A medida que se acercan las elecciones y aún sin certeza de llegar al ballottage, el equipo de Mauricio Macri va mostrando más cartas sobre el programa económico que pondría en marcha en caso de llegar a la presidencia. En la asamblea del FMI en Lima, algunos de sus integrantes bosquejaron en trazo grueso cómo sortear la escasez de reservas, bajar la inflación, recuperar la inversión, el crecimiento y la creación de empleos privados. En reuniones reservadas en Buenos Aires, otros asesores comienzan a barajar números e instrumentos que hasta ahora permanecían en una nebulosa y no están exentos de riesgos.
Una de las claves es cumplir la promesa de poner fin al cepo en diciembre y retornar a un tipo de cambio único. El riesgo es que el dólar se dispare ante la demanda reprimida por el BCRA, que para entonces mostrará una posición negativa de reservas líquidas. Para contrarrestarlo, la apuesta es que también reaparezca en la superficie parte de la oferta de "argendólares" atesorados fuera del circuito económico debido a la incertidumbre electoral, con el fin de que el mercado encuentre un nuevo punto de equilibrio, por debajo del actual nivel del paralelo.
Los técnicos prevén una serie de acciones iniciales simultáneas para no depender del voluntarismo. Una, incluir en el anuncio del programa un sendero descendente y explícito de emisión monetaria para financiar el bache fiscal y reducir gradualmente la inflación, como una manera de coordinar expectativas que no compliquen la flotación cambiaria. Otra, la prometida baja a cero de todas las retenciones a la exportación agropecuaria y de economías regionales; excepto para la soja, con una reducción de 5 puntos por año y un trato diferencial en el NOA, donde la producción dejó de ser rentable por la suba de costos frente a la caída de los precios internacionales.
Con respecto a la política tributaria manejan varios escenarios para corregir las distorsiones del extravagante sistema retroactivo del mínimo no imponible (MNI) de Ganancias para los asalariados con base agosto de 2013. Esto hace que hoy no paguen el impuesto quienes después de esa fecha consiguieron un nuevo trabajo bien remunerado; entre ellos, miles de funcionarios designados con altos sueldos en el sector público. Una de las hipótesis extremas, consistente en duplicar el MNI, tendría un costo fiscal equivalente a 0,54% del PBI. Un nivel similar al de eliminar los aportes por 5 años para el primer empleo juvenil, prometido por Macri en el debate entre los candidatos.
Según los bocetos del programa monetario, la idea es reducir gradualmente el ritmo de emisión del 35 al 15% anual en 2016 (con un objetivo de inflación de 11,1%); al 11% en 2017 (con inflación de 6,8%), y al 7% anual en 2018 (con inflación de 4,2%).
Los fundamentos, en cambio, ingresan en un terreno más opinable. El diputado Federico Sturzenegger (Pro) sorprendió días atrás a los asistentes del ciclo mensual del Estudio Broda -donde expuso como invitado-, con varias definiciones que él mismo calificó como provocadoras. Según su enfoque, "la Argentina no tiene una crisis macroeconómica, sino de crecimiento", a causa de la debilidad institucional que daña el clima de inversión. También sostuvo que la economía no necesita un ajuste "ya que fue hecho por el kirchnerismo al subir la presión tributaria en 12 puntos del PBI, para recomprar deuda pública en moneda extranjera, como lo hubiera recomendado el FMI". Y si bien la deuda con acreedores privados se ubica en un nivel bajo, debió apelar al impuesto inflacionario por la mayor suba del gasto público.
Con esta base argumental, el economista explicó que hoy el déficit fiscal de 6,7% del PBI se financia con 3 puntos de impuesto inflacionario, 3,1 de deuda y 0,6 con reservas del BCRA. Y que en 2016, sólo por un año, podría reducirse a 5,3% del PBI, financiado con menor impuesto inflacionario (1,2 puntos) y sustituido por algo más de endeudamiento interno y externo (3,2) y reservas (0,9), fortalecidas por la eliminación del cepo y mayor libertad cambiaria, así como la recuperación del crédito comercial externo para pagos de importaciones.
Sturzenegger afirmó que, además de la reducción gradual de la emisión monetaria y la inflación, y una estructura tributaria más progresiva, el programa prevé un aumento de la inversión en infraestructura, que sólo en 50% sería financiado por el Estado y el resto por el sector privado. Para ello se reducirán los subsidios al gas y electricidad en sectores medio-altos, con un esquema que incluye tarifas sociales.
A la vez remarcó que el precio doméstico del barril de petróleo equivalente a 77 dólares por barril (60% más alto que el internacional) significa una transferencia de 6000 millones de dólares (1,2% del PBI) de los consumidores de combustibles a YPF y las petroleras privadas, que debería ser revisada para bajar costos de transporte. La compensación a las petroleras (para no resentir la producción) y a las provincias (por pérdida de regalías) vendría por un tipo de cambio más competitivo y flexibilidad para girar utilidades.
Para redondear estas propuestas y enmarcarlas en el objetivo de recuperar el crecimiento económico, sostuvo que el desafío será que el gasto público (40% del PBI) vuelva a la sociedad y al aparato productivo, y que, a mayor crecimiento, los recursos se destinen a bajar la presión tributaria (incluso las alícuotas del IVA), mientras el tipo de cambio real será una resultante de esas políticas.
Con más cartas sobre la mesa, el Coloquio Anual de IDEA que tendrá lugar esta semana en Mar del Plata podría ser un buen escenario para comparar propuestas y asomarse a la futura política económica. A diez días de las elecciones, en el tradicional encuentro empresario expondrán por separado Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa. La incógnita será cuántas cartas se darán vuelta y cuántas se mantendrán tapadas hasta diciembre.
