Fue el reino de la oscuridad. La economía se movió entre sombras. Los argentinos y el mundo no sabían a cuánto llegaba la inflación, cuántos pobres había (y hay) en el país, cuánto había crecido o caído la economía. Nada. Todos los datos que se conocían eran dibujados en despachos políticos del gobierno de entonces. Gran parte del aislamiento internacional del país se debió también a esa manipulación de los datos básicos de la Argentina.
El gobierno de Mauricio Macri empezó a resolver esa anomalía nombrando como
director a Jorge Todesca, un economista cercano al peronismo que llevó a Moreno
a los tribunales y lo acusó -cuándo no- de abuso de autoridad. El Gobierno
reincorporó también en el Indec, con el cargo de segunda de Todesca, a Graciela
Bevacqua, una antigua funcionaria del organismo que se había convertido en un
símbolo de la lucha contra el autoritarismo del anterior gobierno y contra la
manipulación de las estadísticas oficiales. La relación entre Todesca y Bevacqua
estalló el lunes y terminó con el desplazamiento de esta última. Las versiones
sobre su despido son contradictorias, pero Bevacqua aseguró públicamente que se
enteró de su destitución por los diarios. "Otra vez...", agregó en alusión a la
vez que la echó Moreno.
Todesca señaló, en cambio, que ellos habían conversado varias veces sobre una discrepancia de fondo: el director del Indec no estaba de acuerdo con el plazo de ocho meses que se fijó Bevacqua para tener una estadística seria y creíble sobre los asuntos económicos y sociales. Todesca aseguró, a su vez, que él nunca fue consultado por Bevacqua sobre ese plazo y que se enteró de la noticia por unas declaraciones que ella hizo a la prensa. Un plazo tan largo era cuestionado, es cierto, por gran parte de la comunidad económica y política. ¿Qué diferencia hay entre falsificar la información y no darla? Esa pregunta se hicieron varios exponentes de la política, sobre todo dirigentes de la oposición (que callaron, es cierto, cuando el Indec fue una unidad básica de Moreno).
El gobierno de Macri se vio entonces ante la necesidad de cambiar el ritmo.
No es un caso que sólo preocupó a Todesca; de hecho el ministro de Hacienda y
Finanzas, Alfonso Prat-Gay, hizo trascender que no estaba de acuerdo con el
tiempo que había fijado Bevacqua. La política exigía a todas luces que la
reconstrucción del Indec no se demorara tanto tiempo. Además, se aproxima el
inicio del período de paritarias y los números supuestos de la inflación cambian
según el interlocutor. Hugo Moyano dijo públicamente que, según los análisis de
la CGT, la inflación fue del 32 por ciento entre enero de 2015 y enero de 2016.
El Gobierno asegura que la inflación de este año oscilará entre el 20 y el 25
por ciento. Hay consenso entre sindicalistas y funcionarios en que los precios
en los supermercados se estabilizaron en las últimas dos semanas, pero falta
todavía el impacto del aumento en la electricidad, que podría darles otro
empujón a los precios.
Si fuera así, las tarifas afectarían doblemente el bolsillo de la gente común: por el costo de las cosas y por la factura de la luz. Si bien gran parte de la sociedad comprende que la electricidad fue un regalo del populismo durante doce años (que dejó un servicio eléctrico obsoleto e impotente), la sacudida en los precios podría cambiar el humor colectivo. Macri es un presidente sensible al precio de las cosas por su experiencia como empresario.
El caso provocó, incluso, una disidencia entre economistas. Antes de que despidieran a Bevacqua, el economista Orlando Ferreres consideró "excesivo" el plazo de ocho meses fijado por Bevacqua. "El Indec se puede normalizar en un mes y medio o dos meses", aseguró. Por su lado, el también economista Juan Carlos de Pablo se manifestó en desacuerdo con la destitución de Bevacqua, de quien dijo que es la que "sabe" de estadísticas. "El problema no es el tiempo que necesitaba Bevacqua, sino la inflación. Y no hay un plan antiinflacionario", aseguró De Pablo. En verdad, ése es un reproche que le hacen al equipo económico de Macri desde varios sectores, algunos bienintencionados como De Pablo, de cuyo antikirchnerismo no se puede dudar, y otros interesados, como las críticas de la oposición peronista.
Tal vez el error del Gobierno consistió en las formas. Bevacqua es algo más que una técnica tan calificada como perseguida por la administración de Cristina Kirchner; es emblemática de un tiempo en el que pocos, como ella, decidieron resistir ante el enorme poder de un Estado autoritario en manos de muy pocos. ¿No hubo otra solución más que el despido? ¿O no buscaron una salida intermedia? ¿No había, acaso, una fórmula que permitiera un acuerdo entre la necesidad técnica y la necesidad política?
Ocho meses es, en verdad, un plazo políticamente muy largo. ¿Cuánto falta para que la oposición comience a comparar la vieja manipulación de datos con la falta de datos? Tal vez habría sido preferible desdoblar los equipos del Indec. Uno para trabajar en su normalización total y otro para ir midiendo las cosas más básicas, como la inflación, la pobreza y la actividad de la economía. En cualquier caso, el error fue prescindir de Bevacqua con tanta ligereza, aunque es comprensible que el plazo fijado por ella sea intolerable para la política. Sea cual fuere el método que se usó para su destitución, lo cierto es que se la despidió mal. Un Estado serio no puede prescindir de profesionales con la experiencia de Bevacqua.
Todesca quedó ahora solo ante la responsabilidad de construir una agencia de estadísticas creíble ante los argentinos y ante el mundo. El propio Fondo Monetario había manifestado su acuerdo con el plan de normalizar el Indec. Con todo, el desafío más importante para Todesca es la formación de un Indec tan prestigioso como lo fue antes de que Moreno metiera sus manos. Y, sobre todo, que sea creíble para los argentinos. El Indec es importante, además, porque sus datos sirven para establecer los intereses que se pagan sobre muchos bonos de la deuda argentina o para fijar los montos de las resoluciones judiciales. Bevacqua no estaba equivocada cuando pedía todo el rigor posible; los tiempos políticos fueron su principal enemigo. Esa pelea entre lo técnico y lo político se resolvió sin recurrir a la política.
Nueve años de información falsa, y de masivas destrucciones de los equipos técnicos, requieren de paciencia y de política. Es la herencia de Cristina. La misma que incluye a su entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, procesado ayer por los sobreprecios del plan Qunita, que consistía en asistir a los niños más desfavorecidos. El discurso del populismo se agota en el discurso; en las decisiones a veces no tiene alma. La decisión la tomó el juez Claudio Bonadio, el mismo que procesó a Moreno por abuso de autoridad en el caso Todesca y el que acaba de procesarlo de nuevo por el mismo delito. Bonadio ya procesó otra vez en los últimos días al ex vicepresidente Amado Boudou por un caso de dádivas. A Aníbal Fernández lo espera todavía la jueza María Servini de Cubría, que unió en su despacho todas las causas por el tráfico de efedrina, que sindica directamente al ex jefe de Gabinete. Servini de Cubría tiene también la causa por el dinero gastado en Fútbol para Todos, que también involucra a Aníbal Fernández, porque él firmaba los cheques de ese dispendio.
Hay una herencia política del cristinismo, como la del Indec, y hay también una herencia de prácticas corruptas con sus correspondientes consecuencias. No son sólo cuestiones de ética y estética; también marcaron durante mucho tiempo (y afectaron seriamente) la vida cotidiana de los argentinos.