Todavía son movimientos reservados, discretos, pero podrían trascender en cualquier momento, con lo cual se ganarán una rápida desmentida (como impone el manual de estilo K): un puñado de funcionarios del ala política del Gobierno tratará de convencer a Cristina Kirchner de que impulse cambios en el Impuesto a las Ganancias. Los que impulsan este operativo saben que, más allá de las injusticias que genera la falta de actualización de las escalas sobre las que se calcula el tributo, sacar Ganancias de la agenda sindical evitará muchas turbulencias sociales en un año electoral.
Claro que para eso primero habría que persuadir a la Presidenta de que aliviar el peso del impuesto en los salarios no tendrá una influencia tan nefasta en la recaudación y de que una mayor cantidad de dinero en los bolsillos de los trabajadores no equivaldrá a más operaciones de compra de dólares, como ella cree y se ha quejado públicamente. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, son dos de los representantes del oficialismo que buscarán hacerla cambiar de opinión, aunque el que tendrá a su cargo esa misión casi imposible será el ministro de Economía, Axel Kicillof, de fuerte predicamento ante Cristina.
Estos hombres de la Casa Rosada tampoco piensan que el reclamo contra Ganancias sea tan importante en relación a la cantidad de trabajadores afectados por los descuentos, pero se dan cuenta de que la mayor parte del sindicalismo peronista volverá a la carga por ese tema, como lo demostraron la semana pasada los gremios del transporte, que resolvieron lanzar un plan de lucha durante un plenario que se hará el 19 de febrero próximo. Una cosa es resignarse a que se reunifique la CGT después de las PASO, como se prevé, y otra es permitir que el rechazo a Ganancias abroquele a todos en contra de un kirchnerismo que espera llegar en paz a diciembre.
La otra clave para motorizar un cambio en Ganancias es despejar el camino a unas paritarias con acuerdos "razonables". Hay gremios que están al borde de firmar una suculenta suma puente que les posibilitará postergar hasta marzo la discusión de su convenio anual, como los bancarios de Sergio Palazzo y la UTA, cuyo jefe, Roberto Fernández, ya habló de un aumento del 50%, aunque pareció más una expresión de malestar contra el Gobierno por la compulsa que seguramente les permitirá a los metrodelegados quedarse con la personería de los trabajadores del subte.
Sin la presión de Ganancias sobre los salarios, será más sencillo que la mayoría de los aumentos para 2015 transiten un andarivel de entre el 28% y el 35%, como estiman algunos funcionarios, los mismos que destacan que el promedio de los incrementos logrados en 2014 fue del 31,6%. El arranque del año mostró un panorama dispar entre los gremios que firmaron sus primeros convenios: mientras Utedyc, el sindicato moyanista que agrupa trabajadores de entidades deportivas, pactó un 30%, el de los empleados no docentes de universidades privadas, liderado por Guillermo Marconi y enrolado en el barrionuevismo, firmó por un 38%, en dos tramos.
Para moderar las paritarias, de todas formas, también hará falta contener la inflación: ¿qué será más efectivo para esa meta, el relanzamiento del Plan Precios Cuidados o la caída del consumo? Lo que no está tan claro, pero todos descuentan, es la incidencia electoral en este escenario de tensiones. Aun así, el ala política de la Casa Rosada apuesta a que la oposición acompañará desde el Congreso si finalmente la Presidenta avala las modificaciones en Ganancias. Esa parte es la más difícil de imaginar: mientras los gremios lo conviertan en el eje de sus reclamos, será difícil que Cristina quiera aparecer ante su núcleo duro cediendo ante las presiones "corporativas".
La CGT Balcarce movió sus (pocas) influencias en las últimas horas para tratar de que la jefa del Estado reciba a una comitiva sindical antes del viaje a China de comienzos de febrero. La audiencia de fin de año se canceló por culpa de la fractura en el tobillo de la Presidenta, pero la falta de señales para reprogramarla causa desesperación en la central de Antonio Caló. Es cierto que ella aún no reanudó sus tareas, aunque la dirigencia K entró en ebullición cuando se enteró de que tuvo tiempo para recibir en Olivos a representantes de la industria vitivinícola y al economista francés Thomas Piketty. Tal vez Cristina imagine que los sindicalistas le reclamarán por el impuesto a las Ganancias y por algo que también los inquieta: la llegada de mano de obra china, tal como lo contempla el convenio de cooperación económica con ese país que el Senado aprobó a fines de diciembre.
Existe algo más previsible que cualquier muestra de indiferencia presidencial ante el sindicalismo: la eterna continuidad del conflicto en Lear. Tras las vacaciones, hoy se reanudarán las actividades en la planta de General Pacheco y deberían ser reincorporados los 18 trabajadores despedidos, como ordenó un fallo judicial celebrado por el PTS y el sindicalismo combativo, pero la empresa no aceptará su reingreso y los suspenderá con goce de sueldo, acusados de faltas disciplinarias.
Por eso esta mañana tendremos la sensación de que el año nuevo es viejo: lo más probable es que vuelva a cortarse la Panamericana en rechazo a la decisión de la autopartista (que, pese a todo, funciona con normalidad). Será el mejor indicio de que la izquierda no resignará uno de sus conflictos más simbólicos de 2014. ¿Será la mejor excusa para que la empresa se vaya del país?
