Anteanoche, luego de una extensa jornada de negociaciones en el Ministerio de Trabajo bonaerense, la compañía, la segunda productora de pollos del país, y el Sindicato de la Alimentación, más otros gremios como Uatre, molineros, camioneros y carne, llegaron a un principio de acuerdo para destrabar el conflicto. El pacto consistía en reincorporar 670 despedidos la semana pasada, pagar en 3 cuotas la primera quincena adeudada de julio y cancelar de aquí a octubre el aguinaldo. Además, se convino bajar de nueve a siete horas y media la jornada laboral. Sin embargo, trabajadores de la alimentación rechazaron lo convenido.
Ayer las plantas de procesamiento continuaban cerradas y la empresa ratificó que iban seguir en ese estado. "Cumplan con la conciliación obligatoria, de lo contrario el acuerdo se cae y cerramos", advirtió una alta fuente de la empresa.
El viernes pasado la empresa cerró sus plantas de procesamiento dejando en vilo a más de 3000 obreros, sin contar los 670 ya despedidos, entre las plantas y el sector de granjas.
En las fuentes del sector gremial había resignación por la prolongación del conflicto. "El acuerdo quedó en la nada. Estamos viendo cómo seguir, pero mañana [por hoy] tampoco podrían reabrir las plantas", dijo Silvio Etcheún, del Sindicato de la Carne.
"A nosotros la reducción horaria, de nueve a siete horas y media, nos representa unos 4000 pesos menos por mes", dijo Julio Gramajo, uno de los voceros de los trabajadores.
Ayer hubo declaraciones contradictorias de funcionarios de los gobiernos nacional y bonaerense. Por un lado, Oscar Cuartango, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, anunció la reapertura de la empresa y que no se perdería "ninguna fuente de trabajo". Por su parte, el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, cuya cartera ya paga Repro por 2100 pesos a los trabajadores de la compañía, admitió que la situación de la empresa es "terminal" y que 1500 personas podrían quedarse sin trabajo. Agregó que otras 1000 podrían reinsertarse en un programa laboral.
Según trascendió, la preocupación por la crisis en Cresta Roja llegó hasta la misma presidenta Cristina Kirchner y el candidato presidencial del oficialismo, Daniel Scioli. Intermediarios en su nombre actuaron para intentar destrabar el conflicto.
Según diversas fuentes, además de la cartera de Trabajo bonaerense estuvo realizando gestiones el ministro de Seguridad y ex intendente de Ezeiza, Alejandro Granados. También se lo vio haciendo gestiones a su hijo, Gastón "Gato" Granados, presidente del club Tristán Suárez.
Ayer circuló la versión de que el gobierno bonaerense iba a destinar una ayuda de $3,5 millones por día, unos 100 millones al mes, para que la empresa pudiera comprar el maíz y la soja que necesita para elaborar el balanceado para los pollos.
