Como en aquel reino del revés inmortalizado por María Elena Walsh, en el que un ladrón es vigilante y otro es juez, en la Argentina kirchnerista hemos llegado al colmo de que los delincuentes puedan perseguir y echar a los magistrados en lugar de ser investigados y condenados por éstos.
Poco antes de asumir la presidencia de la Nación, en 2003, Néstor Kirchner había proclamado su objetivo de convertir a la Argentina en "un país normal". Doce años después, no hay dudas de que ese país que imaginaba se parecía mucho a la Santa Cruz de la que fue amo y señor, donde el Poder Judicial local se transformó en un apéndice del Ejecutivo y quien osara desafiar al poder kirchnerista podía ser sancionado con el destierro, como ocurrió con el procurador general de la provincia Eduardo Sosa.
Los últimos seis meses en la Argentina, transcurridos entre la muerte del fiscal Alberto Nisman un día antes de su presencia en el Congreso para ampliar su denuncia penal contra la Presidenta y el desplazamiento del juez Claudio Bonadio de la causa Hotesur después de que allanara la oficina de Máximo Kirchner, dieron cuenta de esa "normalidad" que dejaría anonadado a cualquier observador que resida en un país serio.
Alguna vez Carlos Zannini expresó: "A la Presidenta no se le habla; a la Presidenta se la escucha". El mensaje es también para los jueces: a Cristina Kirchner no se la interroga ni se la indaga; sólo se la obedece. De acuerdo con esta particular concepción, el Poder Judicial no está para ponerle límites al gobierno elegido por el pueblo, sino tan sólo para refrendar sus actos. En la doctrina del kirchnerismo, no existen los jueces independientes; o éstos son esclavos de su jefa política o son enemigos de la patria.
La causa Hotesur, basada en supuestas prestaciones de servicios hoteleros que encubrirían coimas del próspero empresario y contratista del Estado Lázaro Báez a la familia presidencial, es por lejos la que más preocupa a Cristina Kirchner. Por eso, el propósito de la primera mandataria es cerrar esa investigación judicial cuanto antes. Sabe que corre graves riesgos si la Justicia "duerme" la causa hasta que asuma el nuevo presidente. Nadie puede descartar que si este trámite judicial pasa a un estado vegetativo durante los próximos meses, no pueda ser reactivado al promediar la gestión de su sucesor en la Casa Rosada. Definitivamente, la Presidenta ni siquiera confía en Daniel Scioli.
La posibilidad de que, a través de las pericias contables ordenadas por el juez Bonadio y de la documentación secuestrada días atrás en las oficinas santacruceñas, se develara la trama oculta detrás de facturaciones por servicios que no se prestaban y habitaciones de hoteles que no se ocupaban fue el desencadenante de la presión kirchnerista para forzar el apartamiento del magistrado de la causa Hotesur.
Cualquier conjetura sobre la posición que adoptará el nuevo juez de la causa, Daniel Rafecas, resulta prematura. Es cierto que este magistrado fue determinante para el cierre de la investigación promovida por Nisman contra la Presidenta. Tampoco podría ?desestimarse que el propio Rafecas pretenda alguna vez reivindicarse ante la sociedad luego de quedar ante la opinión pública como uno de los "enterradores" del fiscal de la causa AMIA. La primera pregunta es si podrá hacerlo bajo la presión que suponen las denuncias en su contra que se hallan en el Consejo de la Magistratura y cuyos miembros kirchneristas intentarían agilizar en la medida que la causa Hotesur siga mostrando signos vitales. Rafecas podría estar al menos condicionado.
Otra pregunta, sin embargo, se impone antes. Guarda relación con la posibilidad de que los documentos y registros informáticos contables recogidos días atrás en Santa Cruz por orden de Bonadio -entre ellos, el back up de la computadora de Máximo Kirchner- sean alcanzados por la controvertida medida de nulidad dispuesta por el voto de los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, y deban ser devueltos a sus dueños.
Más allá de estas peripecias judiciales, los negocios de la empresa hotelera que tiene a la Presidenta y a sus hijos como accionistas ponen de manifiesto graves irregularidades que sólo precisan del sentido común de cualquier ciudadano para ser comprobadas. El eje del escándalo no sólo pasa por el alquiler de habitaciones de hotel que no se ocupaban, sino por el hecho de que éstas hayan sido alquiladas por compañías vinculadas a un contratista del Estado, como Lázaro Báez. Algo que está prohibido por el Código de Ética de la Función Pública y que resultaría violatorio del Código Penal.
El citado Código de Ética señala que un funcionario público no puede prestar servicios, remunerados o no, a quienes gestionen o exploten concesiones del Estado o sean proveedores de éste. Establece, además, que el funcionario no debe involucrarse en situaciones incompatibles con sus funciones. Del mismo modo, no debe obtener ni procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad o influencia.
El Código Penal prevé una pena de hasta seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para aquel funcionario que, directamente o por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. También reprime con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco al funcionario que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por persona interpuesta, una contribución, un derecho o una dádiva.
El presunto poder de un gobierno capaz de remover jueces a su antojo encubre una debilidad: la que exhibe una Presidenta que luce desesperada e incapaz de explicarle a la sociedad por qué sería inocente. Un funcionario público de primer nivel convencido de que no es culpable de un delito debería ser el primero en ponerse a disposición de la Justicia para despejar toda sospecha.
Paradójicamente, buena parte de la sociedad parece adormecida e indiferente ante la fase final del asalto a la Justicia que protagoniza el kirchnerismo. No es una buena noticia para Mauricio Macri, quien desde esta noche podrá dedicarse con más tiempo a su campaña presidencial, una vez conocido el resultado del ballottage de la extenuante contienda electoral porteña, que tantas energías le restó.
El postulante presidencial de Pro ya sabe que, aunque en el clima social prevalece un deseo de cambio, éste es más acotado del que muchos opositores esperaban. Su desafío está planteado por un segmento clave del electorado, que busca una combinación de cambio y continuidad, y que podría conformarse con una mera variación en las formas o el estilo de gestión que podría garantizarle Scioli.
Macri, sin embargo, puede ostentar un dato positivo para él en los últimos días: la confirmación pública por parte de Bonadio de que, en los últimos meses, por lo menos dos allegados a Scioli se acercaron a ofrecerle algún tipo de reunión con el gobernador bonaerense, cuando la causa Hotesur se hallaba en pleno trámite. Es un hecho que no deja bien parado al candidato presidencial del oficialismo, quien debe vencer al gran fantasma de su campaña electoral: la percepción social de que, con él en la Casa Rosada, todo seguirá igual..
