Los encargados de castigar el robo de los recursos públicos también están bajo sospecha. Por eso, la ola de escándalos deriva en una tensión inevitable: el cuestionamiento de la justicia federal, sobre todo de los 12 jueces de instrucción de la ciudad de Buenos Aires.

Ellos son los encargados de investigar a los funcionarios nacionales. Estos magistrados, en vez de una solución, parecen a menudo ser parte del problema. Sencillo: las irregularidades se multiplican porque se sabe de antemano que no serán penalizadas. Este inquietante panorama planteó la primera crisis dentro de la coalición gobernante. Si el miércoles pasado Mauricio Macri, Ernesto Sanz y Elisa Carrió debieron reunirse de emergencia, fue por las denuncias de la diputada sobre el rol de la justicia federal.

Claudio Bonadio, Rodolfo Canicoba Corral, Sebastián Casanello, Ariel Lijo, Marcelo Martínez de Giorgi, Norberto Oyarbide, Daniel Rafecas, Sebastián Ramos, Julián Ercolini, Luis Rodríguez, María Servini de Cubría y Sergio Torres, los doce jueces de instrucción de los tribunales federales porteños, tienen un rol estratégico en el combate o la tolerancia a la corrupción. Ellos deciden en cada causa qué prueba es pertinente y cuál debe rechazarse. Resuelven los llamados a indagatoria. Deciden quién hace las pericias: ¿la Corte, la Procuración o la Oficina Anticorrupción? Es una selección es clave en las causas por enriquecimiento ilícito, como demostró Norberto Oyarbide al perdonar a los Kirchner.

La forma en que jueces federales vienen administrando ese poder ha creado un problema para la vida pública. Y para ellos. Los procedimientos suelen llamar la atención por su lentitud. Víctor Alderete fue condenado en octubre de 2015 por delitos cometidos en el PAMI hace 16 años. Guillermo Moreno comenzó a demoler el Indec en 2007. Pero el fiscal Carlos Stornelli esperó hasta el martes pasado para pedir su indagatoria ante Canicoba Corral. Bernard Madoff fue acusado de fraude en diciembre de 2008 y la justicia norteamericana lo condenó seis meses después a 150 años de prisión: da vergüenza la comparación.

Más llamativa que la demora es la premura. Oyarbide, que ya había batido un récord con los Kirchner, sobreseyó a Carlos Liuzzi, el segundo de Carlos Zannini, a altísima velocidad. Como era amigo del imputado, la Cámara derivó el caso a Luis Rodríguez, que lo cerró en un santiamén. El fiscal Ramiro González no apeló. Los camaristas acaban de revocar la absolución. Para juzgar a Liuzzi hace falta un tercer juez: Martínez de Giorgi.

Bonadio, implacable con los Kirchner, supo tener épocas más misericordiosas: sobreseyó a los secretarios privados de la ex presidenta, que habían multiplicado su patrimonio de manera sideral, dos días después de que ella obtuviera el 54% de los votos. El fiscal, Guillermo Marijuan, no apeló. Ahora Bonadio usa el látigo. El próximo 13 espera a la señora de Kirchner para que explique las ventas de dólares del Banco Central. Ella irá acompañada por un defensor amigo del juez: Raúl Zaffaroni.

Hay casos en los que estos jueces rompen la barrera del sonido: cuando examinan a un colega. El camarista Eduardo Freiler fue acusado por enriquecimiento ilícito por Ricardo Monner Sans en agosto del año pasado. La denuncia hacía pensar que Freiler, coleccionista de autos de lujo, hacendado y dueño de una mansión en lo mejor de Olivos, era descendiente de algún Rothschild. Pero el fiscal González, el mismo que aceptó el sobreseimiento de Liuzzi, convenció a Martínez de Giorgi de que todo había sido comprado con un sueldo. Menos mal. De condenar a Freiler, Martínez de Giorgi se habría expuesto a un problema familiar: su esposa, Ana María Juan, trabaja como secretaria a las órdenes del camarista. Freiler, igual, no debe relajarse. En lo de Canicoba Corral todavía hay un expediente por la financiera en la que está asociado a María Lago, la esposa de Alfredo "Freddy" Lijo, hermano del juez Ariel Lijo.

Más allá de aceleraciones y retrasos, hay un detalle estadístico que revela la baja calidad de estos procedimientos: la justicia federal porteña no eleva a juicio más del 5% de los casos que investiga. La única excepción reciente fue la de la tragedia ferroviaria de Once, que Bonadio tramitó bajo una gran presión pública. Aun así, Julio De Vido logró ponerse a salvo desde un primer momento, gracias a los oficios de su gestor en tribunales. Es "Freddy Lijo, el hermano del juez y esposo de la socia de Freiler. Las condenas no fueron más arriba de Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime.

Freiler es el padrino judicial de Casanello, un magistrado de dos velocidades. Así como arrastra los pies en la causa Hotesur, que involucra a la familia Kirchner, sobreseyó con la rapidez de un rayo a Macri, en el caso de las escuchas telefónicas. Macri debió igual esperar años. Y ganar la Presidencia.

