La receta elegida tendría vínculo con las limitaciones objetivas que tiene su Gobierno en estos ocho meses finales de mandato: exhibe todavía, teniendo en cuenta esas condiciones, un respetable poder de fuego. Pero sin la capacidad para convertirlo en letal.

Aquella guerra fría también resulta posible por otra razón. Al Gobierno sólo le preocupa defenderse pensando en el futuro, aunque el recambio presidencial sea parcialmente propio, con Daniel Scioli y Florencio Randazzo. El kirchnerismo anclaría con uno o con el otro. A la oposición, en cambio, le va la vida en la campaña y en la construcción de una alternativa factible de poder. Esa obligación la distraería de otras cosas. Si no fuera así, resultaría difícil de explicar la escasez de opositores en la Comisión de Juicio Político de Diputados donde el oficialismo produjo una movida: colocó a Anabel Fernandez Sagasti, una camporista de Mendoza, discípula de Máximo Kirchner, a cargo de aquella comisión en reemplazo de Adela Zegarra. La diputada del Movimiento Evita había quedado sin estabilidad interna luego que el año pasado la oposición logró firmar en minoría un pedido de juicio político contra Amado Boudou.

La oposición tiene trece representantes en la Comisión de Juicio Político contra 19 del kirchnerismo. Pero ayer sólo se pudo ver a Laura Alonso y Pablo Tonelli (PRO) y Manuel Garrido (UCR). Sería injusto no señalar que dos presidenciables se ocuparon de la crisis K con los jueces de la Corte: las advertencias corrieron por cuenta de Sergio Massa y de Elisa Carrió.

La guerra fría de la Presidenta perseguiría varios objetivos. Primero: forzar una nueva vacante en el máximo Tribunal, tras la salida voluntaria de Raúl Zaffaroni. Segundo: debilitar ahora y para el futuro a su titular, Ricardo Lorenzetti. Tercero: lograr en el Congreso la ampliación de cinco a nueve el número de jueces. Cuarto: dejar una Corte diezmada y permeable a una posible negociación para el turno que viene.

Las baterías verbales del kirchnerismo apuntan sobre Carlos Fayt. El magistrado, de 97 años, nunca le regaló un voto a las urgencias políticas del Gobierno. Esa situación explica la ofensiva K cuya cara visible es Aníbal Fernández. El jefe de Gabinete trataba tiempo atrás al veterano juez con desprecio. Ahora comenzó a reconocer sus pergaminos aunque continúa echando sombras sobre su capacidad vital para ejercer el cargo. Las palabras de Aníbal se hilvanaron con la puesta en marcha de la Comisión de Juicio Político. No habría casualidades en esos movimientos.

El kirchnerismo dispone de mayoría en esa Comisión. Podría redactar un pedido de juicio para elevar a la Cámara. Allí se vislumbraría su obstáculo insalvable: carece de los dos tercios para intentar progresar con la maniobra. Pero no para algún operativo de desgaste. Aunque eso signifique, a lo mejor, asumir riesgos públicos: Alonso ya recordó las solicitudes de juicio político que la oposición tiene redactadas contra el vicepresidente, contra la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, por el irregular nombramiento de fiscales y contra Héctor Timerman, por el insólito Memorándum de Entendimiento suscripto con Irán. Pese a todo, valdría mas la cabeza de Fayt. Demandarían informes a la Corte sobre la situación del juez. Solicitarían la acción de juntas médicas para evaluar su salud mental. Nada determinante, aunque orientado a mellar su estado de ánimo.

Idéntica intención se agazaparía detrás de las presiones contra Lorenzetti. Cristina y Carlos Zannini, el secretario Legal y Técnico, observan ahora al abogado de Rafaela como el enemigo mas temible. Alejado Zaffaroni, le adjudican haberse convertido en el hombre que unifica los criterios en el Tribunal con los fallos que el Gobierno considera perjudiciales. Entre los últimos, el dictado de la inconstitucionalidad por la lista de conjueces con los cuales el kirchnerismo soñaba fidelizar la Corte.

A la Presidenta le irritó además la referencia de Lorenzetti acerca de que los jueces están para ponerle límites “a los gobierno de turno”. Podría ser para los que vengan pero nunca para el de ella. Le replicó el lunes con las postales de Néstor Kirchner y Hugo Chávez: “El único control es el del pueblo”, aseguró. Una frase acorde con su concepción de democracia y con el carácter del acto que apuntó a homenajear a los ex presidentes fallecidos.

A Cristina le obsesiona también el despliegue habitual del titular de la Corte. Sus intervenciones en un foro del gremio metalúrgico. De los industriales azucareros. O, como anteanoche, en la Feria del Libro a la cual ella no concurre. Crease o no, desde la Casa Rosada auscultan diariamente la página web del CIJ (Centro de Información Judicial) donde creen advertir una supuesta plataforma adecuada a los intereses de Lorenzetti. La obsesión los lleva a indagar cuantos ingresos diarios posee aquella web. Siempre los atemoriza la llegada del jefe de la Corte con la dirigencia política. Tal vez, porque uno de sus conspicuos gestores es un antiguo ex senador K y amigo de Kirchner, Nicolás Fernández, a quien la Presidenta hace mucho excomulgó. Lo acusan, además, de haber sido uno de los consejeros de Massa cuando el diputado del Frente Renovador rompió con los K en el 2013 y los derrotó en las legislativas.

Nadie sabe cuanta de toda esa presión del poder influye de verdad en Lorenzetti. Si se conoce que algún efecto surte. El titular de la Corte cometió un error cuando el lunes dejó trascender que luego de diciembre no continuaría comandando el Tribunal, como sus integrantes, por unanimidad, habían resuelto semanas atrás. La acordada de ayer a la mañana habría desnudado el malestar de sus colegas. Se supo que volaron durante la cita algunas palabras ásperas. La Corte ratificó, al final, la reelección de Lorenzetti, que tomó un avión y viajó a Roma.

Quizás la Presidenta no mensure adecuadamente la onda expansiva que va generado su guerra fría. Se advertiría un abroquelamiento de la justicia tradicional en torno a la figura del jefe de la Corte. Incluso de jueces federales que manejan causas sensibles de corrupción en el Gobierno. Cristina cuenta, en ese aspecto, con una ventaja: en poco tiempo mas será candidata y tendrá la protección inexpugnable en la Argentina de los fueros.

Esa impunidad le posibilitaría progresar con el proyecto para ampliar el número de magistrados –de cinco a nueve– en el Tribunal. Sucederá en las próximas semanas con una garantía: el kirchnerismo posee mayoría simple –lo que necesita– para sancionar la iniciativa en Diputados y el Senado. La disputa por el llenado de la vacantes sería posterior, con el advenimiento del nuevo Gobierno.

Para ese plan sería importante el desplazamiento de Fayt. De ese modo la Corte quedaría restringida a tres jueces. Con seis sillones vacíos a cubrir. Quedaría a la vista un Tribunal evidentemente debilitado.

Con la esperanza de conservar la primera minoría en Diputados y el Senado, aún en el caso de una caída, el kirchnerismo quedaría en buena postura para entablar una negociación sobre los cortesanos con el Gobierno que llegue. Una repartija razonable podría consistir en tres para cada bando. Sería la última pieza para completar el blindaje judicial que persiguen desde hace rato Cristina y el kirchnerismo. Apenas un anticipo de las desventuras políticas que le aguardan al próximo presidente y a la democracia.