Ese instante le llegó a Mauricio Macri con el comienzo de las actualizaciones de las tarifas de los servicios públicos. Heredó una sociedad subsidiada, acostumbrada a que hay cosas en la vida que son gratuitas y con el hábito de consumir lo que ya no tiene.

Cualquier presidente hubiera tenido que desprenderse de esa malla de subvenciones que convirtieron en inviable la economía argentina. Pero la comprensión que puede existir en sectores políticos no lo librará, sin embargo, del conflicto con los gremios y de la repercusión social de sus medidas.

El Presidente tiene una ventaja sobre el otro político que pudo estar en su lugar, Daniel Scioli. Macri no tiene compromisos con el anterior gobierno ni se atemoriza ante las decisiones impopulares. Lo demostró en la conducción del gobierno capitalino al aplicar aumentos de impuestos según la inflación anual.

Tiene una confianza imbatible en que la sociedad sabrá reconocerle que usó bien los recursos públicos o que, en el caso de las tarifas, los aumentos servirán para mejorar la mala calidad de los servicios. Y tiene un desventaja: no es peronista. Les guste o no el presidente peronista que está en el poder, los sindicatos son distintos cuando enfrentan a un peronista. El combate, en tales casos, se agota en las palabras. A Cristina Kirchner (a quien no quería el grueso del gremialismo) sólo le hicieron huelgas generales al final de su largo poder.

Un sector de la coalición gobernante cuestionó el momento de los aumentos tarifarios, ordenados poco antes de que comenzara el período anual de paritarias. La teoría puede estar a favor de ese argumento, pero no los tiempos de la economía. Las paritarias comienzan en marzo y terminan en junio. ¿Podía la economía resistir seis meses más de subsidios? Seguramente no. Para peor, Macri se propuso un cambio cultural de la sociedad argentina. Debe pasar, por ejemplo, del derroche de la energía al cuidado permanente de ella. Las tarifas deben ser, por lo tanto, altas.

Sólo los reproches del bolsillo pueden modificar la cultura social. Quiere introducir el concepto de que nada es gratis: los desmesurados subsidios al consumo de energía (algunas tarifas no fueron modificadas desde 2002) requirieron de la mayor presión tributaria que haya tenido el país en su historia. A pesar de todo, Macri rescata que su política es "gradualista" porque hay otros gastos del Estado (que son muchos) cuya revisión prefirió postergar.

Con todo, esos razonamientos no llegan de manera convincente y profunda al sindicalismo. Hugo Moyano fue el primero en protestar y en elevar el piso de los aumentos salariales; llevó en el acto, no bien se difundieron las nuevas tarifas, el porcentaje de aumento del 25 al 30 por ciento.

El gabinete no estuvo, otra vez, de acuerdo en cómo debía manejar (o comunicar) la relación con los gremios. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dijo ayer que un aumento salarial del 25 por ciento sería el techo de las paritarias. Poco después, y antes de que los sindicatos se declararan en guerra, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, salió a suturar heridas. No hay techo para las paritarias, dijo, y señaló que el 25 por ciento es la expectativa del Gobierno con respecto a la inflación de este año. Hay un gobierno nuevo y carente de gimnasia política, pero es mejor que la adquiera cuanto antes si sus interlocutores serán los gremios y el peronismo.

No obstante, la declaración más importante que hizo el ministro Triaca fue el anuncio de que la suba en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias será retroactivo a enero. Es fácilmente predecible, por otro lado, que ese beneficio a los trabajadores será rápidamente aprobado por el Congreso, tal vez durante el mismo mes de marzo.

¿Qué político se opondría a esa decisión, sobre todo si quiere seguir siendo político? Esto significa que la baja de la presión impositiva sobre el salario cubrirá el período de vigencia de las nuevas tarifas eléctricas, que rigen desde anteayer.

El debate que no podrá saldarse en marzo (ni en abril ni en mayo) será sobre el impacto de esos aumentos tarifarios en la inflación.

El propio Moyano reconoció la necesidad de lo que llamó el "sinceramiento" de la economía, aunque agregó que no imaginaba la magnitud que está teniendo. Moyano sabe quién es y conoce el peso que él tiene en el sindicalismo. Es uno de los pocos dirigentes gremiales que realmente representan a su gremio y que no están asediados por comisiones internas trotskistas.

A un dirigente con esas características no le gustó entrar a la Casa de Gobierno y que el Presidente no pasara a saludarlo. Moyano está acostumbrado a hablar con los presidentes cara a cara, salvo con Cristina, que nunca lo quiso. "Será porque no le gustan los negros", solía ironizar Moyano; ironía que escondía una profunda crítica a la ex presidenta.

Moyano podría ser beneficiado por la estrategia de Macri. El Presidente está convencido de que es mejor tener una sola CGT y no varias. Tiene razón. La partición de la central obrera siempre terminó en una competencia entre las distintas franjas sindicales para sacarles más ventajas a los gobiernos o para ver quién es mejor opositor. Sobre todo si se trata, como se trata ahora, de un gobierno no peronista. "Siempre es preferible tener un solo interlocutor", dice el Presidente. El candidato más probable, aunque no seguro, a liderar esa única central obrera es, precisamente, Moyano.

La otra parte del conflicto son los empresarios. El lunes pasado, el presidente de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere, produjo una declaración inédita en un dirigente rural. Llamó a la sociedad a no comprar carne si las carnicerías y los supermercados no bajan los precios de acuerdo con las caídas de precios que hubo en el Mercado de Liniers.

Una declaración parecida, aunque más moderada, había hecho días antes el ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile, que también proviene de la dirigencia rural. Etchevehere y Buryaile colocaron sobre la mesa, con el asunto de la carne, un problema que puede ser generalizado. ¿Qué pasaría con la inflación si los empresarios y comerciantes se dedicaran a subir los precios sin una clara justificación?

El aumento de las tarifas tendrá un peso relativo sobre las empresas porque éstas ya pagaban un precio mucho más alto por la electricidad. Macri les mandó un mensaje lacónico a Edenor y Edesur: "Ahora, mejoren el servicio cuanto antes". Los empresarios son mirados por el Presidente con cierta suspicacia porque dice conocerlos. Él fue uno de ellos. "Sé que no piensan más que en la facturación de la próxima semana", repite Macri.

El riesgo de la economía (y, por consiguiente, del Gobierno) es que el país entre en una escalada de aumentos de precios y salarios, que terminará, como terminaron siempre, mal. La administración de Macri anunció que convocaría a un acuerdo entre sindicalistas y empresarios, pero por ahora se limitó a hablar por separado con ellos. A ninguno lo recibió el propio Presidente y, que se sepa al menos, tampoco habló personalmente con algún empresario o con algún sindicalista.

La herencia es demasiada pesada como para suponer que podrá administrarla sólo un buen equipo de gobierno. Tal vez el intento de un acuerdo que incluya a empresarios, sindicalistas y políticos oficialistas y opositores podría hacer más fáciles y previsibles las cosas.

El acuerdo debería rondar sobre las cuestiones económicas, laborales y sociales. Moyano es otra cosa cuando le dan el lugar que él cree merecer. Y los empresarios necesitan que los miren con algo más que con recelo. El Presidente necesita, a su vez, que las encuestas sigan demostrando que no hay fracturas a la vista en su romance con la sociedad.