El gobierno de Mauricio Macri parece decidido a modificar en sus primeros tres meses de gestión los precios de la energía, que se mantuvieron casi congelados durante los últimos 12 años. A los aumentos de la electricidad que comenzaron a regir ayer (ver aparte), se sumarán, en las próximas semanas, nuevas tarifas de gas, según confirmó ayer el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.

El funcionario no dio mayores precisiones con respecto a los futuros ajustes, pero según fuentes privadas, el primer paso hacia una tarifa de equilibrio implicaría un ajuste en torno del 400%, que comenzaría a aplicarse en marzo.

"En la tarifa de gas estamos haciendo un análisis similar al caso eléctrico; estamos analizando los pasos procesales correspondientes desde el punto de vista legal", explicó el ministro, en declaraciones a Radio Mitre. Y sostuvo que, en este caso, "el atraso es menor que en el sistema eléctrico, porque en los últimos dos años la misma administración anterior había empezado un sendero donde reconocía un precio diferencial para el gas adicional".

Aranguren y su equipo vienen trabajando en la recomposición de las tarifas del gas desde incluso antes de que Mauricio Macri ganara las elecciones presidenciales. Se reunieron con casi todas las empresas del sector, que acusan atravesar una situación crítica debido a la falta de recomposición en sus ingresos.

La semana pasada, el Enargas, el ente que regula al sector, les envió formalmente una nota a las dos transportadoras (TGN y TGS) y a las nueve distribuidoras que prestan el servicio. Allí les reclamaba información con respecto a su proyección de costos y gastos para este año. Es muy probable que sus respuestas formen parte de los considerandos de las resoluciones que establecerán los nuevos precios.

El Enargas está a cargo de David Tezanos, un ex ejecutivo de larga trayectoria en el sector. Su último trabajo para el sector privado fue en YPF, donde se encargaba de la comercialización de gas.

Entre sus funciones ejercía la presidencia de Metrogas, la distribuidora más grande del país, por lo que está al tanto de la situación de las compañías.

Pérdidas millonarias

El caso de Metrogas, una sociedad de YPF, es paradigmático: el año pasado perdió más de $ 779 millones y registró un capital de trabajo negativo de $ 526 millones.

La intención de Aranguren es llevar a cabo un esquema de ajustes similar al de la electricidad. Eso contempla un aumento del precio del gas en boca de pozo (el que extraen las petroleras), al que se le sumarán ajustes en las tarifas de transporte y de distribución como Metrogas, Camuzzi y Gas Natural Fenosa.

Según los números que le acercaron semanas atrás las compañías al equipo de Aranguren, el precio promedio de todo el gas que se consume en el país ronda los 5 dólares por millón de BTU, la unidad de medida.

Esa cifra contempla tanto el producto de origen local como la importación por barco y desde Bolivia. En cambio, todos los consumidores pagan un promedio de US$ 2,4 por millón de BTU, es decir, casi la mitad.

En este ítem están incluidas usinas eléctricas e industrias, que suelen pagar un poco más, así como usuarios residenciales, cuyas tarifas están muy por debajo de las que se pagan en la región.

En base a esos números, un cálculo privado estima que el Estado subsidia con 4400 millones de dólares a la oferta de gas. Además, hay que sumarle un subsidio cruzado del sector gasífero, por sus bajas tarifas, a los clientes residenciales y algunos comercios e industrias.

El año pasado, por la situación crítica de las compañías, el entonces ministro Axel Kicillof accedió a darles un subsidio directo de 2590 millones de pesos, si bien algunas compañías no lo recibieron por completo. El número total supone unos 500 millones de dólares al año.

Para que los consumidores de gas paguen un precio cercano al costo del producto que utilizan, en el sector privado sostienen que debería haber cuanto menos un ajuste en torno al 400% promedio en todo el país. Pero la cuenta desagregada puede ser muy variable.

Los aumentos de gas recorrerán un camino institucional similar a los de la electricidad. Entre otras cosas, eso permitirá evitar la convocatoria a audiencias públicas, un mecanismo previsto en la ley.

Sucede que a mediados de la década pasada (la única empresa que se demoró fue Metrogas) el presidente Néstor Kirchner ordenó avanzar en la renegociación de contratos, algo que derivó en la firma de actas acuerdo, su oficialización mediante decretos y su envío al Congreso, que nunca los rechazó. Pero la administración anterior nunca terminó de ponerlos en marcha, algo que hará Macri.

Al igual que en el caso eléctrico, el objetivo de Aranguren es que las empresas lleguen a fin de año con un nuevo contrato de concesión. Eso las dotará de mayores recursos y estabilidad, lo que cree necesario para pedirles que cumplan mayores responsabilidades.

También habrá una tarifa social y renegociaciones periódicas. La factura será bimestral, pero tendrá un cupón para que se pague cada mes.