Sólo en términos de fantasía se pudo haber pensado en los primeros días del año, con el aumento descomunal de los costos de producción y administración de los establecimientos agropecuarios evidentes en el orden nacional, que la provincia de Buenos Aires anunciaría un nuevo régimen de pagos por adelantado del impuesto inmobiliario rural. Como era previsible, el impacto financiero y económico que esa decisión tendrá sobre la actividad rural ha movilizado, en protesta, una vez más, a las principales entidades representativas del campo.

Las autoridades bonaerenses se han anticipado a manifestar que están dispuestas a aceptar un diálogo. Hay razones para creerles, pues su política ha sido de menor confrontación que la del gobierno nacional. Incluso, en plena y aguda controversia en el otoño de 2008 entre la Casa Rosada y los dirigentes ruralistas, el gobernador Daniel Scioli se distinguió del oficialismo al recibir a la Mesa de Enlace provincial. Otra vez, pues, habrá que trabajar en la aproximación de posiciones, pero sin olvidar que la rentabilidad de las actividades agropecuarias ha entrado en zona de riesgo para la mayoría de los productores, y es de suma gravedad para los actuales arrendatarios.

Hemos dicho días atrás en esta columna editorial que la participación del Estado en la renta agropecuaria ha crecido de tal forma que hoy se aproxima al 84 por ciento. Cifras de esa magnitud, que hace dos años, con ser muy altas, estaban un 10 por ciento por debajo de las actuales, constituyen una confiscación que mal podrían haber olvidado los funcionarios bonaerenses. Éstos han de saber, además, que a la merma considerable habida en los últimos meses en el valor de las principales commodities agrícolas, se agregan otros datos negativos que conciernen en particular a la provincia de Buenos Aires.

El stock ganadero, de más de 20 millones de cabezas hace una década, ha quedado estancado allí, después de la liquidación de vientres de 2006, en 16 o 17 millones de cabezas. La producción de leche se ha contraído en los últimos 12 meses el 3 por ciento y sus niveles son los mismos de tres lustros atrás; la riqueza agrícola anual ha caído, desde 2010, de 38 a 36 millones de toneladas.

Son de sobra conocidas las urgencias presupuestarias del gobierno nacional y de las administraciones provinciales, sometidas, por añadidura, a una política unitaria, en la que el régimen de coparticipación de impuestos es utilizado como instrumento de presión política en provecho de un centralismo potenciado por el uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia y el renunciamiento de facto del Congreso al ejercicio de las facultades moderadoras con las que lo inviste la Constitución nacional.

Para defender el adelanto de los vencimientos que el gobierno bonaerense se propone aplicar este año con costos financieros que se elevarán, según estimaciones de entidades agropecuarias, en un 41 por ciento en relación con el impuesto inmobiliario rural, las autoridades deberán contar con argumentos razonables que no están a la vista de nadie. Su posición deberá afrontar, por parte de los afectados, señalamientos del siguiente tenor:

- Entre 2010 y 2015 el impuesto inmobiliario sobre el campo aumentó un 305 por ciento

- La recaudación por ese concepto se elevó de 580 millones a 2340 millones en ese período de cinco años.

- En 2012 se aumentaron las valuaciones sobre las cuales se calcula el impuesto inmobiliario rural en un 562 por ciento en promedio, con casos en que la suba superó el 1000 por ciento, como en Las Flores, Brandsen, Monte y San Vicente.

Un gobierno provincial sin duda maltratado por el núcleo duro del kirchnerismo que encabeza la Presidenta haría bien en asumir ante el poder central la política que mejor atienda el interés de los bonaerenses. Si necesita más recursos, haría mal, por el contrario, en insistir sobre la expoliación de los productores ganaderos y agrícolas en lo que ha pasado a ser su peor momento de los últimos años.