¿Qué hacía Cristina Fernández cantando y bailando en el balcón del quinto piso de su departamento en el barrio de Recoleta horas antes de comparecer ante la Justicia, imputada por el delito de administración fraudulenta y abuso de autoridad? ¿Cómo se atrevió a hablar de distribución de la riqueza, cuando dejó, como jefa del Estado, una concentración económica mayor que la que heredó y se negó a medir la pobreza, que, según el observatorio de la UCA, llegó casi al 30% de los argentinos? ¿Quién puede creer, a esta altura, su remanido relato sobre la censura y el pedido de libertad de expresión, cuando Ella se dedicó, de manera personal, a perseguir a periodistas y medios críticos? ¿Cómo hacerlo cuando ayer mismo la guardia de corps de La Cámpora impidió la cobertura de TN y agredió a una periodista de Radio Mitre, mientras la televisión pública transmitía en directo su discurso político, disociado por completo de la realidad y de su propia situación procesal?

Tampoco se entiende por qué la Policía Federal le cedió a La Cámpora la organización completa del acto, desde el acceso de la prensa hasta la seguridad. Lo hicieron, el presidente Mauricio Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, porque querían mostrar a los argentinos que había regresado, durante unas horas, la cultura política del odio, el resentimiento y el pasado de la lógica amigo y enemigo? ¿Lo hicieron porque intentan dividir, todavía más profundamente, al peronismo, para acumular más poder?

Y, para volver a Cristina Fernández, ¿en serio creerá que se puede comparar con Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón? ¿De verdad piensa que una citación judicial en tiempo y forma la transforma en una heroína prerrevolucionaria? La ex presidenta tiene todo el derecho de expresarse y convocar a un acto político. También tiene derecho a sugerir la formación de una organización social, un "gran frente ciudadano" superador del Partido Justicialista, que le sirva para volver y ganar las elecciones. Nadie debería inquietarse, incluso, porque ella haya recordado que la familia de Macri, en especial, su padre, Franco, hizo buena parte de su fortuna por la vía de contratos con el Estado. Y tampoco porque desempolve el sobreseimiento de la Corte menemista de mayoría automática en la causa de contrabando de autos que involucró a una de aquellas empresas familiares. Es bueno que insista sobre la sociedad ofshore con sede en Panamá en la que aparece el actual presidente. Es saludable que pida aclaraciones sobre por qué no la incluyó en su declaración jurada. Pero ¿no tiene nada que decir sobre la ruta del dinero K, la detención y el procesamiento de su socio Lázaro Báez, los alquileres de las habitaciones de hoteles a Hotesur SA o la presunta falsificación de documentos de su otra sociedad, Los Sauces SA? ¿No tiene nada que explicar, por ejemplo, sobre las condenas y la detención del ex secretario de Transporte de Néstor Kirchner y de ella misma? ¿No forma parte de su agenda discursiva la tragedia de Once, quizá la prueba más contundente de que, por lo menos en la Argentina que ella gobernó, la corrupción mata?

¿Y dónde estuvo Cristina Fernández durante estos últimos cuatro meses? ¿No tuvo oportunidad de ver las escenas en las que aparecieron integrantes de la Tupac Amaru de Milagro Sala retirando decenas de millones de pesos en efectivo de las cajas de los bancos de la provincia de Jujuy? ¿No vio con sus propios ojos o le contaron las repugnantes imágenes de Martín Báez, el hijo de Lázaro; su contador, Daniel Pérez Gadin, y su hijo, y Fabián Rossi, entre otros? ¿No tiene nada que aclarar sobre su controvertido papel en el trámite judicial en el que permanece procesado su ex vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone?

No es mentira que desde que la nueva administración asumió la inflación viene aumentando mes a mes, como consecuencia de la devaluación que puso fin al cepo, el descontrol del precio de los alimentos que el Gobierno no puede combatir y el incremento de las tarifas de luz, gas y transporte público. Tampoco es falso que la pobreza y la indigencia se multiplicaron, debido a que los nuevos precios de la economía subieron mucho más que los salarios viejos de los trabajadores formales.

Se puede estar en contra del acuerdo con los holdouts y gritarlo todas las veces que se considere necesario. Se puede reclamar por los despidos injustos y por la suba de la desocupación en el sector privado, y por el sesgo "neoliberal" de las primeras medidas del nuevo gobierno. Pero ¿de verdad pretende Cristina hacerle crecer a todo el país que ella no tiene ninguna responsabilidad en cada uno de estos gravísimos problemas? Y la militancia que la respalda y la acompaña, ¿compra y defiende todo el combo completo? ¿Compra el discurso ezquizofrénico de Axel Kicillof, quien habla de la megadevaluación de Alfonso Prat-Gay, cuando la que decidió, en enero de 2014, fue mayor y con peores consecuencias? ¿Compra la idea de que lo que está haciendo Federico Sturzenegger con el dólar futuro es más nocivo que lo que autorizaron la ex presidenta, él y el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli, al vender a 10 pesos lo que en el mercado se compraba a 14 o a 15?

La militancia ¿compra, tolera y soporta también la megacorrupción del Estado con la que viene acompañado "el proyecto nacional y popular de matriz productiva con inclusión social"? Porque la decisión de utilizar al Estado para generar negocios sucios no fue un hecho aislado. Lo empezaron a denunciar periodistas de la ciudad de Río Gallegos, como Daniel Gatti, el autor de libros sobre El amo del feudo y Entre cajas. Continuaron con la misma tarea los trabajadores de prensa de la agencia OPI Santa Cruz. Lo transformó en una denuncia por asociación ilícita la diputada Elisa Carrió y otros miembros de ARI, en 2008. Lo puso sobre el tapete LA NACION, en un editorial, antes que Néstor Kirchner asumiera como presidente. Y también lo constataron los medios de la Editorial Perfil. Y lo fueron corroborando en el camino dirigentes que fueron socios o pertenecieron al Frente para la Victoria.

Ciertos analistas políticos tradicionales explican que Cristina Fernández montó esta especie de reality show político para amedrentar a los fiscales y los jueces que la tienen en la mira. Pero, más que por la ex presidenta, los hombres y mujeres que imparten justicia están siendo interpelados por una buena parte de la opinión pública. La demanda sigue siendo que vayan presos los que delinquieron y que devuelvan el dinero los que saquearon al Estado. Esto no significa aprobar a libro cerrado todo lo que están haciendo Macri y su equipo. Pero queda bien lejos del planeta donde parece vivir Cristina.