La sobrerreacción de la presidenta Cristina Fernández tras ser imputada por presuntamente haber tratado de encubrir la responsabilidad de Irán en el atentado terrorista de 1994 contra el centro comunitario israelita AMIA en Buenos Aires, sugiere que las cosas en Argentina se van a poner peor, antes de ponerse mejor.

Fernández, quien debe dejar la presidencia tras las elecciones de octubre, en las que no puede aspirar a un tercer mandato, dijo a través de sus voceros que los cargos formales presentados el viernes contra ella, el canciller Héctor Timerman y otros dos cercanos colaboradores, constituyen un intento de “golpe judicial” contra su gobierno.

En lugar de continuar con su estrategia anterior de tratar de minimizar las acusaciones diciendo que son jurídicamente insostenibles por falta de pruebas, la presidenta decidió redoblar la apuesta.

El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, calificó la imputación como un acto de “golpismo judicial”, y el secretario presidencial Aníbal Fernández la denunció como “una clara maniobra de desestabilización antidemocrática”.

Ambos funcionarios se referían a la decisión del fiscal Gerardo Pollicita de imputar a la presidenta y a Timerman por supuestamente haber conspirar para encubrir la responsabilidad de funcionarios iraníes de alto rango en el bombazo que destruyó la AMIA en 1994 que dejó 85 muertos y unos 300 heridos.

El fiscal Pollicita validó la denuncia penal de 289 páginas que había sido presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman el 14 de enero, cuatro días antes de que fuera encontrado muerto de un balazo en la cabeza en su apartamento. El gobierno en un principio calificó la muerte de Nisman como un suicidio, y luego admitió que podría haberse tratado de un asesinato.

Muchos juristas se preguntan por qué el gobierno reaccionó con tanta vehemencia ante la imputación de Pollicita, si está tan convencido de que se trata de una acusación jurídicamente endeble. De hecho, la imputación formal de Pollicita solo elevó la acusación de Nisman en un pequeño escalón legal, ya la suerte del caso dependerá de si un juez decide darle curso, o declararlo inadmisible por falta de pruebas.

Entonces, ¿por qué el gobierno de Fernández sobrerreaccionó, si los cargos son tan endebles como asegura?

Una teoría es que fue una reacción automática de un gobierno populista autoritario, que instintivamente califica de “intento desestabilizador” a acusaciones en su contra que en cualquier democracia moderna serían vistas como parte normal del funcionamiento del sistema de separación de poderes.

Al igual que en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro ya ha denunciado cuatro supuestos intentos de golpes desde que asumió el cargo hace dos años, sin aportar pruebas sólidas en ningún caso, Fernández puede estar tratando de desviar la atención pública de sus crecientes problemas políticos y económicos.

En Argentina, además de la nueva imputación contra Fernández por supuesto encubrimiento en el caso de la AMIA, el vicepresidente Amado Boudou está siendo procesado en al menos dos casos de corrupción, y hay alrededor de 300 otras causas que alegan que funcionarios de alto rango del gobierno y sus parientes cercanos participaron en actos de corrupción.

Además, la economía de Argentina está yendo cuesta abajo. La mayoría de los economistas coinciden en que la economía se contraerá un 1.3 por ciento este año, tras una caída similar el año pasado, y que la inflación alanzará un 33 por ciento anual.

En medio de todo esto, varios fiscales han llamado a una marcha masiva el miércoles 18 para exigir una investigación efectiva sobre la muerte de Nisman, y una mayor independencia judicial. La mayoría de los líderes de oposición han dicho que participarán en la marcha.

Otra teoría es que Fernández ha decidido contraatacar con fuerza como parte de una estrategia planeada para mantenerse en el centro de la escena política durante sus últimos meses de gobierno, mantener a sus seguidores motivados, y asegurarse tanto la lealtad del candidato oficialista como una representación significativa en el Congreso después de las elecciones de octubre.

“Cristina (Fernández) doblará la apuesta”, escribió el columnista Mariano Obarrio, del diario La Nación. “La orden presidencial es acusar de una confabulación a fiscales, jueces, espías díscolos, prensa, corporaciones e intereses internacionales.”

Santiago Cantón, director del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos en Washington D.C., coincide en que “la presidenta quiere ocultar la corrupción, crímenes y violaciones de su gobierno bajo el manto de acusaciones golpistas a quienes creemos en la justicia y la libertad de prensa”.

Mi opinión: La sobrerreacción de Fernández tras su imputación sugiere que en los próximos meses veremos una escalada autoritaria del gobierno para tratar de proyectar una imagen de fortaleza mientras trata de negociar su impunidad, y la de sus colaboradores, después de las elecciones de octubre.

Hasta entonces, prepárense para un aumento de abusos gubernamentales en Argentina.