"Habiendo transcurrido ya más de dos tercios de los críticos cien primeros días, se tiene ya una percepción del estilo de la conducción económica, a la vez que se puede efectuar una primera evaluación del rumbo adoptado", aseguran en su informe semanal los especialistas en política, Massot y Monteverde.

La defensa del enfoque gradualista ha dominado el debate público en los últimos nueve meses, postura que constituiría el eje de la política económica actual.
Cabe, en primer lugar, analizar en qué consiste una postura gradualista, plantear los argumentos a favor que esgrimen sus valedores y las críticas en su contra, para luego cuestionarnos si estamos efectivamente ante una política de ese cuño.

Gradualismo refiere a desarrollar un plan o conjunto de acciones de a poco, en forma paulatina o progresiva, para alcanzar un objetivo que podría también lograrse llevando a cabo aquel conjunto de acciones de una sola vez.

Nótese, en primer lugar, que la gradualidad no significa un cambio o disminución del objetivo ni pretende un alcance parcial del mismo; no consiste en quedar a medio camino.

Quienes defienden las posturas gradualistas no cuestionan la necesidad de desarrollar ciertas acciones, de adoptar ciertas medidas, sino que argumentan que solamente mediante su implementación progresiva se puede aliviar los sufrimientos y evitar las tensiones sociales y políticas que frustrarían el alcance del objetivo.

En primer lugar, es controversial que la adopción paulatina de medidas alivie los dolores y evite las tensiones sociales. Puestos en la necesidad de amputar un dedo gangrenoso, no parece que la política quirúrgica de cortar todos los días un pedacito alivie el trauma sino que con seguridad lo multiplicará.

Por otro lado, el gradualismo demora la llegada de las mejoras; es decir, se estiran en el tiempo los dolores sin que asome la luz de una recuperación. Para peor, la sucesión de traumas llega cuando los gobiernos han ido perdiendo el amplio margen de maniobra que brinda la consagración en las urnas. Las críticas, los reclamos y la misma acción de gobierno poco a poco van horadando la imagen y el escudo de inmunidad de los primeros días.

El reloj social cuenta muy rápido las horas: nótese en este sentido que la administración macrista no goza ya del grado de comodidad con que contó en sus primeras cuatro semanas de gestión.

Por último y lo que es más crítico, se corre el riesgo concreto de llegar tarde; cuando finalmente se terminó de cortar el dedo puede descubrirse que ahora la gangrena alcanzó al pie.

Las sociedades, los mercados, no quedan cruzados de brazos ante la acción del gobierno; no sólo reaccionan sino que proaccionan buscando adelantarse a los acontecimientos.

Hasta el plan más sólido y consistente puede quedar desactualizado a apenas horas de ser lanzado. Ahora bien, y en función de lo hasta aquí visto y anunciado, corresponde cuestionarse si es realmente gradualista la política económica actual.

El paso a paso sugeriría una respuesta afirmativa. Sin embargo, hemos dicho que el gradualismo procede de acuerdo a un plan prefijado; hasta el momento, en cambio, sólo se han divulgado metas, nada se conoce de un plan de acción ni se ha comunicado el modo en que piensan alcanzarse tales objetivos.

Más que gradualista, el proceder oficial ha seguido más bien una táctica de prueba y error, dando marcha atrás cuando surgen resistencias importantes; muchas acciones que antes del 10 de diciembre se daban por descontadas siguen sin aparecer en escena.

El principal partidario de este proceder es el mismo presidente de la Nación; la grieta que se ha abierto entre el ministro de Hacienda y el jefe de gabinete de ministros no pasa por esta cuestión; tampoco el ministro del Interior —quien es visto como un adversario por Prat Gay— tiene diferencias en el enfoque.

La crítica a enderezar no obedece, pues, a una cuestión principista; se basa en un aspecto eminentemente práctico: las consecuencias de llegar tarde suelen ser catastróficas. La inflación es uno de esos problemas que le van mordiendo los talones a la acción gubernamental.

Aunque el ministro de Hacienda afirmó días atrás que “lo peor ya pasó”, lo cierto es que las estimaciones preliminares muestran que la inflación se mantendrá en niveles muy altos en febrero. Los aumentos en electricidad y prepagas tendrán una incidencia de dos puntos y medio porcentuales en el índice de precios. También impactarán las subas de 25 % en los peajes y los incrementos en patentes y naftas. Estacionalmente, febrero es un mes de desaceleración en los precios; este año eso no ocurrirá.

El director del INDEC reconoció la preocupación del gobierno por el tema. La promesa de devolverle credibilidad al INDEC sufrió un serio traspié con el desplazamiento de la respetada técnica G. Bevacqua.

Bevacqua había sido despedida del organismo en 2007 por negarse a adulterar los índices de precios. Su nuevo alejamiento obedeció a la presión política por confeccionar un índice de precios a la brevedad.

Bevacqua pedía más tiempo para armar equipos y lograr un índice de precios confiable, que continuara la serie anterior del IPC. Se espera que en los próximos días sean removidos otros directivos designados por Bevacqua.

También juega un papel el sinceramiento cambiario implementado, que quedó corto frente a la evolución del resto de los precios de la economía. Lo mismo ocurre con el reacomodamiento tarifario pendiente, que espera momentos políticos más propicios (la duda, claro, es si los habrá, conforme nos alejemos del período inicial de inmunidad).

La semana pasada explicamos que combatir la inflación con una estrategia exclusivamente monetaria representa una amenaza seria para la actividad económica.

Párrafo aparte merece la iniciativa oficial de crear el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA), una plataforma electrónica donde los consumidores podrán conocer los valores de los artículos que se venden en todos los comercios.

Todos los comercios minoristas de productos de consumo masivo deberán informar en forma diaria los precios de venta al público vigentes en cada punto de venta. Los consumidores podrán comunicar eventuales inconsistencias respecto a la veracidad, claridad y oportunidad de la información proporcionada al SEPA por los comercios, lo que acarreará sanciones. Quienes incumplan el deber de informar también serán sancionados.

Lo perverso de esta iniciativa es que sigue alimentando la errada concepción de que la inflación la generan los comerciantes y no el Estado. Se hiperregula y hace más compleja y costosa la operación comercial, sin aportar una herramienta verdaderamente útil.

No debe perderse de vista que el atraso cambiario aumenta día a día, al compás de una inflación que no cede y que, aun si se cumplieran las metas oficiales, seguirá siendo elevada.

Por último, para esquivar el ataque de fondo al desmadrado gasto estatal, el gobierno ha optado por apoyarse en el endeudamiento, tanto fiscal como cuasifiscal, para solventarlo. El endeudamiento externo acarreará un mayor retraso cambiario, pues el ingreso de esos fondos presiona a la baja el tipo de cambio nominal.