Finalmente, Lorenzetti aceptó la ratificación de su reelección y la confianza que le brindaron ayer los tres miembros restantes de la Corte. Sin embargo, la escalada vivida en la cumbre del poder institucional merece que se formulen algunas preguntas. ¿Era realmente la renuncia de Lorenzetti el objetivo del Gobierno? ¿Qué motivó esta nueva y atropellada fase en la guerra declarada hace mucho contra el máximo tribunal de justicia del país?

Primero deben verificarse los hechos. Es cierto que en la mañana del lunes pasado Lorenzetti visitó en sus despachos a los jueces Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, y que les manifestó su deseo de renunciar a la reelección, que sólo entrará en vigencia a partir de diciembre próximo. Los jueces habían estado reunidos antes en sesión de acuerdos, pero el tema no se trató colectivamente. La sesión de acuerdos, que se hace habitualmente los días martes, se adelantó un día porque Lorenzetti tenía previsto viajar ayer a Italia para participar en una presentación del nuevo Código Civil argentino. La crisis lo obligó a cancelar ese viaje a último momento.

La versión que Lorenzetti les dio a los otros jueces es que estaba moralmente agobiado por la insistente campaña del Gobierno contra la Corte y contra él. La nueva embestida del oficialismo estalló después de que la Corte declarara nula e inconstitucional la designación de los conjueces de la Corte y de que el propio Lorenzetti recordara la semana pasada, en un discurso público, que "la Corte no gobierna, pero está para poner límites". Esa definición del juez enfureció de tal manera a Cristina Kirchner que ésta aprovechó anteayer un acto en la Casa de Gobierno para contestarle. "Sólo la Constitución y las elecciones nos ponen límites a los gobernantes elegidos", disparó en una clara respuesta a Lorenzetti. La Corte interpreta precisamente a la Constitución cuando destaca su función de poner límites a los otros poderes del Estado. Las palabras y la escenografía fueron coherentes en Cristina Kirchner: sólo la pérdida total del sentido de los límites pudo permitirle a la Presidenta colocar el retrato de su marido muerto en el Salón de los Patriotas de la Casa de Gobierno. Una versión sudamericana de Corea del Norte.

La decisión de adelantar ocho meses la elección de Lorenzetti fue un acto de autodefensa

Aníbal Fernández no perdió una mañana sin atacar a la Corte, sobre todo por la reelección de Lorenzetti y por la avanzada edad del juez Carlos Fayt. A la ofensiva oficial se le sumó Raúl Zaffaroni, integrante de la Corte hasta hace cuatro meses. Zaffaroni, que parece haber extraviado el sentido de la lealtad a sus antiguos colegas, criticó a Lorenzetti y al resto de los jueces supremos por haberlo reelegido como presidente. La más grosera e inhumana agresión estuvo dirigida a Fayt, a quien le reprochan airadamente que tiene 97 años. La vejez como un delito, según el Gobierno, que habla de los derechos humanos como una bandera propia y de nadie más. Fayt es un reconocido maestro del derecho por jueces y abogados. La insultante operación oficial tuvo también otros voceros no tan directos.

A Lorenzetti le hacían dos objeciones. Su reelección y el voto de Fayt, que presuntamente lo firmó en su casa y no en la sala de acuerdos. Lorenzetti cumplirá en diciembre nueve años como presidente de la Corte. Fue reelegido por tres años más, hasta 2019. El criterio de la Corte, en realidad, es volver al principio, cuando sus presidentes duraban mucho tiempo y trascendían a los gobiernos. Cree que esa permanencia mejora la percepción de la sociedad sobre la independencia de la Justicia. En efecto, los jueces argentinos miran el caso de los Estados Unidos, donde las cortes supremas son conocidas por el nombre de su presidente ("La Corte de Warren", por ejemplo), mientras que aquí se las conoce por el nombre del presidente de la Nación (la Corte de Menem o de Alfonsín).

En la Argentina, hay también ejemplos de presidentes de la Corte que duraron mucho tiempo: desde Antonio Bermejo, a principios del siglo pasado, que estuvo 24 años como titular del máximo tribunal, hasta Roberto Repetto, en las décadas del 30 y el 40, que conservó el cargo durante 14 años. Otros, como José Gorostiaga y Benjamín Paz, duraron diez años. Julio Nazareno, el presidente de la Corte menemista, estuvo nueve años. El caso de Lorenzetti, en resumen, no inaugura nada nuevo en la instancia más alta de la Justicia.

Con todo, no puede ignorarse que la decisión de adelantar ocho meses la elección de Lorenzetti fue también un acto de autodefensa de la Corte. El tribunal venía de anular la designación de los conjueces y esperaba fuertes empellones oficialistas. Si bien fue presentada como una decisión necesaria para alejar al tribunal de las turbulencias electorales del segundo semestre del año (y esto también influyó), lo cierto es que pesó más la necesidad de presentar un cuerpo unido y un presidente respaldado por el resto de los jueces. La brutalidad de las estrategias del cristinismo termina, al final, provocando el efecto contrario.

La persecución de Fayt, y su eventual renuncia, le daría al Gobierno una nueva vacante en la Corte

Las referencias al voto de Fayt son directamente una manipulación humillante de datos supuestos. Aun cuando Fayt haya firmado el acta en su casa, la Corte tiene muchos precedentes de jueces que, por razones de salud o por necesidad de tiempo, han hecho lo mismo en muchas ocasiones. Los jueces conocen los casos, los conversan con sus colegas y, a veces, la resolución que acuerdan la firman en sus domicilios particulares. Enrique Petracchi firmó, cinco días antes de morir, el último acuerdo en su casa, donde ya agonizaba. Fayt tiene los achaques de la edad, pero ha conservado una envidiable lucidez para interpretar las leyes.

La Corte adelantó ayer dramáticamente el calendario que se había impuesto: ratificar el próximo martes la reelección de Lorenzetti para después de diciembre. ¿Por qué lo hizo? Fundamentalmente porque consideró que no hubiera sido conveniente que la presidencia de la Corte estuviera en discusión o en duda durante una semana.

La ratificación de Lorenzetti no estuvo nunca en duda. Tanto Maqueda como Highton de Nolasco sabían que ellos habrían vivido el mismo tormento de Lorenzetti si lo hubieran reemplazado. El objetivo del Gobierno no es Lorenzetti, a pesar del especial enfado que hay con él en el cristinismo, sino Fayt. La cruel persecución de Fayt, y su eventual renuncia, le daría al Gobierno una nueva vacante en la Corte. El oficialismo creyó siempre que dos vacantes, la que ya existe y una más, le permitirían negociar con la oposición, sobre todo con el radicalismo, el nombramiento de dos jueces.

El segundo objetivo del Gobierno es la creación de un clima propicio para ampliar el número de miembros de la Corte. La certeza de que ese proyecto existe en el Gobierno es lo que impulsó a los jueces supremos a revisar la designación de los conjueces. Cristina Kirchner está, a su vez, precalentando a sus legisladores para votar la ley que ampliaría el tribunal. El Gobierno quiere llevar de cinco a nueve los miembros de la Corte. Como actualmente hay cuatro jueces en la Corte, una integración de nueve dejaría en minoría al tribunal actual. No podría tomar decisiones, porque naufragó la idea de llenar la Corte de conjueces cercanos al cristinismo. Invadidos o maniatados. Así quiere el Gobierno a los jueces actuales de la Corte. Todos los autoritarismos terminan por destruir cualquier noción de la división de poderes. El único e insalvable obstáculo de Cristina Kirchner para consumar su cometido es que el tiempo se le ha ido.