Y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, tampoco se sorprendió demasiado por la primera citación judicial a la presidenta Cristina Fernández.
El ya había monitoreado la mayoría de las causas que la involucraban. Entonces ya imaginaba que, por una denuncia o por otra, en algún momento, algún juez federal la iba a llamar a declarar. Lo que nadie anticipó es que la invitación acontecería tan rápido. O que un magistrado se despacharía, de una, con un pedido de declaración indagatoria. Tampoco que generaría tanto impacto en el sistema político y la opinión pública.
el juez federal Claudio Bonadio lo hizo. Dos de sus colegas, por lo bajo, consideraron la citación por lo menos apresurada. Pero ninguno de los que está en la cosa en Comodoro Py, dejó de reconocer que el presunto delito que se le imputa tiene justificación jurídica. Que no es un delirio o un capricho presentarla como la última responsable de defraudar al Estado por haber autorizado la venta de un dólar a futuro que terminará provocando una pérdida de $ 76.000 millones a las arcas del Banco Central. "Claudio la esperó y la atacó por donde menos lo esperaba, pero los fundamentos son impecables.
Se puede discutir si estamos frente a un delito flagrante o a un caso de mala praxis o de negligencia, pero lo que hizo (el expresidente del Banco Central, Alejandro) Vanoli, con la autorización expresa de (el exministro de Economía Axel) Kiciloff difícilmente pueda ser considerado un error involuntario" me explicó un jurista que además es experto en delitos económicos y financieros.
Así lo entendieron también dos expresidentes del Banco Central, Alfonso Prat Gay y Martín Redrado, cuando Bonadio les tomó declaración testimonial en su condición de expertos. ¿Por qué Macri intuyó que la corporación judicial, tarde o temprano, iría a la caza de un pez gordo, incluso el más gordo? Porque ya antes de su victoria electoral, había notado, en muchos fiscales y magistrados un ánimo de revancha, provocado por la humillación de la que se sintieron objeto durante los últimos días años. No tuvo que mover un dedo para recibir la información. Se la enviaron, a través de distintos intermediarios, los mismos fiscales y los mismos jueces.
¿Por qué el jefe de gabinete estaba seguro de que la justicia se despertaría? Porque los resultados de las encuestas cualitativas que leyó lo llevaron a la conclusión de que la opinión pública, en el transcurso de este año, presionaría al sistema judicial para que investigara las denuncias contra los funcionarios más emblemáticos del anterior gobierno. ¿Por qué a Lorenzetti no se sorprendió tanto? Porque conoce el paño como pocos y recibe información sistematizada de cada una de las causas.
"Son cientas las que involucran a funcionarios del anterior gobierno. La mayoría empezaron hace mucho tiempo. Y algunas están avanzando con notable velocidad" le hizo saber a un periodista con quien se encontró, de casualidad, por la calle, este fin de semana. Tanto a Macri como Peña y el resto del gabinete que permanece atento a estos asuntos empezó a comprender la envergadura de lo que pasaría en el futuro inmediato cuando recibieron información de primera mano sobre la detención de Milagro Sala en Jujuy.
Es que más de una decena de fiscales y jueces parecieron haberse juramentado para investigarla, condenarla y dejarla presa. Mientras gobernó Cristina Fernández, la mayoría de ellos fueron perseguidos, atacados y humillados por Sala y todo el sistema político de la provincia. Cuando alguien muy cercano al Presidente le preguntó al gobernador Gerardo Morales si él estaba alentando las denuncias y la investigación, el gobernador le respondió, palabra más, palabra menos. "No soy yo. Son los fiscales, los secretarios y los jueces.
Son un grupo de magistrados a quienes obligaron a hacer cosas que no querían, o desautorizaron y persiguieron y ahora buscan justicia". Hay por lo menos cinco causas que involucran a Sala y habían sido archivadas o cajoneadas. Ahora podrían ser reabiertas para terminar de complicar el panorama de la dirigente social. Son por agresiones, más defraudaciones y otros graves delitos. Ese es el espíritu que reina en Jujuy. Y es demasiado parecido a lo que ahora sucede en algunos juzgados de Comodoro Py. A Bonadio, por ejemplo, la misma expresidenta lo había tratado de pistolero, mentiroso y había sugerido que era un extorsionador. También había tenido la audacia de nombrar y exponer a su hijo. Pero, todavía antes de eso, el magistrado estaba convencido de que Cristina y sus incondicionales de La Cámpora, de la mano de la procuradora Alejandra Gils Carbó, habían intentado licuar el poder a los fiscales y los jueces federales. "Mientras yo siga en mi despacho, voy a hacer todo lo posible para impedirlo", le contó entonces a un amigo.
Pero la pregunta sobre si este nuevo ímpetu de la justicia federal es el inicio de un intento de Mani Pulite o un mecanismo de revancha no tiene demasiada importancia. Lo pertinente y lo relevante es si, en efecto, los jueces y los camaristas condenarán a los ministros y secretarios del gobierno que ya no está. Lo importante es entender si son capaces, incluso, de meter presa a la expresidenta, con pruebas contundentes y argumentos jurídicos de peso. Por su parte, Cristina Fernández no debería levantar demasiada polvareda. En su momento, ella usó como pocos su poder político para evitar ser condenada y también para impedir que la justicia avanzara, por ejemplo, sobre los delitos que le adjudican a su último vicepresidente, Amado Boudou.
Cristina Fernández, en el pico de su apogeo, logró, junto a su difunto marido, Néstor Kirchner, el escandaloso sobreseimiento que les regaló el juez Norberto Oyarbide en una de las causas en las que fue investigada por enriquecimiento ilícito. Cualquiera con un mínimo conocimiento del Derecho podría coincidir en que el expediente debería ser presentado en la Facultad como el ejemplo más acabado de lo que un juez no debe hacer. Y algo similar se podría decir sobre la manera en que los camaristas Jorge Ballesteros y Eduardo Freiler le quitaron a Bonadio la causa Hotesur, en la que el juez investigó a la exmandataria, su hijo Máximo, Lázaro Báez y otros por lavado de dinero.
El uso de dudosas contrataciones de habitaciones de hotel para trasladar efectivo del circuito ilegal al legal es uno de los ejemplos clásicos que se usan para demostrar cómo se lava dinero. Otra vez: cualquiera que haya tenido en sus manos el expediente de Bonadio hasta que lo tomó el juez Daniel Rafecas se podrá dar cuenta que la evidencia de la existencia plena del delito de lavado ya había sido demostrada. Los que apoyan de manera incondicional a Sala y a Cristina Fernández deberían tomarse el trabajo de leer las causas e informarse mejor, porque las acusaciones que más las comprometen no parecen tiradas de los pelos. Si esta reacción judicial le conviene o no al actual gobierno es parte de otra discusión política. En el gabinete hay quienes consideran que Macri no puede aparecer alentado una caza de brujas. "Eso es pan para hoy y hambre para mañana", opinan. Tampoco confían demasiado en Bonadio. "Es incontrolable e imprevisible", afirman. Pero cerca del mismo Presidente juran que él no va a mover un dedo a favor o en contra de nadie. "Mauricio espera que los procesos sean transparentes y consistentes. No meras reacciones personales como respuesta a los constantes ataques que recibieron del kirchnerismo", dijeron.
