La ausencia total de novedades a dos meses de la muerte del fiscal Alberto Nisman podría representar un caso revelador –nunca novedoso– de cómo la política argentina se suele desentender, superado el impacto popular inicial, de las cuestiones institucionales mas trascendentes. De hecho, se sigue con las recordaciones y los reclamos de justicia y verdad por los atentados en la embajada de Israel (1992) y de la AMIA (1994). El desaparecido Jorge Julio López, testigo en el juicio del comisario Jorge Echecolaz, pareciera haber sido condenado al olvido. Sólo tres ejemplos, entre muchos.

Cristina Fernández resolvió abandonar aquella tragedia, sobre la cual noveló en sus orígenes, para ocuparse sólo de la denuncia del fiscal. Pesa sobre ella la imputación por presunto encubrimiento terrorista, a raíz del atentado en la AMIA y el pacto con Irán, que dispuso Gerardo Pollicita. Los candidatos kirchneristas, Daniel Scioli y Florencio Randazzo, han borrado la cuestión de sus agendas. No tendrían nada halagador para decir. Los opositores habrían decidido zambullirse en la competencia electoral, sin reparar debidamente, quizás, que el suicidio o crimen de Nisman quedará también como parte de su densísima herencia.

Algunas conductas individuales acentuarían la impresión sobre el desdén político colectivo. Hay dos mujeres, de distinta militancia, que escapan en ese episodio al promedio general. Elisa Carrio presentó ayer dos nuevas denuncias en relación a la muerte de Nisman. Margarita Stolbizer, la diputada bonaerense y pre-candidata presidencial de centro izquierda, hace rato que le apuntó al Memorándum de Entendimiento, que Cristina celebró con Irán, para intentar correrle al velo al misterio del fiscal muerto.

El Gobierno se ha focalizado en la denuncia que dejó Nisman y que avaló el fiscal Pollicita. La muerte o el crimen se han convertido en un chiquero que, con voluntad o sin ella, casi todo abonaron. El Gobierno, como parte central de un Estado que hizo lo indecible para enturbiar las investigaciones. La fiscal Viviana Fein, con empeño pero sin la envergadura para un caso de dimensión local e internacional. A dos meses de la tragedia, debió convocar a peritos extranjeros para cotejar sus vacilantes informes con los de la ex esposa del fiscal, Sandra Arroyo Salgado. La jueza habló, tajante, de un magnicidio de proporciones desconocidas. Las partes querellantes, por otro lado, abrieron un periodo de hostilidades. Arroyo Salgado embiste contra Diego Lagomarsino. El técnico informático que le prestó el arma a Nisman asomó al inicio con un perfil híbrido. Pero el caracoleo de la investigación lo llevó a admitir un vínculo con el fiscal distinto al divulgado. Podría ser una estrategia de su defensor, Maximiliano Rusconi. Podría ser, también, que Lagomarsino no haya contado todo lo que conocía, de entrada, a su abogado.

El Gobierno perdió en las últimas horas una batalla en el terreno que lo desvela. Tampoco se trataría de la batalla principal. La Sala I de la Cámara Federal rechazó la recusación contra el fiscal Germán Moldes, planteada por el diputado K Andrés Larroque y el espía Allan Bogado. Mañana los jueces (Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero) escucharán como Moldes defenderá, según se sabe, la apelación de Pollicita. Ese funcionario subrayó “la indiferencia, el desdén y el destrato con Nisman de un Estado que antes lo elevó”. La contraparte se ocupará de defender la desestimación de Daniel Rafecas a la denuncia del fiscal muerto. Luego se abrirá un paréntesis hasta que resuelvan si la imputación contra Cristina Fernández y Héctor Timerman permanece. O se cae.

Ese sería el punto. La Presidenta necesita que la Cámara rechace la apelación de Pollicita. Si eso no ocurriera, podría sobrevenir para ella una catástrofe política. En primer lugar, debería convivir con una imputación mientras se lanza la campaña y concluye su mandato. No serían los mejores pergaminos para una postulación suya, a diputada, a senadora o a legisladora del Parlasur. En segundo lugar, aunque más distante, la continuidad de la causa podría abrirle el portón del infierno. Si la denuncia de Nisman se empezara a considerar valedera, aquella simple imputación podría derivar en un hipotético juicio por crímenes de lesa humanidad. Cabe recordar que en la mutual judía murieron 85 personas. Así está tipificado por la justicia argentina cualquier delito vinculado a la voladura de la AMIA. De esa manera lo valora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, con la cual el kirchnerismo, vaya paradoja, posee una mala relación.

Aquellos magistrados conocen muy bien la tormenta que los circunda. A uno de ellos, Farah, proclive a aceptar la apelación de Pollicita, le habrían anticipado que sería trasladado de Sala. El problema central de la Cámara es que deberá apostar por su presente o su futuro. Su aval al fallo de Rafecas dejaría satisfecha a Cristina. Pero la Presidenta se retira en diciembre. En el medio, estaría la valoración de la opinión pública y la continuidad de los jueces a partir del 2015. En un Poder que, con seguridad, no será ajeno al posible cambio de los vientos políticos.

La Cámara Federal, en su recorrido, enfrentará otros obstáculos difíciles de ser sorteados. A medida que pasan los días surgen más evidencias sobre el entramado entre Venezuela e Irán que habría propiciado el giro de Cristina en la política exterior y el pacto con Teherán. A las 40 mil escuchas que compiló Nisman, en las cuales el vínculo argentino-iraní resulta el eje, se sumó una denuncia de la revista brasileña Veja, sobre un supuesto financiamiento iraní a la campaña de Cristina. Veja reveló el escándalo de Petrobras, que ha colocado en jaque a Dilma Rousseff. Quizás nada de todo eso alcance para convertir la denuncia de Nisman en judiciable. Pero tampoco resultaría sencillo para aquellos tres jueces desecharla, como hizo Rafecas, sin pagar consecuencias.

El tema del presunto financiamiento iraní viene de lejos. Desde la famosa valija de Guido Antonini Wilson ingresada clandestinamente a la Argentina con 800 mil dólares, ni bien asumió Cristina en 2007. Esa causa ha estado más de siete años y medio congelada en los pliegues de la Justicia. Hace pocos días, en medio del revuelo por Nisman, la Sala II de la Cámara de Casación Penal, con mayoría K, decidió declararla prescripta.