No sólo debió salir de ese paraíso para atender las inundaciones de la Mesopotamia. En la madrugada de ayer se desató otra tormenta en la provincia de Buenos Aires. La fuga de Martín y Cristian Lanatta y de Víctor Schillaci del penal de General Alvear enfrentó a María Eugenia Vidal con la primera crisis de su gobernación.

Una herida dolorosa, porque afecta la política de seguridad y lucha contra el narcotráfico, que es acaso la razón más poderosa por la que Vidal triunfó en la elecciones. La peripecia de los prófugos corrió el velo sobre una provincia colapsada en su dispositivo institucional. Y, en una perspectiva más general, exhibió otra vez un cuadro escalofriante: debajo del triple crimen por el que fueron sancionados los tres presos se extiende el negocio del tráfico de efedrina, cuya familiaridad con el kirchnerismo, y sobre todo con el financiamiento de la campaña de 2007, todavía está por aclararse.

La huida de los Lanatta y Schillaci entraña, además de un misterio policial, varios enigmas políticos e institucionales. El más elemental tiene que ver con la facilidad con que escaparon. A pesar de que la jueza del triple crimen de Quilmes/General Rodríguez, María Servini de Cubría, había ordenado que los tres condenados estuvieran en un área de máxima seguridad con doble custodia, ayer a la madrugada estaban en la enfermería, bajo el control de un solo guardiacárcel, al que, según la versión oficial, redujeron. Casi todo el circuito cerrado de TV estaba fuera de servicio. Y las cámaras que funcionaban no grababan.

La crónica inicial consignaba que los Lanatta y Schillaci robaron un Fiat Uno perteneciente a un empleado del penal. Pero los investigadores sospechan que ese auto los estaba esperando para trasladarlos hasta Villa Belgrano, donde los aguardaba una camioneta negra, que abordaron para correr hacia la ruta 205.

Estos episodios ocurrieron a las 2 de la mañana. Pero la maquinaria judicial tardó en ponerse en marcha. Recién a las 8.30 el Ministerio de Seguridad de la provincia consiguió la orden del juez para tramitar ante Interpol un pedido de captura. Para emitir la resolución por la cual se ofrece una recompensa a quienes localicen a los fugitivos se tardó un poco más: recién al mediodía el Servicio Penitenciario pudo suministrar la información necesaria sobre los Lanatta y Schillaci.

Ayer por la tarde, las fuerzas de Seguridad y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se fijaron tres objetivos principales. Uno es la identificación de la camioneta a la que subieron los presos. Otro es corroborar si Schillaci se separó de los Lanatta después de una pelea, como especulaba anoche un detective. El tercer objetivo es determinar si existió una llamada telefónica entre Martín Lanatta y su esposa.

Ayer al mediodía, la mujer denunció en una comisaría de Quilmes que su marido se había desconectado de sus hijos hace meses. Los investigadores creen que, en realidad, ella se sintió amenazada por una conversación que mantuvo con Lanatta ayer por la mañana. La policía trataba anoche de identificar dónde se encontraban los teléfonos celulares que entraron en contacto. Otra peculiaridad de esta trama: a última hora de ayer las autoridades no habían realizado escuchas telefónicas. Desde que Cristina Kirchner reformó los servicios de inteligencia, esas intervenciones están en poder de Alejandra Gils Carbó.

¿Por qué los Lanatta y Schillaci se fugaron con tanta facilidad? Los colaboradores de Vidal presienten una venganza del Servicio Penitenciario por el saneamiento anunciado por la gobernadora. Vidal anticipó el martes pasado que declararía la emergencia en esa área, lo que incluía una auditoría a su régimen económico.

Dentro del gabinete bonaerense hay quienes lamentan la ingenuidad de adelantar un corte de cabezas a quienes serían decapitados. Para estos funcionarios la reforma debería haber sido comunicada y ejecutada por una nueva conducción. Cerca de Vidal rechazan este reproche. Dicen que la crisis de General Alvear afectó a las anteriores autoridades penitenciarias.