A Jaime le tocó, en su condición de ícono de la corrupción kirchnerista, quebrar la inercia. El juez Ercolini descubrió que Jaime, quien por razones obvias visita todos los días tribunales, podría huir de la Justicia. Entonces, sin siquiera someterlo a indagatoria, dejó llevar un sábado, y lo detuvo. Fue por compras ferroviarias del año 2005, que se investigan desde hace cinco años. A ningún magistrado federal se le ocurrió que Cristóbal López o Lázaro Báez estén en condiciones de escaparse. O de destruir pruebas, como parecen estar haciendo con sus últimos movimientos societarios. Tuvo que aparecer un juez contencioso administrativo, Esteban Furnari, para, en el caso de López, impedir ese proceso interviniendo las empresas.

La repentina captura de Jaime es la otra cara de la impunidad. Alarmados por la demanda social, los jueces comenzarán a hacer justicia en defensa propia. Se sienten amenazados. El ministro de Justicia, Germán Garavano, pretende crear un grupo de jueces federales del crimen organizado, que vaciaría a los juzgados actuales de sus competencias sobre narcotráfico y lavado de dinero. El proyecto está recibiendo objeciones técnicas. Sobre todo una: ¿para qué crear ese equipo si en poco tiempo la instrucción de las causas estará a cargo de fiscales? Es lo que estableció la reforma del Código Procesal el año pasado.

Los jueces federales porteños están en estado de alerta. La idea de Garavano puede ser el comienzo del fin de su poder. El reflejo más inmediato de esos magistrados fue pedir a Oyarbide que no se jubile. Oyarbide les ha prestado un servicio inigualable: concentrar en su persona casi todo el monto de mala fama disponible. Sus compañeros temen que, si se va, el desprestigio de difunda. Por eso Daniel Angelici, el presidente de Boca, todavía no pudo llevar a su jefe la coqueta cabeza de ese juez, como había prometido.

Macri intentó tender un puente judicial con Angelici. Pero el mediador fracasó antes de empezar. Su problema más obvio es que se dedica a la explotación del juego, con todo lo que eso significa. Además, Angelici cae mal en tribunales. No sólo por detalles de estilo, como echar el humo de su puro en la cara de los jueces. Hay un problema más delicado: su conexión con la Agencia Federal de Inteligencia. Macri confió a Angelici, a través de su pupilo Sebastián De Stéfano, la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la ex SIDE. Y también puso bajo su órbita la Dirección de Finanzas, a cargo de Juan José Galea.

Mala señal

Este vínculo entre Justicia y espionaje es la peor señal institucional que ha dado Macri desde que asumió. Más aún: todavía no se entiende por qué no obedeció a quienes le aconsejaron, como Jaime Durán Barba, dinamitar la antigua SIDE. La mención de esa oficina a los jueces a pensar que la era Stiuso aun no ha terminado. Desde allí se armaron y desarmaron expedientes, presionando a jueces y fiscales para perseguir a los enemigos, apañar a los amigos, o hacer negocios. La leyenda dice que el cineasta Stiuso podría competir con Netflix. Los jueces temen que Angelici represente la continuidad de esos métodos. Sobre todo por su proximidad con Darío Richarte, el vicepresidente de Boca, quien trabajó, en coordinación con Stiuso, como abogado de innumerables kirchneristas acusados de corrupción.

El otro inconveniente de Angelici es que Carrió lo inutilizó como interlocutor. Hoy no hay juez que quiera compartir un café con él por miedo al qué dirán. Pero la mayor dificultad es que no controla el Consejo de la Magistratura. Hoy el oficialismo domina la mayoría de ese cuerpo. Y está a un voto de alcanzar los dos tercios, indispensables para remover a un magistrado. Esas llaves no las maneja Angelici, que domina sólo los votos del representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques, y de la de los abogados, Adriana Donato. Es posible que hoy Garavano, en alianza con los radicales, influya muchos más sobre el Consejo. Balance: hasta ahora lo único que ganó el "operador" Angelici es una imputación del fiscal Federico Delgado, que lo preocupa.

El estado de la Justicia es una amenaza para Macri. El problema de la corrupción y la impunidad están en el origen de su poder. Macri no sería presidente si María Eugenia Vidal no hubiera triunfado en la provincia. Y Vidal no habría triunfado sin una ola de repudio al vínculo entre crimen y política que el electorado encarnó en Aníbal Fernández. Quiere decir que Macri recibió un mandato de regeneración política. Pero su Gobierno no ha dado todavía una respuesta consistente y sistemática a ese reclamo. En otras palabras: la gestión de Cambiemos todavía no ha expuesto una estrategia para restaurar la calidad de la Justicia y eliminar la corrupción, equivalente a la que exhibe para normalizar la Economía o realinear la política exterior.

Esta deficiencia es comprensible. Macri entiende que la dimensión político-institucional de su tarea es un costo irritante de lo que importa de verdad: la gestión material de los problemas. Ese menosprecio lo amenaza con varios costos. No sólo provocará una perplejidad creciente entre los miembros de su equipo, que son en su inmensa mayoría gente honesta, dispuesta a perder plata en el Estado. También abrirá una grieta dentro de su coalición, como insinúa el conflicto con Carrió. Pero, lo más relevante, es que dañará también su empresa administrativa. Ya se demostró con el menemismo: cualquier proceso de modernización material de la sociedad fracasa si no va acompañado de una expansión del imperio de la ley.