Con el nuevo Gobierno el sector del agro tiene la oportunidad, después de más de una década, de que los temas vitales para el desarrollo de la producción primaria y la agroindustria empiecen a analizarse en profundidad, puedan discutirse con la participación de todos los sectores involucrados, para finalmente alcanzar acuerdos que permitan diseñar políticas de crecimiento y expansión.

Si bien en el último tiempo se registró una gran actividad regulatoria de temas relacionados con la producción, la comercialización y sobre todo en materia impositiva, paralelamente se observa la postergación del tratamiento legal de temas esenciales que den un marco de seguridad jurídica a los negocios del agro. Esta situación pone de manifiesto otro problema legislativo: la abundante regulación que emana de organismos dependientes del Poder Ejecutivo, que muchas veces exceden las facultades legislativas delegadas, y emiten resoluciones sobre temas de fondo que corresponden al Poder Legislativo. De este modo, la ausencia de leyes sancionadas en el Congreso Nacional se ve contrarrestada por la proliferación de resoluciones de organismos como el Ministerio de Agricultura, SENASA, INASE, UCESCI, AFIP, todos pertenecientes al Poder Ejecutivo, y por lo tanto carentes de atribuciones legislativas excepto en temas meramente regulatorios para que las leyes puedan aplicarse.

Con el fin de ordenar el análisis de las reformas legislativas pendientes, separé cuatro grupos según la situación de los temas sobre los que deberán sancionarse leyes en el Congreso Nacional, para unificar sus alcances en todo el territorio de la Nación.

Leyes pendientes de sanción

Aquí están los temas sobre los cuales aún no se han sancionado leyes, a pesar de haberse presentado proyectos de ley en algunos casos.

Agroquímicos: Ante la ausencia de una ley nacional, hay 22 leyes provinciales que regulan de manera diferente y con distintos criterios algunos de los tantos temas que involucran la utilización de fitosanitarios en la producción agrícola. Es necesaria la sanción de una ley nacional, preferentemente de Presupuestos Mínimos de Protección (en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional) que contenga los lineamientos comunes, y a partir de allí cada provincia regulará la aplicación de agroquímicos según las particularidades de la producción que se realice en su territorio. También deberá legislarse sobre otras cuestiones ambientales como emisión de gases, tratamiento de efluentes y contaminación en relación a la producción ganadera y láctea.

Seguro Multirriesgo: Es preciso reformular los seguros de la producción primaria, ya que actualmente existen tantos seguros como posibles siniestros (granizo, incendio, vientos) lo cual encarece los costos de producción. La posibilidad de regular un seguro multirriesgo que garantice un rendimiento mínimo por hectárea, cubriendo las mermas producidas por eventos climáticos, biológicos y físicos debe ser una política de estado.

Contratos atípicos: Existen contratos que se celebran habitualmente como Feed-lot, multiplicación de semillas, canje, integración avícola, producción con riego, producción forestal, entre otros, que no tienen una regulación especial, sino que se acuerdan según los principios y alcances dados por la costumbre y la tipicidad social.

Leyes vigentes desactualizadas

Dentro de las pocas leyes específicas del sector, se encuentran algunas que están vigentes pero como su última reforma se realizó hace varias décadas, es necesaria una modificación que actualice los conceptos jurídicos en concordancia con los avances tecnológicos, productivos y empresariales del último tiempo.

Semillas: La ley 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas vigente es de 1973, anterior al desarrollo de la biotecnología, y si bien la legislación se completa con el decreto reglamentario de 1991 y el Convenio Internacional Upov 1978 que Argentina adhirió en 1994, es preciso actualizar por ley el derecho del agricultor a resembrar la semilla obtenida en las especies autógamas (soja, trigo) y el cobro de regalías por la propiedad intelectual del obtentor. Por otra parte, el patentamiento de genes (Intacta por ejemplo) y el otorgamiento de licencias se rigen por la Ley de Patentes y es necesario armonizar los sistemas ya que en las variedades transgénicas (ogm) coexisten la patente sobre el gen con el derecho del obtentor sobre la variedad vegetal.

Suelos: Las leyes de suelos vigentes 22.211 (1980) y 22.428 (1981) tenían como objetivo fomentar la producción en tierras áridas, de baja productividad, mediante créditos de fomento y exenciones impositivas; y tal como fueron diseñadas tuvieron escasa aplicación. Actualmente, el tema de la protección del suelo se ha instalado desde la perspectiva de la incorporación de nutrientes sin distinción de regiones, en especial frente a ciertos cultivos cuando se siembran reiteradamente, y con el fin de evitar la degradación del recurso natural.