Si bien la jefa María Florencia Piermarini había renunciado el 23, 13 días después del cambio de gobierno, hasta ayer no se le había aceptado la dimisión, a la espera de que su sucesor, Fernando Díaz, se alejara del sistema carcelario nacional. Ayer Vidal removió a Piermarini y al resto de la cúpula.

Hay muchos indicios de la complicidad de los guardiacárceles con los Lanatta y Schillaci. Aníbal Fernández siempre sospechó que la entrevista de Jorge Lanata con Martín Lanatta contó con el visto bueno de los carceleros. Se terminó de convencer cuando el abogado Antonio Solivaret, presunto enviado suyo, fue a negociar un acuerdo con los tres fugitivos de ayer, y terminó registrado en un video plagado de manifestaciones escabrosas, algunas referidas a funcionarios de Daniel Scioli. Todo a la vista de sus vigiladores. Estos detalles refuerzan la sospecha sobre la penetración del narcotráfico en el Servicio Penitenciario bonaerense. La denuncia de Lanatta contra Fernández fue parte de una guerra entre mafias afincadas en la intimidad del Estado.

Aníbal Fernández insistió en desligarse del trio y sugirió que podría su víctima. Pero amigos suyos hacían ayer circular una insidia: el escape habría sido, en rigor, una liberación, en pago por los servicios prestados durante la disputa electoral. Fernández siempre insinuó que la denuncia de Lanatta fue promovida por sus adversarios peronistas.

En el entorno de Vidal creen que los presos cometieron un error: "Nunca van a estar más seguros fuera que dentro del penal", comentó un funcionario. Descartaba de ese modo una versión que echaron a correr los familiares de Lanatta: que lo que parece una fuga fue, en realidad, un secuestro, para evitar que los condenados ventilaran información sobre tenebrosas transacciones del poder.

Anoche apareció otra lectura, si se quiere, psicodélica: "¿Y si los Lanatta y Schillaci piden asilo en una embajada y liberan las historias sobre la relación entre kirchnerismo y efedrina?". Se lo preguntó un abogado que conoce el bajo fondo bonaerense.

Sugirió algo más: Martín Lanatta, que fue barrabrava de Quilmes y colaboró con Andrés Meiszner en el Renar, tendría datos valiosísimos sobre los negociados entre los Kirchner, la AFA y la FIFA. José Luis Meiszner, padre de Andrés y álter ego de Aníbal Fernández, está detenido por esa investigación.

Teorías aparte, el regreso a escena de los tres condenados remite a varios escándalos objetivos. Ellos no son los únicos prófugos del triple asesinato.

El principal sospechoso, Ider Esteban Pérez Corradi, también huyó, después de un vidrioso cambio de jurisdicción en un juicio por otro delito. Pérez Corradi era socio de Martín Lanatta y acreedor, por una suma difícil de cobrar, de Sebastián Forza, uno de los acribillados. También estaba asociado con Néstor Lorenzo, quien junto a Forza figura entre los primeros contribuyentes de la campaña electoral de Cristina Kirchner en 2007.

Los recaudadores oficiales eran el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y su hombre en la Superintendencia de Salud, responsable de controlar las droguerías, Héctor Capaccioli. La rendición de cuentas por ese proselitismo todavía está siendo examinada en el juzgado de Servini de Cubría. Ese expediente obsesionaba a Néstor Kirchner y atormenta a su viuda. Lo sabe Julián Álvarez, el gestor judicial de La Cámpora.

Otro punto de contacto entre las muertes de Quilmes/General Rodríguez y el Estado: el día anterior al asesinato, las víctimas almorzaron con Julio Pose, un ex agente de la SIDE a quien señalan como presunto entregador.

Ésta es la ciénaga que, tras la mirilla de la fuga de ayer, se abre ante los ojos de Vidal. Es un paisaje interpelante por una razón más que evidente: ella llegó al poder montada en una ola de repudio a la vinculación entre crimen y política, sintetizada en la figura patibularia de "la Morsa". Disolver esa conexión es un mandato. Ayer a la madrugada debe haber terminado de advertirlo.