La ex presidenta y su hijo Máximo fueron imputados en una nueva causa por supuestos hechos de corrupción en la compraventa y el alquiler de inmuebles de la empresa Los Sauces. Los delitos que se investigan son la adulteración de documentos públicos, omisiones y adulteraciones en declaraciones juradas, enriquecimiento ilícito y, eventualmente, lavado de dinero.

La segunda imputación directa contra Cristina (y la primera contra Máximo Kirchner) la hizo el fiscal Carlos Rívolo ante el juez Claudio Bonadio, que investiga una denuncia presentada por Margarita Stolbizer. Mientras esto sucedía en Buenos Aires, el fiscal Guillermo Marijuan quedaba estupefacto varias veces en Santa Cruz por la fastuosidad obscena de las propiedades de Lázaro Báez.

Hay algo raro (o no tan raro) en esas propiedades inmensas y suntuosas: la mayoría de ellas nunca fueron usadas. No es raro, en efecto, si se analizan esas compras como maniobras de lavado de dinero. En definitiva, es mucho más fácil lavar la compra de inmuebles que dinero en efectivo.

Esta imputación contra Cristina Kirchner y su hijo tiene dos rasgos muy especiales. El primero es que se trata de una investigación en manos del juez Bonadio y del fiscal Rívolo; ambos han mostrado una importante independencia respecto de los Kirch-ner en tiempos en los que a la Justicia le costaba ser independiente.

Lo hizo cuando instruía la causa Hotesur, un caso claro de lavado de dinero en hoteles. Se hizo acompañar hasta el Sur por la Policía Metropolitana, bajo el mando del entonces opositor Mauricio Macri. Rívolo fue el fiscal que juntó las primeras y determinantes pruebas contra Amado Boudou en el caso Ciccone, que terminó luego con el procesamiento del entonces vicepresidente (y protegido de Cristina) por parte del juez Ariel Lijo.

La segunda característica es que el caso de la empresa Los Sauces confirma la teoría, extendida entre varios jueces, sobre el sistema de corrupción en los últimos 12 años. Empresarios de obras públicas o subsidiados para la provisión de energía y de transporte facturaban con enormes sobreprecios; ese dinero sobrante servía para pagar sobornos o retornos a los funcionarios que autorizaban los pagos. En algunos casos, como el de Lázaro Báez, eran, además, supuestos testaferros de quienes estaban en la más alta instancia política del país. Por eso, en algún momento Báez se vio en la desesperación de esconder dinero en el exterior o lavarlo en el país. El fiscal Marijuan descubrió en El Calafate que las sábanas y toallas de sus estancias no habían sido usadas nunca. Canchas de fútbol 5 con riego automático y quinchos con aperturas automáticas de puertas y ventanas. Todo eso tenía Báez en Santa Cruz y no lo usó jamás.

Báez y Cristóbal López vuelven a aparecer en el caso de la empresa Los Sauces, que le costó la segunda imputación a la ex presidenta y la primera a su hijo por delitos de corrupción. La primera imputación a Cristina la hizo el fiscal Marijuan por la ruta del dinero K, que es lo que está investigando en Santa Cruz. Un aspecto llamativo del expediente de Los Sauces es que hay un edificio construido por Lázaro Báez, con plata de Báez, sobre un terreno de Néstor Kirchner, que éste donó a su empresa, Los Sauces. Báez y Cristóbal López alquilaron luego ese edificio. ¿Cómo se explica que Báez haya construido con su dinero un edificio sobre un terreno de Kirchner y luego haya pagado por el alquiler del edificio? "Desconfianza. La vieja desconfianza de Néstor Kirchner", explica un juez que conoce varias pesquisas en marcha.

Otra extravagancia. La empresa fue incluida en sus declaraciones juradas por los Kirchner como adquirida en 2010 por 900.000 pesos, pero fue inscripta en el Registro de la Propiedad sólo dos años después, en 2012. En 2011, la compró por 200.000 pesos Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner. En 2012 la compraron los Kirchner, pero por un precio sideralmente más alto: 250.000 dólares. La constitución societaria de la empresa quedó inicialmente de esta manera: Néstor y Cristina Kirchner tenían, cada uno, el 45% de las acciones, mientras que Máximo Kirchner era dueño del 10% restante. Después de la muerte del ex presidente, las acciones se dividieron de esta forma: Cristina, con el 45%; Máximo, con el 32,5, y Florencia Kirchner, con el 22,5. La empresa tenía ocho inmuebles en la Capital Federal, Río Gallegos, El Calafate y el Chaltén; se los alquilaba sólo a Lázaro Báez y a Cristóbal López. "Los alquileres podrían ser sobornos o retornos a los Kirchner por los negocios que entregaron a Báez y López durante 12 años", escribió Stolbizer en su denuncia inicial. Bonadio y Rívolo avanzaron luego en la obtención de pruebas.

