Los desmanes producidos hace una semana en la planta de Louis Dreyfus en General Lagos, Santa Fe, pusieron en alerta al sector empresario sobre la posibilidad de una escalada de violencia. El incendio de instalaciones y autos de empleados de la compañía constituyó un punto de inflexión, y desde la cámara que agrupa a las industrias se puso en aviso a Gendarmería, Prefectura y el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Según contaron a este diario fuentes empresarias, inclusive dentro del Gobierno se puso en aviso al Ministerio de Seguridad que lidera Cecilia Rodríguez.
Los desmanes fueron presuntamente disparados por las demoras en la descarga de granos en las plantas, aunque desde el sector empresario lanzaron la acusación de que participaron encapuchados, que se mezclaron con los camioneros en los episodios violentos.
Ayer, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines lanzó un paro por tiempo indeterminado, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo salarial con las empresas, lo que podría agravar las demoras en las plantas y generar nuevos conflictos en otras empresas que quedarán afectadas por la medida, como Cargill, Bunge y Molinos.
Desde el sector sindical desmintieron que los hechos del martes en la planta de Dreyfus respondieran a demoras adicionales en la descarga como consecuencia de un quite de colaboración sorpresivo de la Federación, en pleno proceso de conciliación obligatoria que venció recién ayer por la tarde. El secretario General de la entidad, Daniel Yofra, aseguró que se trata de un desmanejo habitual de las empresas a esta altura del año, cuando entra el grueso de la cosecha. De esta forma, desalentó la idea de que el nuevo paro pueda complicar más esta situación porque consideró que las empresas tomarán sus recaudos ante la inminencia de la medida de fuerza, derivando camiones a otros puertos del norte, donde la Federación no tiene incidencia directa. Sin embargo, ante la posibilidad de que se adhieran a la medida los habituales aliados, la CGT San Lorenzo, el panorama quedaría más complicado para los exportadores.
La lejanía del alcance de un acuerdo entre las partes, cuando la Federación reclama un aumento salarial de entre 42% y 48% contra una propuesta no mayor al 25%, donde en medio entra el gobierno nacional que pide un techo a los reclamos, prepara un terreno de conflicto que parece dar sustento al temor empresario de nuevos episodios de violencia.