Arrendamientos: La última modificación de la ley vigente fue en 1980, y contiene disposiciones que han quedado desactualizadas, siendo las más importantes la prohibición de cláusulas sobre determinación del precio (prohibición de fijar un precio mínimo más un adicional variable según cotización o rinde en arrendamiento y aparcería) y sobre la forma de pago (prohibición del pago con entrega de frutos en el arrendamiento, que debe abonarse en dinero). Estas modalidades de pago forman parte de los usos y costumbres del campo y son utilizadas en los contratos, a pesar de la sanción de nulidad que contiene la ley.

Leyes recientes que requieren modificación

Por otra parte hay leyes que fueron sancionadas recientemente, pero que es preciso volver a modificar ya que contienen disposiciones que son perjudiciales para la actividad que regulan.

Ley de Tierras: Sancionada en 2011 (Ley 26.737), y denominada Régimen de protección al dominio nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales, introdujo diversas restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros, incluyendo cuestiones de dudosa constitucionalidad e interpretación. La ley produjo un impacto negativo en el mercado inmobiliario rural, situación agravada por el desdoblamiento de dólar y la baja de rentabilidad.

Trabajo Agrario: Fue modificada en 2011 (Ley 26.727), y equiparó el trabajo que se realiza en el campo al régimen de trabajo general. La reforma más trascendente fue la responsabilidad solidaria de quienes ceden la explotación (dueños de campo) y de aquellos que contratan o subcontratan trabajos (arrendatarios que contratan labores a terceros) frente a los trabajadores rurales por deudas laborales y de la seguridad social. Si bien el fin de la ley fue evitar el fraude laboral y el trabajo no registrado, la extensión de responsabilidad es excesiva.

Biocombustibles: El biodisel, el bioetanol y el biogás son combustibles de origen renovable que ofrecen un nuevo paradigma energético a partir de la utilización de materias primas para la generación de energía, más allá del tradicional destino alimentario. Las leyes 26.093 y 26.334 (para promocionar la producción de bioetanol por parte de los ingenios azucareros) iniciaron un proceso que no tuvo continuidad y afectó el desarrollo de la industria, siendo indispensable que las medidas de desgravación impositiva y el mandato de corte del gasoil o nafta se mantengan. También deberán eliminarse los derechos de exportación móviles al biodisel fijados en 2012.

Reestructuración de los sistemas de comercialización y del régimen impositivo

La comercialización interna con controles de precios y la Ley de Abastecimiento, como así también el comercio exterior afectado por el cierre de exportaciones, pérdida de mercados, cepo cambiario, incumplimiento de cupos de exportación (Cuota Hilton) y principalmente por el sistema de Registro de Operaciones de Exportación (ROE), requieren una reforma integral de todo el sistema. Tampoco debe olvidarse la revisión de los regímenes informativos.

En el mismo sentido deberá reformularse la totalidad del régimen impositivo, armonizando los tributos nacionales con los provinciales y las tasas municipales para reducir la presión tributaria que sufre el sector. Asimismo, deben modificarse el impuesto a los débitos y créditos bancarios, las retenciones de ingresos brutos y la demora en el reintegro de los saldos de libre disponibilidad de IVA. La reducción de las alícuotas de los derechos de exportación, conocidos como retenciones, y tan difundidos en las campañas de los distintos partidos en las últimas elecciones, son solo la punta del iceberg del problema tributario, y si bien aportaría beneficios, se debe enfrentar la reforma de todo el sistema, incluida la Coparticipación Federal.

Algunas reformas son urgentes, dada la situación de ciertos sectores que requieren reactivación inmediata como algunas economías regionales; otras se podrán ir implementado paulatinamente, dando tiempo y espacio para la discusión constructiva y superadora. En todos los casos, la nueva etapa política que se presenta en nuestro país, con la alternancia en el poder como uno de los pilares del sistema democrático, brinda la posibilidad de comenzar a trabajar en los cimientos legales que necesitan los integrantes de todas las cadenas para alcanzar los mejores resultados no solo en lo inmediato, sino pensando en el largo plazo y principalmente integrando la producción primaria con la agroindustria.