La disuasión vuelve a convertirse en una herramienta para intervenir en las expectativas de inflación. En una lucha por frenar las subas de los precios de los alimentos tras la devaluación de más del 50% y ante el inicio de las paritarias, el Gobierno anunció que impulsará multas millonarias contra las grandes cadenas de supermercados.

La Secretaría de Comercio informó ayer que ejecutó sanciones por $ 8.013.000 por faltantes de productos, problemas en los rotulados de algunos productos e inconvenientes en la exhibición de precios contra Carrefour, Cencosud, Coto, Día, Josimar, Jumbo y Walmart, tanto en la Capital Federal como en el conurbano. Se trata de multas que vienen de la gestión del ex secretario de Comercio Augusto Costa y nunca avanzaron.

Además, los funcionarios que dependen del secretario de Comercio, Miguel Braun, informaron que esta semana hicieron 68 inspecciones en puntos de venta y detectaron incumplimientos en los acuerdos de Precios Cuidados que se prorrogaron hasta abril en Carrefour, Cencosud, Coto, Día, Josimar, La Anónima y Walmart.

Fuentes oficiales indicaron que las medidas no implican una estrategia gubernamental contra la inflación. Para eso, dijeron, se está trabajando en reequilibrar la macroeconomía a través del ajuste fiscal, la política monetaria y el inminente acuerdo con los holdouts. "No estamos en contra de los supermercados. A ellos se los multa en EE.UU., en Australia y en otros países del primer mundo. No es para nada una señal", descartaron.

Según contaron a LA NACION, el principal problema encontrado en las inspecciones de la semana pasada fue la falta del cartel indicativo con todos los precios y productos del programa Precios Cuidados. "Muchos hacen su lista mirando ese cartel", criticaron. Consultados por la histórica falta de pago de las multas por parte de las grandes cadenas, en el Gobierno se confiaron: "Contamos con un muy buen equipo jurídico en la secretaría".

Sobre las multas implementadas que provenían de la gestión anterior cuestionaron la dilación en la ejecución. "Había actas de 2014 paradas", sostuvieron. No descartaron que esas carpetas se usaran como moneda de cambio para intimar a las empresas.

"Nuestra función es hacer cumplir las leyes para proteger los derechos de los consumidores. La normativa está para ser respetada, quienes incumplen son sancionados y deben pagar. Trabajamos por un mercado con alta competencia y reglas muy claras para evitar abusos y cuidar el bolsillo de las familias", explicó Javier Tizado (h.), subsecretario de Comercio Interior. "Nuestro gobierno definió claramente su compromiso con los consumidores y tenemos el mandato de trabajar todos los días para que sus derechos se consoliden."

El avance oficial generó sorpresa en los supermercados, que esta semana se habían reunido con los funcionarios para ultimar detalles en el funcionamiento del Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA).

"Esto nos sorprende. El tema de los 8 millones se viene escuchando desde el gobierno de Cristina [Kirchner]. Si lo quieren marcar como una señal, no lo veo positivo. La gestión pasada ya hizo esto y no surtió ningún efecto para parar la inflación", explicaron desde una cadena.

Dijeron además que siempre hay faltantes de productos. Esto se da en todas las cadenas y entre 10% o 15% de los productos debido a la alta rotación que tienen los bienes en los planes oficiales. "No es algo provocado por los supermercados. Se trata del trabajo natural", indicaron. "Y si hay precios mal puestos es porque alguien se olvidó de cambiarlos", agregaron.

Entre los incumplimientos, los agentes oficiales detectaron faltantes de producto (26%), bienes sin la correspondiente señalización (10,4%), productos que no tenían indicación de precio (3,4%) y precio superior al establecido en los acuerdos (2,4%). De acuerdo con las fuentes oficiales, las inspecciones continuarán la próxima semana para verificar el cumplimiento de posibles violaciones de las normas comerciales.

Por otro lado, la semana pasada se reunió el Consejo Federal del Consumo con integrantes de cada una de las provincias y se anticipó el lanzamiento de un plan nacional de fiscalización. La intención es que las inspecciones "tengan la capilaridad suficiente como para garantizar el cuidado de los consumidores en todo el país".