No estamos hablando de los garrafales errores que la ex presidenta cometió el año pasado como líder del Frente para la Victoria en una estrategia electoral que, con la nominación de Aníbal Fernández, le sirvió en bandeja la provincia de Buenos Aires a sus opositores y terminó de minar las perspectivas de Daniel Scioli. Tampoco nos estamos refiriendo al protagonismo de figuras recalcitrantes del kirchnerismo, como Guillermo Moreno y Axel Kicillof, cuyas últimas intervenciones públicas no han hecho más que prolongar la luna de miel de parte del electorado con Macri. O a las contradicciones de dirigentes K que hoy reclaman una consulta popular sobre el pago de la deuda a los holdouts que no se les ocurrió proponer cuando el gobierno kirchnerista saldó al contado y por anticipado la deuda con el FMI.

Es verdad que el actual gobierno nacional se está beneficiando, en cuanto a apoyo de la opinión pública, de la progresiva caída en desgracia del kirchnerismo. Sin embargo, lo que más está capitalizando el frente gobernante son algunos de los vicios institucionales que le dejó la gestión kirchnerista. Concretamente, la tan cuestionada reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), impuesta por los Kirchner en 2006, y el unitarismo fiscal que desde hace años consagra la dependencia de los gobiernos provinciales de las arcas del Estado nacional.

Ambas herramientas son el mejor contrapeso que hoy tiene el macrismo para paliar las dificultades que le ocasiona el hecho de ser una expresión minoritaria en el Congreso de la Nación.

Anteayer, merced a una abstención del representante de Sergio Massa que los macristas no esperaban, el oficialismo sufrió su primer traspié parlamentario. La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, con la rúbrica de los ocho miembros que allí tiene el Frente para la Victoria, impidió que el macrismo emitiera dictamen favorable al decreto que modificó el impuesto a las ganancias para los asalariados. El diputado massista en cuestión, Raúl Pérez, clave para el fracaso del oficialismo, consideró que el decreto que subía el mínimo no imponible era "escaso e injusto".

Claro que la derrota del Gobierno dista de ser definitiva. Gracias a la reglamentación de los DNU que en su momento hizo sancionar el kirchnerismo, estos instrumentos sólo pierden vigencia cuando son explícitamente rechazados por las dos cámaras del Congreso, algo improbable. Con que una sola lo apruebe, el decreto es convalidado para siempre. Y mientras ninguna de las dos lo trate, sigue vigente.

Varios de los actuales aliados de Macri, como los radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales, cuestionaron duramente, en 2006, esta reglamentación, que fortalecía el hiperpresidencialismo y la "decretocracia", por considerarla contraria a la propia Constitución.

Curioso resulta que hasta 2002, Cristina Kirchner, por entonces presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, al analizar una posible reglamentación de los DNU, consideró que si el Congreso no se pronunciaba sobre su validez, pasados 30 días, los decretos debían considerarse no convalidados y perder vigencia. Pero la propia Cristina modificó diametralmente su criterio cuando su esposo llegó a la Casa Rosada y defendió, como senadora, la posibilidad de que el silencio parlamentario convalide cualquier decreto. Algo de lo que, contradicciones al margen, el gobierno de Macri puede beneficiarse hoy.