NUEVA YORK.- Un abogado de NML y Aurelius Capital, los fondos "buitres" más díscolos de la ofensiva judicial contra la Argentina, dijo que ya han acordado los "términos económicos" de un eventual acuerdo con el Gobierno para poner fin al prolongado litigio por la deuda.

El principio de acuerdo fue desmentido luego por el Ministerio de Hacienda, y generó una durísima reacción de Daniel Pollack, el mediador designado por el juez Thomas Griesa, que acusó al abogado de haber violado la "confidencialidad de las conversaciones".

"Tenemos un acuerdo sobre los términos económicos", indicó el abogado de NML, Matthew McGill, durante una audiencia en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

Parado detrás de un podio frente a un panel de tres jueces, McGill puso sus manos en paralelo con sus dedos índices estirados para señalar que estaban "así de cerca" de llegar a un acuerdo final con el Gobierno. Sólo restaba llegar a un entendimiento por la "mecánica" de los pagos, agregó. El abogado de NML, quien habló también en nombre de Aurelius ante el tribunal, puntualizó que los términos del acuerdo se habían alcanzado el jueves anterior, y que ahora estaban buscando "una mecánica de pago que funcione".

El abogado de la Argentina, Michael Paskin, presente en la audiencia ante la Corte de Apelaciones, no negó ni confirmó la afirmación de McGill, ni tampoco intentó matizar el avance que graficó el abogado de NML.

Pero el Ministerio de Hacienda salió a poner paños fríos a los dichos de McGill sobre los avances con NLM y Aurelius. Fuentes del Ministerio de Hacienda dijeron a LA NACION luego de la audiencia que aún no habían llegado a un acuerdo con la subsidiaria de Elliot Management, del magnate Paul Singer, y que cualquier acuerdo debía ser anunciado por el Special Master, Daniel Pollack.

Al ser consultada por LA NACION, la oficina de Pollack no hizo comentarios al principio, pero luego difundió un comunicado con una durísima reacción del mediador a la frase de McGill.

"Esta afirmación violó la confidencialidad de las conversaciones entre las partes, lo cual es un principio inviolable de todas las negociaciones a través de mí como Special Master", afirmó Pollack en un comunicado. "Si y cuando haya un acuerdo firmado en principio [...] yo lo anunciaré como Special Master", cerró.

McGill dijo ante el tribunal que la Argentina ya había logrado acuerdos por alrededor del 20 por ciento de los US$ 9000 millones en reclamos que negocia el país en la mesa de Pollack. Sus clientes, puntualizó, agrupaban el 65% de las demandas con sentencias de Griesa, es decir, unos US$ 5850 millones.

McGill anunció el principio de acuerdo en una audiencia en la Corte de Apelaciones que se realizó para decidir el futuro de las medidas cautelares, o injuctions, que el juez Thomas Griesa implementó en la llamada demanda "pari passu". Esas cautelares le impiden a la Argentina concretar pagos a los bonistas que participaron de los canjes de 2005 y 2010, pusieron al país en "default técnico" y forzaron a la negociación con los holdouts.

En medio de esas negociaciones, Griesa indicó la semana anterior en una "orden indicativa" que está dispuesto a levantar las cautelares si la Argentina deroga la ley cerrojo y la ley de pago soberano, y paga todos los acuerdos cerrados con los holdouts hasta el 29 de febrero.

La decisión del juez significó un duro golpe para NML y Aurelius Capital. Los fondos "buitres" quedaron muy cerca de perder su principal instrumento de presión en las negociaciones. Por eso, NML y Aurelius han intentado sostener las cautelares a toda costa, a sabiendas de que si desaperecen, su posición en la mesa de negociaciones quedará muy debilitada.

Griesa emitió una orden "indicativa" porque la discusión había pasado a la Corte de Apelaciones, en dos apelaciones, una por el alcance de la cautelar original, de 2012 -la famosa discusión por la deuda en dólares con legislación argentina-, y otra por la cautelar de los bonistas llamados "me too", de 2015. Allí fueron los abogados.

Michael Paskin, abogado del estudio Cravath, Swaine & Moore, dijo que la intención del Gobierno era dar de baja las dos apelaciones. Así, Griesa podría levantar los injuctions y, una vez que se concretarn los acuerdos, la Argentina podría salir del "default técnico".

"El nuevo gobierno tiene que tener una oportunidad para hacer lo que dicen que van a hacer y permitir que estos acuerdos ocurran", afirmó Paskin ante el panel de la Corte de Apelaciones que escuchó los argumentos, integrado por los jueces Peter W. Hall, Reena Raggi y John M. Walker Jr.

Los jueces se mostraron permeables al pedido de la Argentina. Fue ante esa situación que McGill les dijo que estaba muy cerca de finiquitar un acuerdo, y que ya habían acordado los "términos económicos" de un acuerdo, y que querían llegar a un acuerdo final.

Raggi le dijo que no entendía por qué cualquier "demora" en levantar las medidas cautelares lo ayudaría a alcanzar un acuerdo.

"Está tan cerca, que sería una tragedia que todo se evaporara por una orden indicativa", le respondió McGill. El abogado se mostró sumamente preocupado por la fecha límite del 29 de febrero: dijo que era un período que los forzaba a una imposición involuntaria de una oferta. "Es toma lo que estoy ofreciendo, o no recibes nada", afirmó.

Fue claro durante toda la audiencia que los demandantes querían obtener más tiempo para continuar con las negociaciones con la Argentina, a sabiendas que las medidas cautelares tenían los días contados, por más que su fin termine por abrir una nueva batalla judicial: NML apelará esa decisión de Griesa.

El tribunal les dio más tiempo: al final accedió al pedido de la Argentina para dar de baja las apelaciones y que Griesa levante las medidas cautelares, pero impuso dos condiciones acordadas con Paskin y McGill: que el juez escuche en una audiencia a todas las partes involucradas, y que otorgue un "stay" de dos semanas para permitirle a los demandantes apelar el levantamiento de las medidas cautelares a la Corte de Apelaciones, la cual luego seguramente brindará otro "stay" sujeto a la apelación.

En medio de las peleas judiciales, continuarán las negociaciones en busca de un acuerdo definitivo con los holdouts por la deuda.