No significa rigurosamente un vaciamiento, pues todo fue hecho al amparo de la ley o, mejor dicho, al amparo de las leyes que estos años impuso la mayoría kirchnerista en el Congreso. Pero si se mira el modo como fue exprimido el Banco Central durante la era K, el resultado concreto arroja algo bien parecido a un vaciamiento.

Es norma del BCRA que ningún banco comercial puede prestarle, sin garantías, más del 15% de su patrimonio a una empresa privada. O el 25%, con garantías.

¿Y cuánto le lleva prestado el mismo Banco Central al gobierno nacional, o sea, a un solo acreedor? Entre reservas destinadas al pago de la deuda externa y adelantos que financian gasto público –emisión pura–, nada menos que el 2.500% de su patrimonio, según cálculos de un ex funcionario de la entidad impresionado por sus propios números.

“Eso representa cien veces más de lo que exige a sus regulados y encima hay ciertos manejos que podrían ser causas de remoción de Alejandro Vanoli”, agrega. En su ejemplo, una eventual remoción podría sostenerse en base a un audaz reconocimiento de Vanoli: que las reservas son insuficientes para “quitar todas las restricciones”; el cepo, puesto sin eufemismos.

Dice la Carta Orgánica del BCRA sobre las atribuciones del directorio, en el inciso q) del artículo 14: “Determinará el nivel de reservas ... y otros activos necesarios para la ejecución de su política cambiaria, tomando en consideración la evolución de las cuentas externas”.

Allí existe, pues, un límite al uso de las reservas determinado por el estado de las cuentas externas; “las restricciones” a las que el propio Vanoli aludió. Y aunque el Central nunca lo determinó expresamente, la confesión de insuficiencia hecha por Vanoli indicaría que ese techo está excedido y él inhabilitado para continuar manejando las reservas discrecionalmente.

Dice el artículo 9: “Los integrantes del directorio podrán ser removidos de sus cargos por el Poder Ejecutivo nacional, por incumplimiento de las disposiciones de la presente Carta Orgánica ...”.

Desde luego, nadie puede imaginar un relevo antes de diciembre. Otra cosa es el después, si el próximo gobierno considera que el directorio y su titular, Vanoli, han vulnerado la ley que rige sus actos.

El paso previo es pedir el dictamen de una comisión bicameral del Congreso, aunque no implicará la última palabra.

Sin ir demasiado atrás, vale el antecedente de Martín Redrado, que a comienzos de 2010 resistía la decisión de Cristina Kirchner de aplicar las reservas al pago de obligaciones con acreedores privados. Un decreto de necesidad y urgencia lo acusó de “mala conducta e incumplir los deberes de funcionario público” y fue despedido.

Con margen similar, trascartón una ley votada por el kirchnerismo aprobó eso que Redrado rehusaba convalidar.

El resultado canta hoy que, en dólares contantes y sonantes, la deuda del gobierno nacional con el BCRA alcanza al 165% de las reservas, contra 23% del promedio 2005-2009. Así, lo que hace unos años no llegaba ni a la cuarta parte del stock total ahora lo supera en el 65%.

Para mayor abundancia, se trata de financiamiento a tasa cero, gratis, y de letras que el Central no puede colocar en el mercado. “Las reservas son del pueblo”, ha sido una justificación bien estilo K de algunos funcionarios. Podría agregarse: serán del pueblo, pero las gasta la Casa Rosada.

También recursos a costo cero, en marzo de 2012 la mayoría automática aprobó una ley que levantó considerablemente el cupo de adelantos del BCRA al Gobierno. Mercedes Marcó del Pont, entonces presidenta de la entidad, celebró que de ese modo el banco dejaba de poner todo el foco en la inflación y se asociaba “con la economía productiva, con la inclusión social y el empleo”.

Marcó del Pont pretendió resaltar que le habían sacado al Central un lastre del liberalismo, aunque en realidad el Central nunca fue enteramente independiente del poder político, ni aún en los tiempos del neoliberalismo.

Los hechos detrás de las palabras dicen que los adelantos ya equivalen al 91% de las reservas versus el 34% previo a la reforma. Esa relación ha crecido casi al triple.

Y dicen, también, que entre adelantos y reservas al cierre del ciclo kirchnerista la deuda del gobierno nacional con el BCRA rondará impresionantes US$ 104.000 millones. Habrán aumentado 419% durante los dos mandatos de la Presidenta.

Así de comprometidos quedarán los activos de la mayor institución financiera del país, con un dato adicional: se trata de activos de muy dudosa cobrabilidad.

Pronto saltará una muestra de eso mismo. Imposibilitadas de pagar y apenas asumidas, el 3 de enero las nuevas autoridades deberán sacar un decreto y patear hacia adelante los US$ 9.810 millones que Néstor Kirchner tomó del Central para sacarse de encima al Fondo Monetario.

Pero aunque los números abrumen, no hay plata que alcance. Si a las reservas brutas se les restan los yuanes de China, que obviamente no salen gratis; más los depósitos en dólares de particulares; los pagos a los bonistas retenidos por los fallos de Griesa; las letras dolarizadas y otros fondos que son definitivamente deuda, el stock neto se achica a unos US$ 13.500 millones. Y será bastante menor en diciembre.

De cosas semejantes hablan los especialistas cuando afirman que el BCRA ha perdido poder de fuego para enfrentar presiones cambiarias. O dicen que han debilitado recursos que, al fin, pertenecen a los ciudadanos como aquellos sacados a la ANSeS y, por todo junto, relativizan el argumento oficial de que el grueso de la deuda del Estado la tiene con el propio Estado. Al modo de Alejandro Vanoli, algo de eso está implícito en su no hay margen “para quitar todas las restricciones”.

Vuelta al principio, puede no ser formalmente cierto que el Banco Central ha sido vaciado. Pero el resultado de explotarlo al extremo luce bastante parecido a un vaciamiento. Igual al que pague el que sigue, ya ostensible por donde se mire.