Ningún gobierno argentino en los últimos cien años creyó necesario montar como el kirchnerista en este caso, Cristina Fernández, su hijo Máximo y sus principales socios, Cristóbal López y Lázaro Báez— a cubierto de las causas abiertas o por abrirse en su contra en diversos tribunales del país. Fue precisamente a esos efectos que se nombró a Ricardo Echegaray en la Auditoría General de la Nación, a Alejandra Gils Carbó en la Procuraduría General, a decenas de magistrados simpatizantes del kirchnerismo o pertenecientes a la agrupación Justicia Legítima en distintos estrados, y a Héctor Recalde como jefe de su bloque de diputados en el Congreso Nacional.
La corrupción fue tan notoria y generó tanto ruido por su envergadura, que la ex–presidente, por razones de auto preservación, decidió antes del 10 de diciembre protegerse y proteger a sus íntimos con base en una estrategia que consideró a prueba de balas.
A escasos cien días de la finalización de su mandato, la viuda de Kirchner ha sido testigo presencial de cómo todo ese andamiaje de impunidad quedó reducido a escombros. La fortaleza imaginada resultó apenas un castillo de naipes, incapaz de resistir un simple soplido. Entre otras razones, porque el código de silencio en este caso brilló por su ausencia.
El puntapié inicial del desmadre lo dio Ricardo Echegaray. Sin decir ¡Agua va! en una entrevista se permitió adelantarse a la justicia y sentenciar que Lázaro Báez iría preso. La reacción de éste, como era previsible, no se hizo esperar. Con la particularidad de que cargó, al mismo tiempo, contra su acusador y contra la hermana del fallecido jefe del clan santacruceño: Alicia Kirchner. Pero ésta, a su vez, ni lerda ni perezosa, le quitó al empresario veinticuatro obras públicas en la provincia de la cual es gobernadora.
Lo expresado pone en evidencia algo que se venía venir, producto de la falta de un líder que, aun en la adversidad, fuese capaz de imponer su autoridad delante de la tropa. Néstor Kirchner quizá hubiese podido hacerlo; su mujer, en cambio, no. De modo tal que, librados a su suerte, cada uno de los involucrados en las investigaciones en curso, o temerosos de ser imputados más adelante, prendieron el ventilador y apuntaron para otro lado.
Los dioses caídos no dependen más de un blindaje que ha probado resultar de cartón. Están en las manos de los jueces federales, que por espacio de años fueron funcionales al kirchnerismo, y de la decisión que adopte Macri. Cansados aquellos magistrados con despacho abierto en Comodoro Py de los manoseos que sufrieron y de los ataques de los cuales fueron objeto a partir del año 2011, ahora quieren revancha. Claro que, siguiendo la lógica del poder en la Argentina, difícilmente lleguen hasta las últimas instancias sin antes cambiar impresiones con la Casa Rosada. Dicho brutalmente: hoy Cristina Fernández, Julio de Vido, Aníbal Fernández, Cristóbal López, Lázaro Báez, Máximo Kirchner y Ricardo Jaime están a merced del juez Claudio Bonadío y de Mauricio Macri.
Ahora bien, la suerte de los kirchneristas sujetos a investigación se halla en manos del gobierno en virtud de que ningún juez federal cometería el extravío de procesarlos sin antes ponerse de acuerdo con el poder real. Sobre todo teniendo en cuanta que la actual es una administración en sus inicios y goza de un amplia aceptación pública. Sobre el particular, los tiempos judiciales deben acompasarse y subordinarse a los de la política.
¿Le conviene a Mauricio Macri que la ex–presidente sea procesada? Si Máximo Kirchner estuviese involucrado hasta las manos en el sistema de corrupción vertebrado por sus padres, ¿convendría dar la batalla para obtener los dos tercios de los votos en la Cámara correspondiente y así desaforarlo? Preguntas de esta índole podrían hacerse respecto de tantos otros políticos y funcionarios del régimen caído. De momento, carecen de respuesta.
En el gobierno hay quienes estiman, con buenas razones, que al gobierno un escarmiento le daría mayor espacio de maniobra. Otros, inversamente, le aconsejan al presidente mirar para adelante. La ventaja inicial que tiene la Casa Rosada es que en estos casos no hay anuncios ni órdenes públicas que transparentar. Se puede mentar, por un lado, la independencia judicial a tambor batiente y, por el otro, darle el visto bueno a Comodoro Py para actuar. Desde ya, nadie se escandalizaría por ello.
Hay una segunda ventaja, no menor, con la cual puede contar el Poder Ejecutivo: no lo acosan los tiempos. Tal como se halla planteada la situación, lo mejor sería que la guerra intestina, estallada en el riñón K, escalase sin solución de continuidad en el tiempo y dejase más expuestos a sus principales figuras ante la opinión pública. En este orden, desde Brasil han llegado versiones que le habrán quitado el sueño a más de un ex–funcionario del kirchnerismo y también de otras administraciones: un importante empresario estaría al punto de revelar información clave respecto al escándalo de Petrobras, dejando en descubierto la trama de corrupción que alcanza a la clase gubernamental y política carioca. Las conexiones no harían ninguna gracia a los Kirchner y sus ministros.
