La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, ya es la propietaria de las escuchas telefónicas de Inteligencia en la Argentina. La formalización de la transferencia fue comunicada ayer por el titular de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), Oscar Parrilli. La decisión es consecuencia de la aprobación de la ley que fundó ese organismo en el mes de febrero. Una carta desesperada a la que apeló Cristina Fernández como respuesta a las entonces encendidas repercusiones populares por la muerte del fiscal Alberto Nisman.

El reemplazo de la Secretaría de Inteligencia por la AFI intentó ser resistida por la oposición. Pero el kirchnerismo, con complicidades, impuso su hegemonía en el Congreso. En Diputados reu-nió 131 votos con la ayuda, entre varios, de los legisladores santiagueños del radical K, Gerardo Zamora, vicepresidente del Senado, del Movimiento Popular Neuquino y del PJ pampeano. El mismo partido que el domingo pasado doblegó al kirchnerismo en las primarias para ungir candidato a gobernador.

En el Senado aquel trámite fue más sencillo porque la mayoría de la oposición resolvió no presentarse al debate. El escollo que debió sortear el oficialismo fue el quórum. También contó con buena ayuda. Por caso, la del senador Jorge Garramuño, que responde al bloque del Peronismo Federal conducido por Adolfo Rodríguez Saá.

Resultó, de verdad, muy contrastante y paradójica aquella comunicación de Parrilli la misma jornada en que los jueces llevaron a cabo, quizás con retardo, una masiva manifestación frente a los Tribunales para detener la ofensiva colonizadora del Gobierno contra el Poder Judicial. Cuando se habla de los jueces refiere a sus principales organizaciones, que recibieron de decenas de miles de ciudadanos porteños el respaldo a su reclamo. La convocatoria fue detonada por un hecho puntual: la remoción del juez Luis María Cabral de la Sala I de la Cámara de Casación. ¿Dónde radicaría la paradoja? A Cabral se lo separó con argucias por su disposición a votar a favor de la inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento con Irán. Arrastró otro pecado. Había rechazado un pedido de recusación contra el juez Claudio Bonadio en la causa Hotesur. La que hurga en sospechas sobre lavado de dinero de la familia Kirchner con una cadena hotelera en El Calafate.

Aquel texto suscripto con Teherán constituyó la punta del ovillo a partir del cual Nisman construyó su denuncia por presunto encubrimiento terrorista contra Cristina Fernández y Héctor Timerman a raíz del atentado en la AMIA, en 1994, que dejó 85 muertos. Esa denuncia fue desestimada “in limine” por disposición del juez Daniel Rafecas y de la Sala I de la Cámara Federal. Sobre la misteriosa muerte del fiscal, a casi seis meses de producida, no existe ninguna novedad. Nadie sabe en qué anda la fiscal Viviana Fein, a cargo de la investigación. Pero está visto que los fantasmas de Nisman continúan siendo un tormento para la Presidenta. Se aproxima en días otro aniversario del ataque a la mutual judía, por el cual la Justicia argentina responsabilizó a ocho jerarcas iraníes.

Gils Carbó es una pieza clave del reseteo que hace tiempo inició el kirchnerismo en la Justicia para amoldarla a las necesidades del Poder Ejecutivo. La mujer anunció en mayo que seguirá en su cargo, al que accedió hace dos años, durante el próximo gobierno. Haría falta una mayoría especial del Senado para removerla. En este momento, una utopía. La mujer, según la información que Parrilli brindó ayer, dispondría de mayores facultades de las que parecían emanar de la simple creación de la AFI. Las escuchas que manejará no sólo estarán autorizadas para prevenir “posibles atentados contra el orden constitucional y la vida democrática”.

Además, deberá estar atenta a “las corridas bancarias, cambiarias, desabastecimiento y golpes de mercado”. Tendrá una dirección especial que se ocupará de esos delitos.

