Los jueces de una Cámara tucumana de alzada sembraron ayer la mayor sospecha de fraude en el proceso electoral nacional. Cuando la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán declaró la nulidad de las elecciones de gobernador (y ordenó convocarlas de nuevo), produjo un hecho inédito en la nueva democracia argentina. Nunca, desde 1983, la Justicia anuló ninguna elección, aun cuando hubo denuncias de fraude.

La decisión desmiente un punto clave de la teoría oficialista utilizada como defensa en esta crisis.

Esos argumentos del kirchnerismo planteaban que las denuncias de manipulaciones, adulteraciones, clientelismo y compra de votos formaban parte de una estrategia de la oposición para deslegitimar el triunfo del oficialismo. Sin embargo, es probable que la decisión judicial de ayer sea revocada por la Corte Suprema de Tucumán, integrada por jueces amigos del gobernador José Alperovich.

De todos modos, esa decisión que anuló los comicios tiene una carga demoledora para el gobierno kirchnerista, que entregará en diciembre un sistema electoral viciado por el fraude y con escasa legitimidad. A pesar del obsceno robo de boletas en el conurbano bonaerense, en las primarias de agosto, fue el caso tucumano el que llevó la sospecha de fraude a niveles también desconocidos en la sociedad nacional. Por primera vez, consignan encuestas que acaban de realizarse, una cantidad importante de argentinos desconfía de la seriedad de su sistema electoral. Esa sospecha es novedosa. En las elecciones legislativas de 2009, Néstor Kirchner reconoció que había perdido la misma noche de las elecciones. El sistema no se había degradado tanto como ahora.

El caso tucumano les agregó sus propios condimentos a las viejas trampas del sistema electoral. O tuvo el único mérito de exponer las nuevas mañas. Sea como sea, lo cierto es que se quemaron urnas, se falsificaron los resultados de las actas en los telegramas que envió el Correo y se compró a los fiscales de la oposición. Una cosa es el conocido método de robar boletas (repudiable también) y otra cosa, peor aún, es la manipulación del escrutinio provisorio (que depende del Correo) y los sobornos a los fiscales opositores.

El caso de Tucumán se cerró de la manera más incierta posible cuando un supuesto corte de luz destruyó las grabaciones fílmicas de las urnas durante el día en que estuvieron guardadas, hasta que empezó el escrutinio definitivo. La oposición denunció que el corte de luz no existió nunca. Simplemente, se destruyó la grabación que había comenzado a constatar, por ejemplo, que muchas urnas llegaban abiertas. En tales condiciones, conviene aceptarlo, no hay gobierno que pueda perder una elección.

La resolución de ayer en Tucumán significa también, en los hechos, una dura refutación a la Presidenta. Sólo 24 horas antes, Cristina Kirchner había desafiado públicamente a la oposición a reconocer el triunfo del oficialismo (su ex ministro de Salud Juan Manzur era el gobernador electo) en lugar de seguir haciendo denuncias. La Presidenta carece a estas alturas hasta de la información más elemental de lo que sucede en el país que gobierna. ¿O es que sus funcionarios temen llevarle las malas noticias? Desde el lunes pasado, por lo menos, la política de Tucumán sabía que en el curso de esta semana esa Cámara anularía las elecciones. Sobre todo, después de que el fiscal general del fuero federal tucumano, Gustavo Gómez, se convirtió en un testigo clave contra la validez de esas elecciones. Gómez ya había dicho que las maniobras de fraude constatadas en Tucumán respaldaban la necesidad de una nueva elección en ese provincia.

No es sólo Tucumán. En Chaco, donde se realizarán elecciones de gobernador el próximo domingo, se descubrió que en el padrón hay 10.000 inscriptos de forma irregular. Siete mil de ellos no figuran en ningún registro del padrón nacional argentino. Tres mil están anotados en el padrón del Chaco, pero no en el padrón nacional. Hay personas en el padrón chaqueño con 120 años de edad. Los muertos han vuelto a votar. La cifra de 10.000 significa el 2% del electorado chaqueño. Es decir, la oposición comenzará los comicios perdiendo por el 2 por ciento.

La decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo será apelada por el gobierno provincial ante la Corte Suprema de Tucumán. Dependiente de Alperovich y sus amigos, es más que seguro que ese tribunal revocará la resolución de ayer y dará por válidas las recientes elecciones. La oposición apelará seguramente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal de justicia del país se ha negado siempre a tomar partido por los resultados de elecciones provinciales; prefiere en esos casos respetar la jurisdicción provincial de la Justicia.

No todo está dicho. En primer lugar, porque nunca hubo una decisión judicial de semejante trascendencia electoral. La Corte Suprema de la Nación ha decidido, sí, cuando trató cuestiones electorales que requerían de una clara interpretación de la Constitución. Fue el caso de Santiago del Estero, cuando le prohibió la reelección al actual presidente provisional del Senado, Gerardo Zamora, actual caudillo feudal santiagueño. Zamora recurrió entonces a la treta de todos los caciques feudales: colocó a su esposa como candidata a gobernadora; ella es, en efecto, la actual mandataria de la provincia.

A partir de la comprobación de que hubo fraude, según la Cámara que resolvió ayer, la Corte Suprema de la Nación podría hacer también una lectura de la Constitución. La Ley Fundamental del país establece que los argentinos eligen a sus gobernantes en elecciones libres. La primera garantía de la democracia, por lo tanto, es el derecho al voto, que lo debe garantizar el Estado y no los fiscales. Vale la pena hacer esta aclaración porque el argumento del oficialismo es que la oposición no tiene derecho a criticar si no tiene fiscales o si sus fiscales se convirtieron en tránsfugas. La teoría del Gobierno significa la privatización de la custodia de un derecho esencial de la democracia.

El oficialismo ha quedado en Tucumán en el peor de los mundos: o Juan Manzur se convierte en el gobernador con menos legitimidad del país o el gobierno de Alperovich deberá llamar a nuevas elecciones, aceptando implícitamente que ganó la última vez mediante el fraude. Podría ser un caso aislado en el turbulento norte argentino, pero no lo será nunca cuando faltan apenas 40 días para las elecciones que señalarán quién será el próximo presidente de la Nación.