Una sensación de ambivalencia debió invadir a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal después del desenlace en Santa Fe con la captura de uno de los prófugos, Martín Lanatta. El paradero de los otros dos, su hermano Cristian y Víctor Schillaci, sigue envuelto en una nube de misterio. Al pequeño alivio político que produjo duda una detención de un episodio escandaloso, se contrapuso el mensaje general que deja la fuga de aquellos sicarios de la cárcel de máxima seguridad de General Alvear y los trece días, por momentos desopilantes, de la persecución. El Presidente y la gobernadora del principal distrito del país deben haber tomado nota de la enorme crisis institucional que deberán administrar desde ahora.
El problema tuvo su origen en Buenos Aires. Se combinó con otro asunto genuinamente político que también incomoda a Vidal: la falta de la aprobación a la Ley de Presupuesto. Pero el largo recorrido de los criminales hasta caer –uno de ellos– en un paraje santafesino estaría desnudando la magnitud de la penetración narco en la Argentina. No fueron hacia aquella zona por antojo. Santa Fe dispone de tres conocidas vías neurales para el tránsito de droga (las rutas 11 y 34, que procede desde Bolivia, y el río Paraná) a las cuales nunca el gobierno kirchnerista en su década les dedicó atención. Basta con recordar los cruces permanentes, por esa razón, entre las administraciones socialistas de aquella provincia y las entonces autoridades nacionales.
Tan generosa asomó esa red de protección que los hermanos Lanatta y Schillaci prefirieron refugiarse trece días en suelo argentino antes que buscar una salida expeditiva al exterior. Probablemente –según fuentes policiales– habrían estado en eso cuando uno resultó apresado. Pero pudieron desplazarse demasiado tiempo con mucha protección. Resulta posible asimilar esa lógica a otro suceso que conmovió al mundo en las últimas horas: la detención del “Chapo” Guzmán, el capo narco mexicano más famoso del mundo. También fue detenido en Sinaloa, México. Su tierra. Donde, tal vez, se sentía mejor protegido. Aunque poseía recursos económicos y de los otros para intentar ocultarse en cualquier punto remoto del planeta. Probablemente la Argentina, aunque todavía lejos, esté en el sendero de México y Colombia. La apreciación corresponde al ministro de Justicia, Germán Garavano. Será tarea del macrismo, los próximos cuatro años, que esa conjetura no se transforme en consumada realidad.
Vidal proclamó ayer haber dado el primer paso exitoso en la lucha contra el narcotráfico. El calificativo es objetable aunque también perdonable por la intensísima presión a que fue sometida la gobernadora en sus primeras cuatro semanas. Pero detrás de aquella apreciación habría sido descubierto un exceso de disfunciones en el sistema penitenciario y de la Policía Bonaerense. Además, ciertas decisiones políticas, al menos, controvertidas. La primera: no logró advertirse un acople eficiente entre las fuerzas provinciales y nacionales. Incluso se tornó evidente la desconfianza, en el último tramo, con el comportamiento de la Policía de Santa Fe. Esa fuerza fue relegada en el procedimiento a tareas de segundo orden aunque, por casualidad, cumplió un papel decisivo en la captura de Martín Lanatta.
Macri también felicitó a todas las dependencias que actuaron. Mero formalismo. Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, supo estos trece días de los disgustos explícitos presidenciales. De algún cortocircuito, incluso, con el encargado de aquella área en Buenos Aires, Cristian Ritondo. Es cierto que el Presidente graduó sus apariciones personales en relación con el episodio de los prófugos condenados a prisión perpetua que recorrieron el país burlando a sangre y fuego el patrullaje de policías y gendarmes. Pero aquel gradualismo no podría interpretarse como una especulación respecto de Vidal. Porque de la suerte de la mandataria podría depender también, en gran medida, el destino de su Gobierno. Cuando le ordenó a Bullrich que involucrara en la persecución a policías y gendarmes terminó de aventar cualquier duda.
El raid de los prófugos sirvió para agigantar el fracaso de los sistemas del Estado. Salieron de General Alvear, recorrieron un sector del Conurbano y llegaron al norte de Santa Fe con la misma camioneta que sustrajeron a la suegra de uno de ellos. ¿Nadie supo descubrirlos en ese extenso trayecto? Gendarmería acusó a la Policía Bonaerense de sembrar pistas falsas. La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) culpó a Gendarmería por desaprovechar una vez la información precisa para capturar a los prófugos. Los Lanatta y Schillaci pudieron en un mano a mano contra gendarmes. Robaron incluso una camioneta de la Gendamería. Burlaron por días improvisados rastrillajes conjuntos en zonas despobladas.