Dicha tipificación figura en la “Nueva Doctrina Nacional de Inteligencia”. Sus vínculos podrían rastrearse en los últimos días de junio cuando el Banco Central y el Ministerio de Economía adoptaron medidas de control policial –con sanciones a casas de cambio y bancos y allanamientos en las “cuevas”– para garantizar la “estabilidad económica”, según expresiones de Axel Kicillof. La realidad tendría otro nombre: el Gobierno no logra frenar el persistente proceso de dolarización acicateado, sobre todo, por la pérdida objetiva del valor del peso y la incertidumbre del largo año electoral.

Aquella herramienta envolvería muchísimos riesgos y sería casi imposible no asociarla al modelo que reina en Venezuela, con Nicolás Maduro. No discriminaría el espionaje sobre actividades lícitas e ilícitas y podría aplicarse sin la intervención previa de un juez. Algo que, de acuerdo con los especialistas, sería violatorio de la ley y la Constitución.

Ese mismo espíritu impregnaría el episodio con Cabral. Y tanto otros que Ricardo Recondo, el titular de la Asociación de Magistrados, catalogó en la movilización de ayer como “la avanzada final del copamiento a la Justicia”. ¿O no lo es, acaso, el mecanismo inventado por el Gobierno, a través de una ley que establecieron sus mayorías parlamentarias, para desplazar y nombrar a nuevos magistrados subrogantes? El kirchnerismo cambió de un plumazo las normas en el Consejo de la Magistratura. Abolió los dos tercios por una mayoría simple. Que siempre tiene en ese cuerpo (7 sobre 13) por el voto incondicional de su presidenta, Gabriela Vázquez.

Los jueces miran ahora a la Corte Suprema a la espera de que entienda en el carácter inconstitucional de las subrogancias. Los camaristas de todo el país se lo explicaron ayer mismo a Ricardo Lorenzetti, quien los había convocado. Algo hará el alto Tribunal. Los jueces que protestaron ayer en la calle encuentran muchas dificultades políticas que no hallaron en otros tiempos. Porque desde que fracasó la reforma judicial, en 2013, Cristina se ocupó de rastrear cualquier atajo para cumplir con su objetivo. Vaya si lo consiguió: ocupó las Cámaras de Casación; tiene varios jueces federales que responden a sus demandas; maneja con poderes excepcionales la Procuraduría General; selló una mayoría automática en el Consejo de la Magistratura.

El debilitamiento del Poder Judicial que no es K se advertiría en otra cosa. Casi el único recurso disponible para los jueces es ahora mismo la Corte. El último eslabón. De allí la decisión de la Asociación de Magistrados de sacar este grave conflicto a la escena internacional. Hay en marcha presentaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas en las cuales se denunciaría el atropello a garantías que consagra el sistema jurídico internacional.

La escalada kirchnerista sucede, por otra parte, en plena campaña. Sólo tapizada con eslóganes y afiches. Motorizada además por quienes apuestan a la continuidad en el poder, más allá del gusto que represente para ellos Daniel Scioli. Por ese motivo incrustaron a su lado a Carlos Zannini, el ingeniero de la embestida sobre el Poder Judicial.

Los candidatos de la oposición (Mauricio Macri, Ernesto Sanz, Elisa Carrió, Sergio Massa y Margarita Stolbizer) parecen casi enredados en el extenuante calendario electoral que los fuerza a enfocarse en el proselitismo básico –recolectar votos– cada quince días. Tampoco se los podría acusar de indiferentes: pero sus mensajes a la opinión pública, referidos a esta crisis en la Justicia, no poseerían la intensidad y la permanencia necesaria para que lleguen y sean comprendidos.

Scioli no habla jamás sobre nada de todo eso. Apenas es posible recordar su descalificación a la denuncia de Nisman cuando las papas quemaban. Eran los tiempos en que buscaba, además, la bendición de Cristina para ser indiscutido candidato. La consiguió, pero su conducta no ha variado. Ni siquiera existen indicios de que pueda variar.