Serían los encargados de investigar el hipotético caso de lavado. Pérez Barbera es uno de los fundadores de Justicia Legítima.

Roteta, que exhibe una gran trayectoria académica, forma parte del grupo más cercano a Gils Carbó, encabezado por Lisandro Pellegrini, quien mantiene con la procuradora una relación casi familiar. Allí se alinean Laura Mazzaferri, Mariela Labozzeta, Carolina Varsky, María Paloma Ochoa y Romina Pzellinsky, quien ganó notoriedad cuando se la acusó de espiar al fiscal Augusto Troncoso. Esta liga está unida por dos pasiones: la devoción por Cristina Kirchner, y el fútbol mixto, que solía practicar en la canchita de Godoy Cruz y El Salvador. Estos magistrados comparten la admiración por el juez Casanello. Tanta, que se los conoce como "Casanellos boys". Desde el punto de vista operativo, se referencian en el fiscal general Franco Picardi, subordinado a su vecino de Mercedes, Wado De Pedro, y al ex secretario de Justicia Julián Álvarez.

El kirchnerismo confía en el blindaje de esta red. También en los defensores oficiales, encabezados por Stella Maris Martínez, quien se inspira en Carlos Zannini casi tanto como Gils Carbó. Ellos pueden demorar las causas a través de infinidad de artilugios procesales.

Los defensores y fiscales a cuya protección apuesta Cristina Kirchner se mueven en un marco académico liderado por Eugenio Zaffaroni y Julio Maier. Y la mayoría abreva en el CELS de Horacio Verbitsky. En Comodoro Py atribuyen a Verbitsky ser el coordinador político-periodístico de la defensa de la ex presidenta.

Casanello siempre se adscribió a este cuadrante político. Desde los tiempos en que la causa que hoy mortifica a Báez era administraba con celo militante por Sebastián Bringas, su secretario camporista. El padrino de Casanello, el camarista Eduardo Freiler, es miembro fundador de Justicia Legítima. Aunque, desde que protagonizó el escándalo por su fabuloso enriquecimiento, en esa cofradía intentaan disimularlo. El caso podría reabrirse. Varios dirigentes oficialistas han puesto la lupa en los movimientos inmobiliarios de Jorge Alejandro Pratto, el bibliotecario de la Cámara Federal y colaborador de la cátedra de Freiler. Le atribuyen ser el "otro yo" del camarista. Casanello es profesor invitado de esa cátedra, igual que Ramiro González, el fiscal que recomendó sobreseer a Freiler a pesar de su opulencia.

Casanello desconoce cualquier filiación con el kirchnerismo. Hasta negó conocer a la ex presidenta. Una tardía desmentida a la versión según la cual, cinco años atrás, visitó a la señora de Kirchner en Olivos, de la mano de De Pedro, quien lo promovía como ministro de Justicia. Según varias fuentes fuentes judiciales, ella le habría dicho: "Para vos tengo algo mejor, Sebastián. Quiero hacerte juez federal". Julio Alak salvó el cargo, gracias a alguien más influyente que De Pedro: Doña Ofelia, la mamá de Cristina Kirchner.

El fiscal Guillermo Marijuán escapa de esta órbita. A él se lo vincula con Sergio Massa, debido que ha sido procurador de la Ansés. Sin embargo, en La Cámpora, sospechan que Marijuán tiene comunicación con Mauricio Macri. Se la atribuyen a la mediación de Gabriel Hochbaum, el titular del restaurante Dashi de la avenida Figueroa Alcorta. La ex presidente podría verificar esta información que le llevaron: Hochbaum es íntimo de De Vido, secreto habitué de su reducto. La Argentina es la tierra de la desconfianza. En el macrismo recelan de Marijuán por otra relación: su carrera se inició al amparo del sagaz Carlos Beraldi en la Fiscalía Federal Nº 4. Beraldi, por quien Marijuán siempre expresa admiración, es el defensor de Cristina Kirchner.

El kirchnerismo judicial, liderado por Gils Carbó, proyecta su actividad tribunalicia en los barrios humildes. Desprovistos del amparo del PJ, se guarece a la sombra de Jorge Bergoglio. La procuradora tendió un puente con sacerdotes que trabajan en las villas, a través del programa Atajo, de acceso a la Justicia. Ayer el Papa recibió a un grupo de magistrados, entre ellos figuras estelares de Justicia Legítima, y los felicitó por esa iniciativa. Estuvieron Julián Axat y el fiscal federal de Córdoba Enrique Senestrari, quién no pasa un buen momento. El tribunal oral que trató el caso de los narco-policías en esa provincia, absolvió a los principales imputados y recomendó investigar a Senestrari. El tour incluyó a la fiscal Josefina Minatta, quien ganó saltó a la fama cuando, en 2012, escrachó con huevazos a Domingo Cavallo, con una furia fascistoide similar a la de los pasajeros que maltrataron a Zannini en un avión. En aquella oportunidad Minatta condenó a la Universidad Católica por invitar al ex ministro: "Cobra un alto canon por educar a personas que luego forman parte de una elite que tiende a ser entreguista", explicó. El rector de esa universidad es el arzobispo Víctor Fernández, el representante más directo de Francisco en la Argentina.

¿Oportunismo o milagros de la fe? La relación del kirchnerismo con el carismático Bergoglio es un rosario de sorpresas. Sólo queda por ver a Verbitsky en una audiencia de San Pedro. Es de quien casi todos los peregrinos de ayer aprendieron, hace años, a denostar al Papa.