Cierta opinión pública tiene dudas sobre los resultados de los allanamientos en Santa Cruz porque no se encontró dinero suficiente. La conclusión es equivocada. Se encontró muchísimo dinero en bienes inmuebles, tres veces más que los previstos en la primera orden del juez Sebastián Casanello. Las espléndidas estancias y casas estaban recién hechas. La Justicia deberá investigar ahora cuándo se hicieron esas obras y cómo se pagaron. Es posible que Marijuan impute a más personas en esta causa, que tiene todas las características de una monumental operación de lavado de dinero.

En rigor, es Marijuan quien le está dando una orientación a esa causa. El juez Casanello parecía llevarla sin una dirección clara y cierta. Casanello es conocido en los tribunales por su vieja relación con La Cámpora y con el ex viceministro de Justicia cristinista Julián Alvarez. Sin embargo, exponentes importantes de la justicia federal confían en el progreso de la investigación porque Casanello está atenazado por dos factores. Uno es la calidad del fiscal: Marijuan es conocido como un funcionario implacable en los tribunales. Otro elemento determinante es que la investigación está siendo supervisada por la única sala independiente y prestigiosa de la Cámara Federal. Es la integrada por los jueces Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah. Los tres jueces, que están por encima de Casanello, ya le indicaron al magistrado que fuera mucho más allá de sus propósitos iniciales.

Casanello ha recibido consejos de pares y superiores para que ponga en prisión, cuanto antes, a Martín Báez, el hijo de Lázaro. "Es sólo el hijo. Yo también tengo hijos", suele responder Casanello. Casanello se equivoca: Martín Báez tiene 35 años, no es un adolescente al que su padre lo lleva a cualquier parte, y es accionista de todas las empresas de Lázaro Báez. En resumen: si las empresas de Lázaro Báez lavaron dinero, también es culpable su hijo y socio, Martín. Su eventual detención no sería una extorsión, sino una conclusión lógica de la investigación. Casanello lo citó a declaración indagatoria para el próximo viernes. Martín Báez podría estar viviendo los últimos días en libertad.

Casanello difícilmente llegue, por sus antecedentes y su actual gestión, hasta Cristina Kirchner. Pero significará sólo un descanso para la ex presidenta. El juez fue empujado por la Cámara Federal para que decidiera los allanamientos que finalmente hizo el fiscal Marijuan. El propio Marijuan está decidido a llegar hasta los que mandaban en el país en los tiempos en que Lázaro Báez se enriqueció sin límites ni medidas. La polémica sobre si se llegará o no a Cristina Kirchner es poco consistente. ¿Por qué se condenaría a alguien por lavado de dinero sin averiguar el delito precedente, es decir, cómo consiguió el dinero? ¿Por qué, si Báez construyó su inmensa fortuna con la obra pública que le prodigaron los Kirchner durante 12 años? Varios jueces quedarían a tiro de un juicio político en el Consejo de la Magistratura si el hilo se cortara en el lavado de dinero de Báez.

Báez también aparece en la causa Hotesur alquilando habitaciones vacías en hoteles de Cristina Kirchner. Típico y antiguo método de lavar dinero. Esa causa es la más sencilla de esclarecer. Basta, como dice el periodista Hugo Alconada Mon, con contar las medialunas y las sábanas que se mandaban a lavar y compararlas con las habitaciones supuestamente ocupadas. La causa terminó en manos del juez Julián Ercolini, luego de que otra sala de la Cámara Federal, la más cuestionada y la que más desconfianza merece (integrada por los jueces Jorge Ballesteros y Eduardo Freiler), la retuviera desde octubre pasado para establecer si el juez competente era Ercolini o Daniel Rafecas.

Otra cosa es el cómo y el cuándo se llegará a Cristina Kirchner. Un consenso entre jueces señala que una ex presidenta necesita de una carga de pruebas más sólidas que cualquier otro mortal. La oportunidad ocurrirá, dicen, luego de que muchos de sus viejos colaboradores hayan ido a parar a la cárcel. No quieren convertir una eventual sentencia merecida en un espectáculo de resurrección política. Deberán caer antes los que la rodearon. Es simple. Primero ellos; después ella.