Podrá decirse que el proyecto es tan visible como tosco, pero no podrá negársele capacidad de iniciativa a Cristina Kirchner. Con una ley que pasó casi inadvertida en el Congreso, está haciendo la reforma judicial que no pudo hacer hace dos años. Brigadas de jueces kirchneristas están asumiendo en lugares clave de la Justicia, la situación ha puesto en estado de sublevación a los jueces titulares del país y la Corte Suprema es impotente para frenar en el acto ese cambio fundamental. Digan lo que digan, esta situación es peor que la de la reforma judicial que la Corte Suprema bloqueó en 2013. En lo que ya parece un milagro, semejante conquista del cristinismo se produce a menos de cinco meses de que el actual gobierno se vaya.
Sin embargo, los milagros no existen para interpretar los desmanes de la política. Existen, sí, varias razones para explicar lo inexplicable. En primer lugar, el actual gobierno es el más habilidoso de la democracia argentina para manipular el clima político. Ha establecido la certeza de que la próxima administración será una continuidad política e institucional de la que se va. Tal posibilidad le otorga un poder que no se mide en meses, sino en años. Pero no hay pruebas para aquella aseveración. Dos encuestas recientes señalan, por el contrario, que existe un virtual empate técnico entre Daniel Scioli y Mauricio Macri, y que es probable que llegarán en esas condiciones a la primera vuelta de octubre. Funcionarios del propio Scioli aceptan esa perspectiva: "Estaremos cabeza a cabeza en octubre".
Esta vez, además, el cristinismo ha logrado quebrar la antigua unanimidad de la Justicia en defensa de su propia independencia. "Hemos sido infiltrados", reconoció un importante juez. Resulta que gran parte de los progresos actuales del cristinismo en los tribunales se logró gracias a la complicidad o a la deserción de algunos jueces. No es La Cámpora la dueña de esos éxitos, sino Justicia Legítima, la organización de jueces y fiscales que simpatizan con el cristinismo. Esa agrupación reconoce como su santa patrona a Alejandra Gils Carbó, pero tiene otros referentes importantes que son jueces. "Justicia Legítima rompió nuestra unidad y fue más eficiente que cualquier funcionario político", se escuchó en importantes despachos de la propia Corte Suprema. Entre esos jueces y fiscales cristinistas, hay más ideología (o fanatismo en algunos casos) que otras razones.
Un caso especial es el de la presidenta del Consejo de la Magistratura, la jueza Gabriela Vázquez, que se convirtió en el séptimo (y crucial) voto en el Consejo de la Magistratura. Es el voto que le da la mayoría simple al oficialismo. Vázquez salió tercera en las elecciones para elegir a los representantes de los jueces, pero logró alcanzar, con los votos del cristinismo, la presidencia del Consejo. Empezó su carrera judicial en tiempos de Carlos Menem (César Arias fue su gran mentor) y recaló ahora en un kirchnerismo duro y sin disimulos. Los ex presidentes del Consejo Mario Fera y Alejandro Sánchez Freytes ?desempataban a veces a favor del Gobierno y, otras, en contra. El voto de Vázquez es distinto: le otorga al Gobierno una mayoría automática en el Consejo de la Magistratura.
A la actitud de Vázquez debe sumársele la del juez Esteban Furnari, que con argumentos extraños rechazó el viernes la cautelar pedida por Luis María Cabral, el juez que fue desplazado de la Cámara de Casación cuando se disponía a votar contra el Gobierno en el caso de la constitucionalidad del tratado con Irán. Furnari, que había adelantado otra resolución, fue fuertemente presionado por el Gobierno. La salida de Cabral de Casación fue impulsada por otros jueces de esa misma Cámara con marcadas simpatías hacia el oficialismo.
Clima político y deserción de jueces no hubieran logrado tanto sin la distracción de la oposición, sobre todo de la legislativa. El 10 de junio, hace casi un mes, el Congreso sancionó la nueva ley de subrogancias. Esa ley le permitió al Gobierno un logro incomparable: redujo el número de votos necesarios en el Consejo de la Magistratura para designar jueces subrogantes. Antes necesitaba nueve votos (los dos tercios), que el oficialismo no tiene; ahora le basta con siete (la mayoría simple), que sí tiene con el apoyo de la jueza Vázquez. Tan sencillo como eso. El proyecto abortado de reforma judicial se proponía tomar el control del Consejo de la Magistratura. No pudo entonces, pero puede ahora por una ley que la oposición votó en contra, pero no denunció como inconstitucional en el momento oportuno.
El caso Cabral le llegó a la Corte por un camino inadmisible. El fiscal Raúl Pleé pidió la inconstitucionalidad de esa ley por vía administrativa, que la Corte rechazó. Es cierto que la historia se repite siempre: los jueces y la propia oposición juegan con las razones de la ley, mientras el Gobierno habita en un mundo de sinrazones. Cualquier cosa es posible ante ese caso, menos la sorpresa de los opositores. El kirchnerismo es así desde que existe.
Sea como sea, hasta el viernes no había ingresado en los tribunales ningún pedido de inconstitucionalidad de la ley de subrogancia. Es inconstitucional porque ignora el mandato de la Constitución sobre la designación de los jueces, sean estos suplentes o titulares. Sólo el viernes, el presidente del Colegio de Abogados, Guillermo Lipera, pidió a la Justicia la declaración de inconstitucionalidad de esa ley. Lo mismo hizo el abogado Ricardo Monner Sans. La Asociación de Magistrados hará un planteo similar el miércoles próximo, después de la manifestación que convocó para el martes, a las 18, en la plaza Lavalle. De todos modos, se perdieron más de tres semanas en un caso que deberá recorrer las tres instancias de la Justicia (el juez de primera instancia, la Cámara Federal y la Corte Suprema), trámite que llegará al máximo tribunal de Justicia no antes de septiembre seguramente.
¿Qué sucedería si la Corte Suprema terminara declarando inconstitucional la ley de subrogancias? Puede deducirse que lo hará con sólo leer su jurisprudencia. Ya dijo que los conjueces de la Corte necesitan cubrir los mismos requisitos que los jueces titulares del tribunal. Con ese mismo criterio, podría señalar que cualquier juez subrogante debe tener las condiciones de cualquier juez titular. Es decir, debe contar con los dos tercios de los votos del Consejo de la Magistratura (los nueve que el oficialismo no tiene) en lugar de la simple mayoría que establece la nueva ley.
Si así fuera el caso, los tribunales deberán prepararse para un largo tembladeral. Los jueces designados ahora no caerán fácilmente, aunque deberían hacerlo por obra de esa eventual decisión de la Corte Suprema. Resistirán con innumerables planteos judiciales. Hasta es probable que haya dos jueces (el que está y el potencialmente repuesto) en un mismo juzgado o vocalía.
El oficialismo desintegró y volvió a integrar la Sala I de la Cámara de Casación, a la que pertenecía el juez Cabral. Ahora son todos jueces kirchneristas ahí. Se mencionó mucho el tratado con Irán, pero ésa es ya una causa abstracta, sobre todo, porque los iraníes se encargaron de matar el acuerdo. Esa Sala tiene también la causa Hotesur, que investiga el supuesto delito de lavado de dinero por parte de la familia Kirchner. El acuerdo con Irán es una causa política y ya casi imaginaria, una buena máscara para encubrir lo sustancial: colocar jueces propios en la máxima instancia penal del país que deberá tratar las probables vergüenzas de la familia presidencial. La ideología, la complicidad y el fanatismo de algunos jueces servirán al final para curar el miedo cristinista que también se esconde detrás de la guerra sin fin.