Vidal y Ritondo no tienen dudas sobre los sólidos nichos de complicidad de los prófugos con la Policía Ponaerense. Aunque no podrían todavía mensurar su dimensión. El nuevo titular de esa fuerza, Pablo Bressi, habría sido colocado ya bajo la lupa. Llegó a su cargo por su presunto conocimiento sobre el narcotráfico. Y con la recomendación de la DEA estadounidense. Menuda tarea le aguardaría para la depuración de su fuerza. Las únicas verificaciones fueron hechas los días en que los hermanos Lanatta y Schillaci merodearon el Sur del Conurbano. En especial, Quilmes. De allí la rápida limpieza en la Dirección Departamental de Investigaciones de la región.
Esa complicidad detectada en Quilmes acentuó el cariz político del escándalo. Se trata del bastión de Aníbal Fernández. El ex jefe de Gabinete había sido incriminado por Martín Lanatta en el triple crimen de General Rodríguez y en el tráfico de efedrina, durante un reportaje periodístico. Aunque habría cosas más serias que esas. María Servini de Cubría sustancia la causa por la efedrina. En una ocasión indagó a Lanatta: el criminal embretó muy mal a Aníbal. La jueza posee ese testimonio bajo llave. Fernández lo sabe. Preveía para febrero una nueva citación al criminal. ¿Pudo haber sido esa una de las razones de su fuga? ¿Pudo haber recibido amenazas de muerte para llamarse a silencio? Su detención con vida podría ser una ingrata novedad para varios. Aníbal pareció dar ayer mismo registro de tal inquietud.
La ruta de la efedrina conduciría a otros puertos. La causa de aquella jueza incluye el aporte de laboratorios que traficaron esa droga a la campaña del 2007 de Cristina Fernández. Las palabras de Lanatta podrían adquirir a futuro un esencial valor político. Aunque se trate de una lacra humana y social.
Vidal podrá estar lamentándose por no haber divulgado en toda su magnitud la herencia que recibió de Daniel Scioli. Habló de una provincia quebrada económica y financieramente. Más de lo que hizo Macri. Pero nunca imaginó el desbarajuste institucional. Se prestó a una transición en apariencia normal. El verdadero escenario emergió cuando se corrió el telón.
Aquel sinceramiento económico tampoco le alcanzó para torcer la oposición kirchnerista en la aprobación del Presupuesto. Aunque estaría en un sendero de recuperación. Para eso apeló a un informe que elaboró su ministro de Economía, Hernán Lacunza, sobre las finanzas provinciales. Que tratarían de explicar la solicitud de endeudamiento por $ 94 mil millones incluida en el proyecto. Lacunza subrayó una cantidad de pasivos nunca registrados. Para tener idea del problema bastaría con detenerse en dos rubros: la Provincia acumula una deuda superior a los $ 8 mil millones con proveedores y contratistas del Estado; a los municipios les adeuda $ 1.300 millones.
Ese faltante permitió reabrir el diálogo con el kirchnerismo que José Ottavis, el jefe del bloque del FpV, había clausurado por orden de Cristina. Casi cuarenta intendentes, la mayoría peronistas, mocionaron a favor de discutir el Presupuesto. Siete de ellos se integraron a una comisión junto a seis diputados y senadores. Del otro lado batalla el ministro de Gobierno, Federico Salvai.
Los kirchneristas aceptarían el endeudamiento para inversión en obras. Pero del monto total pedido por el macrismo desearían discriminar los $ 28.800 millones que se destinarían al Banco Provincia. La oposición recrimina que el oficialismo había ponderado varias veces la administración del Banco. ¿Por qué de pronto semejante pasivo?, preguntan. “El orden se perdió durante el 2015. La campaña consumió millones impensados”, replica un ministro de Vidal. En ese tire y afloje podría existir además alguna miseria política escondida. El kirchnerismo desearía ventilar públicamente la situación del Banco. Tal vez como otro disparo directo contra Scioli. La derrota sigue causando dolor y sangría.
La cautela de Macri para hablar sobre la herencia de Cristina carecería ya de sentido. Un escándalo con criminales prófugos, entre muchas cosas, alcanzó para descubrir las ruinas que el kirchnerismo hizo del Estado.