La Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que declara inconstitucional la
deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado
nacional, sin el acuerdo de las provincias, para financiar a la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
La sentencia, que beneficia a las provincias de Santa Fe, San Luis y Córdoba, contó con el voto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda. Además suspende de manera inmediata los descuentos que el Estado efectúa a la provincia de Córdoba sobre fondos de la coparticipación federal de impuestos.
La decisión del máximo tribunal exige al gobierno nacional y al Congreso que
concreten la reforma pendiente del régimen de Coparticipación Federal de
Impuestos dispuesta con la sanción de la Constitución Nacional de 1994. La
coparticipación es un mecanismo de distribución de los recursos fiscales entre
las administraciones nacional, provincial y municipal para garantizar una
provisión de bienes y servicios públicos equitativa en todo el territorio.
La detracción de este 15% de la coparticipación integra un fondo que se retira antes de distribuirla entre las provincias y la Nación. Desde 1992 se dispuso financiar con este dinero a la ANSES, antes de que se constituyeran las AFJP, en un período en el que había un déficit grande de la seguridad social en la Argentina. De esa forma el organismo previsional pudo equilibrar su balance con aportes por encima de la contribución de los trabajadores.
La Corte dio marcha atrás con una década de detracciones sin acuerdo de
provincias
Ariel Barraud, economista del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF),
estimó en más de $80.000 millones el monto de la devolución dispuesta por la
Corte, si se contabilizan unos $19.800 millones en términos históricos
correspondientes a Córdoba y un monto similar para Santa Fe, que tienen
coeficientes de coparticipación casi idénticos. Con la actualización, la cifra
podría ascender a unos $35.000 millones para cada distrito, más otros $10.000
millones para San Luis.
"Son valores muy elevados pero no descabellados, dados los desequilibrios del
sistema de coparticipación que se han venido acumulando en 20 años. Es un
desafío para ambos gobiernos, nacional y provincial, negociar cómo se va a hacer
tal devolución", explicó Barraud a Infobae. Recordó que el stock de deuda
acumulado por Córdoba con la Nación es de $6.745 millones, una cifra que dista
de compensar la deuda nacional con la provincia.
"Es llamativo que surja ahora este tema. Con la coparticipación venimos con
un incumplimiento con el precepto constitucional de reformularla desde 1996. Es
raro el timing, como una piedra en el zapato que va a ser difícil de negociar
para el próximo presidente", comentó Barraud.
El fallo de la Corte obliga al Estado nacional a "cesar en forma inmediata de detraer esos fondos bajo apercibimiento de ordenar al presidente del Banco Nación que cumpla con la orden en el plazo de diez días" y "devolver a las provincias la suma retenida indebidamente desde el 1° de enero de 2006 más los intereses que correspondan".
El máximo tribunal fijó un plazo de 120 días para hacer efectiva la
sentencia, con acuerdo entre las partes sobre forma y plazo para el reintegro.
Un estudio de IARAF con datos al cierre de 2014 determinó que mientras que
cada ciudadano de la provincia de Tierra del Fuego recibió durante 2014 $25.174,
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le ingresaron $1.895 per cápita. El año
pasado Córdoba recibió $7.632 por habitante; Santa Fe, $8.048 y San Luis
$13.824, mientras que el promedio nacional fue de 12.014 pesos.
En una proyección nacional, la detracción indebida fue de $415.000 millones
Con esta decisición, la Corte dejó abierta la puerta a que se produzcan nuevos reclamos desde otros gobiernos provinciales, pues el Tribunal señaló que "han transcurrido casi 20 años desde la fecha fijada por la Constitución Nacional para establecer un nuevo régimen de coparticipación", que en su artículo 75 inciso 2 exige garantizar "la remisión automática de fondos y que contemple criterios objetivos de reparto, que sea equitativa, solidaria y que dé prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional"
Ariel Barraud indicó que si se proyecta la detracción del 15% de la coparticipación a nivel nacioinal, el monto deducido por el Gobierno federal asciende a $230.000 millones de pesos en términos históricos, que actualizados ascienden a unos 415.000 millones de pesos. Esa cifra significa más del 7% del PBI y duplica el déficit financiero del Estado nacional previsto para todo 2015.
IARAF ponderó además la participación que las transferencias automáticas en
concepto de coparticipación de impuestos nacionales y el fondo federal solidario
(FFS) sobre el total de los ingresos de los distritos, en la que se contabiliza
la recaudación propia. El 59,1% de los ingresos de Córdoba, el 61% de Santa Fe y
el 74,2% de San Luis son transferidos por el Estado nacional a través de estos
mecanismos.
El promedio nacional es de 54,5%: en los extremos, en Formosa esta dependencia alcanza el 89,3%, mientras que para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esos giros nacionales representan apenas 9,5% de los ingresos.